Un proyecto de ley ómnibus es un conjunto de normativas de gran envergadura que generalmente se compone de numerosos proyectos de ley más pequeños, que versan sobre un problema general, pero comprenden muchos otros temas relacionados con este.
Según la definición que le dan desde Madrid, esta Ley Ómnibus 2024 tiene como objetivo, por un lado, regular las actuaciones de dotación que se puedan dar en suelo urbano consolidado, mientras que por el otro, se positivizan las transferencias de aprovechamiento urbanístico.
Ley Ómnibus 2024: ¿a quién beneficia?
Se trata de la tercera ley ómnibus a la que recurre el gobierno de la Comunidad de Madrid desde 2021, una práctica antidemocrática que se ha implantado en nuestra región para cambiar de golpe numerosas leyes, en muchos casos con modificaciones de calado, evitando así la tramitación separada de cada una de ellas, su análisis detallado y el debate social correspondiente.
Como en las anteriores ocasiones, esta nueva Ley Ómnibus apunta justo en el sentido contrario de lo que plantea su título. Es una ley que no aborda el equilibrio del medio ambiente y la ordenación del territorio, sino que persigue reducir o eliminar controles medioambientales públicos, la transparencia y la participación ciudadana en la gestión del espacio.
Tanto suelo urbano como rural, y facilitar la implantación en el mismo de proyectos dispersos y de infraestructuras en beneficio de negocios privados y del capital inmobiliario, fomentando el expansionismo urbano y el crecentismo, a costa de un recurso no sustituible como es el suelo natural, en un territorio, el de la Comunidad de Madrid, que ya ha superado con mucho su capacidad de carga ecológica.
Todo ello en perjuicio de los grandes retos de nuestro siglo como las crisis climáticas, energéticas, de minerales, de materias primas, la pérdida de biodiversidad, el modelo insostenible de hipermovilidad, la emergencia habitacional, la exclusión e injusticia espacial y la desequilibrada distribución de los recursos, entre otros.
Ello se manifiesta en la desregulación de la ordenación del territorio -materia conscientemente abandonada hasta ahora por los sucesivos gobiernos regionales- a través de la nueva figura descafeinada de los Planes Territoriales, con la que se eludirá definitivamente la elaboración del Plan Regional de Estrategia Territorial a pesar de su obligación legal de acometerlo.
Los Planes Territoriales permitirán al consejero/a intervenir puntualmente en el territorio, por encima de los Planes Generales Municipales y de la normativa medioambiental y patrimonial, para impulsar proyectos de alto impacto ecológico y depredador del territorio como macrocentros de proceso de datos, líneas de muy alta tensión, desarrollos tipo EuroVegas, el AgroHub Monesterio, urbanizaciones residenciales en espacios naturales o ciertos megaparques fotovoltaicos. Estos planes, además, se tramitarán de forma exprés, prácticamente sin capacidad de intervención por parte de la ciudadanía, de los municipios afectados ni de la Asamblea Regional Madrileña.
Igualmente, la ley ómnibus otra nueva figura que afecta de lleno a las competencias de las administraciones locales sobre el planeamiento de su territorio: el Plan Estratégico Municipal que se antepone a las normativas de los PGOU (Planes Generales de Ordenación Urbana), sembrando de incertidumbre e inseguridad jurídica el sistema de ordenación territorial local.
Además, tanto los Planes Territoriales y los Planes Estratégicos Municipales son nuevos instrumentos de escasa exigencia técnica y alta opacidad, con el único fin de que desde la administración regional se puedan promover intervenciones de agentes privados sobre el territorio al margen de controles medioambientales y sociales. A juicio de la ONG, la administración regional está actuando de una forma completamente irresponsable e incluso en el sentido contrario a las lecciones derivadas de desastres naturales como el de la Dana en el área de Valencia en noviembre de 2024.
A mayor abundamiento, las modificaciones que se introducen en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (Ley 9/2001) amplían los usos y actividades admisibles en el medio rural, eliminando, además, controles ambientales e informes sectoriales en suelos protegidos.
La ley ómnibus confirma y profundiza también en la privatización de la gestión administrativa de la edificación mediante las llamadas entidades privadas colaboradoras urbanísticas, que ya se habían introducido en modificaciones anteriores de la legislación del suelo, y que instala un modelo desigual, no equitativo y propenso a la corrupción, en la gestión urbanística.
El resto de las modificaciones de la Ley Ómnibus, elaboradas en muchos casos al dictado de los intereses de las grandes corporaciones – como se evidencia tanto en la exposición de motivos de la ley como en las alegaciones presentadas por estas empresas y asociaciones – tienen un común denominador: anteponer el interés económico cortoplacista de unos pocos al desarrollo de una economía sostenible que favorezca a toda la ciudadanía.
En este sentido, llama la atención las modificaciones que se proponen tanto en la ley de suministro eléctrico como en la del agua. En ambos casos, el objetivo es el mismo: favorecer la implantación de grandes centros de proceso de datos (CPD), a pesar del enorme consumo de energía y agua que ello conlleva, así como el ridículo impacto que tiene en la creación de puestos de trabajo.
Tampoco se puede pasar por alto la modificación introducida en IMIA, Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, mediante la cual se disminuye la presencia de las Universidades Públicas y se hace desaparecer de su Consejo Asesor a los tres representantes de los sindicatos más representativos, mientras se mantienen los tres de las patronales del sector. En definitiva, una modificación legal más que implica retrocesos en la protección del medio ambiente, incrementa la falta de ordenación del territorio y representa una nueva pérdida de derechos ciudadanos.
