Las autoridades ambientales han confirmado la contaminación de varios acuíferos en la provincia de León tras los incendios forestales ocurridos en agosto, un desastre que arrasó miles de hectáreas de bosque y afectó gravemente a los ecosistemas hídricos de la región.
Los estudios preliminares realizados por técnicos de la Confederación Hidrográfica del Duero revelan un aumento preocupante de metales pesados, cenizas y compuestos orgánicos en las aguas subterráneas, lo que pone en riesgo tanto el suministro humano como la biodiversidad local.
Según los expertos, los incendios provocaron la pérdida de la cubierta vegetal que normalmente actúa como filtro natural del agua. Sin esa protección, las lluvias posteriores arrastraron cenizas, restos de combustión y productos químicos empleados en las labores de extinción hacia el subsuelo, infiltrándose en los acuíferos.
Nuevos restos que dejaron los incendios de agosto
La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha confirmado la contaminación de cuatro masas de agua subterránea en la provincia de León como consecuencia de los incendios forestales registrados el pasado agosto, según un informe del organismo de cuenca a petición de ecologistas, que detalla las ubicaciones y el estado de los acuíferos potencialmente afectados.
Según el documento enviado por la asociación ecologista, las masas de agua subterránea identificadas como vulnerables son La Tercia-Mampodre-Riaño, La Babia-Luna, Terciario Detrítico del Esla-Cea y La Maragatería.
En estas zonas, seleccionadas por su mayor sensibilidad a la contaminación y sus características hidrogeológicas, se llevará a cabo una monitorización extraordinaria para detectar la presencia de contaminantes típicos de los incendios forestales, como hidrocarburos aromáticos policíclicos y ciertos metales pesados.
El informe advierte que el impacto sobre los acuíferos no es inmediato, ya que depende de la recarga hídrica provocada por precipitaciones significativas y su posterior infiltración en el subsuelo. No obstante, los ecologistas consideran que los riesgos son suficientemente graves como para exigir medidas cautelares, especialmente en relación con la explotación comercial de estas aguas.
En este sentido, han criticado la respuesta de la Dirección General de Minas, que ha rechazado iniciar un procedimiento de comprobación de la calidad de las aguas minerales en las zonas afectadas. El organismo autonómico ha argumentado que «no existe precepto legal que obligue a ello», ni tampoco a suspender cautelarmente las declaraciones de agua mineral otorgadas.
Ecologistas han tachado de «decepcionante» esta postura, que califica de «falta de sensibilidad» ante los nuevos retos medioambientales.
Y ha recordado que «la Ley de Minas vigente data de 1973, es preconstitucional y no contempla el impacto ambiental de las explotaciones mineras».
La preocupación se intensifica ante la tramitación de dos proyectos de plantas embotelladoras que pretenden comercializar aguas procedentes del acuífero de La Maragatería, una de las zonas contaminadas. Se trata de la planta de Bezoya-Jamuz en Quintanilla de Flórez y la del manantial de La Borrazal en Pobladura de la Sierra, cuya aprobación depende precisamente de la Dirección General de Minas.
Por ello, estas entidades han solicitado que este organismo tenga en cuenta el informe de la CHD y adopte las medidas necesarias para impedir el aprovechamiento de unas aguas que, según han advertido, «no cumplen las exigencias legales que permitieron su declaración como mineral natural».
Han insistido en que la protección de los recursos hídricos debe prevalecer sobre los intereses comerciales, especialmente en un contexto de creciente vulnerabilidad ambiental. No podemos permitir que se embotelle agua contaminada mientras se ignora el impacto de los incendios sobre nuestros acuíferos», han concluido.
En definitiva, el suelo quemado tarda en recuperar su capacidad de absorción y regeneración, lo que favorece la erosión y la sedimentación de los cauces.
Pese a los planes para la descontaminación y recuperación de los acuíferos, que incluirá la monitorización continua del agua, la reforestación de las cuencas afectadas y la prohibición temporal de nuevas perforaciones. Los científicos insisten, no obstante, en que la prevención es la mejor herramienta: sin una gestión forestal adecuada y políticas efectivas contra los incendios, episodios como este podrían repetirse con mayor frecuencia. EFE / ECOticias.com
