“La salud de nuestros océanos está estrechamente vinculada a nuestra propia supervivencia. A menos que actuemos para protegerlos, la minería de aguas profundas podría tener consecuencias devastadoras para la vida marina y la humanidad“, ha declarado Louisa Casson, de la campaña de Protección de los Océanos de Greenpeace.
Los océanos de todo el mundo mundo se pueden enfrentar a daños severos e irreversibles a menos que se establezcan salvaguardas ambientales más estrictas para protegerlos de los riesgos de la minería en aguas profundas, advierte el informe In Deep Water (En aguas profundas), publicado hoy por Greenpeace.
Al poner el foco sobre esta amenaza emergente, el estudio revela que la industria minera de aguas profundas es consciente de que sus actividades podrían provocar la extinción de especies únicas y pide a los gobiernos que acuerden un sólido Tratado Mundial de los Océanos en Naciones Unidas que ponga la conservación -y no la explotación- en el centro de la gobernanza de los océanos.
“Las profundidades marinas son el ecosistema más grande del planeta y el hogar de criaturas únicas que apenas comprendemos. Esta industria codiciosa podría destruir las maravillas de las profundidades del océano incluso antes de que tengamos la oportunidad de estudiarlas”. Hasta la fecha, la comunidad científica sólo ha explorado o muestreado alrededor del 0,0001% del lecho marino profundo.
El informe de Greenpeace cita a científicos, gobiernos, ecologistas y representantes de la industria pesquera, que alertan de las amenazas inevitables a la vida marina en amplias áreas de los océanos de todo el mundo debido a la maquinaria minera y a la contaminación tóxica asociada si los gobiernos permiten que comience la minería en aguas profundas.
El informe también explica cómo la minería de aguas profundas podría empeorar la crisis climática al interrumpir las reservas de “carbono azul” en los sedimentos del fondo marino.
Aunque la minería comercial en alta mar aún no ha comenzado, ya se han otorgado 29 licencias de exploración a países como China, Corea, Reino Unido, Francia, Alemania y Rusia, que han reclamado vastas áreas del océano Pacífico, Atlántico e Índico, cubriendo un área de alrededor de un millón de kilómetros cuadrados, casi dos veces la superficie de España. La filial del gigante estadounidense de armas Lockheed Martin cuenta con dos licencias de exploración expedidas por Reino Unido.
El informe también destaca la debilidad de la actual fragmentación en la gobernanza de los océanos, con la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), el organismo de la ONU responsable de regular la industria minera de aguas profundas, priorizando los intereses corporativos por encima de una protección marina firme.
“La ISA no es apta para el propósito de proteger nuestros océanos. Está más preocupada por promover los intereses de la industria minera de aguas profundas y hacer lobby para no lograr un firme Tratado Global de los Océanos”, ha señalado Casson.
“Es fundamental que los gobiernos acuerden un Tratado en la ONU lo suficientemente sólido como para allanar el camino para la creación de una red de santuarios marinos que dejen fuera del alcance todas las formas de explotación industrial, incluida la minería en aguas profundas. También necesita hacer cumplir los más altos estándares ambientales para impedir actividades de este tipo en los santuarios”, ha concluido.
La publicación de este informe tiene lugar al mismo tiempo que el barco ‘Esperanza’ de Greenpeace se dirige hacia mitad del Atlántico, donde realizará una nueva investigación en la Ciudad Perdida, una formación espectacular de chimeneas hidrotermales activas que se elevan sobre el fondo marino y pueden contener pistas sobre el origen y evolución de la vida.
A pesar de que esta zona ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, la Ciudad Perdida se encuentra bajo amenaza después de haber sido incluida en un área de la Cordillera del Atlántico Medio por un contrato de exploración minera en alta mar otorgado por la ISA al Gobierno polaco en febrero de 2018.
Fuente: Greenpeace
