No se pueden tolerar más crímenes ambientales en la UE. En los próximos días, se entra en la recta final de las negociaciones entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo, para acordar el texto final de esta normativa. Por lo que es el momento de que las partes involucradas piensen seriamente en lo que pueden hacer por la conservación de la naturaleza y el medio ambiente de la UE.
La justicia no llega
Los delitos ambientales son la tercera actividad delictiva más lucrativa a nivel mundial. Con un coste anual aproximado de entre 96 y 246 mil millones de euros. Estos delitos graves afectan a la salud y al medio ambiente. Debilitando los esfuerzos para combatir la crisis climática y la de biodiversidad.
La mayoría de estos delitos en Europa aún no se detectan suficientemente, por lo que la enorme mayoría no se castiga. Esto queda en evidencia gracias al nuevo informe europeo sobre delitos contra la vida silvestre. Que fue elaborado en el marco del proyecto LIFE «Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe (SWIPE)».
De hecho, pese a su gravedad, muy pocos llegan a ser juzgados, tratándose por la vía administrativa (con una multa, por ejemplo) o quedando sin resolver. Según la investigación, en España solo se produjeron 327 sentencias judiciales a partir de los 4902 casos de crímenes contra la fauna registrados (un 6,67% de los casos). Por lo que el 93 % de los casos no son juzgados.
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Directiva y revisión
Con este contexto, en 2008 se adoptó la primera Directiva Europea sobre delitos ambientales. Tenía el objetivo de proporcionar un marco armonizado para abordar y facilitar la cooperación transfronteriza en la lucha contra estos crímenes en la UE.
En diciembre de 2021, la Comisión Europea publicó una propuesta de revisión de la Directiva Penal Ambiental. Esta nueva versión ofrece una mayor seguridad jurídica en la tipificación de los delitos contra el medio ambiente.
El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE han adoptado sus respectivas posiciones. Y en los próximos días se entrará en la recta final de las reuniones de los trílogos. Es decir, de las negociaciones entre el Parlamento, la Comisión y El Consejo de ministros europeos, en las que se negocian para acordar el texto final.
Nuestro país juega un importante papel, debido a la actual Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea. Y debe impulsar y facilitar que se llegue a un acuerdo ambicioso. Por ese motivo, se ha remitido una carta a la ministra de Justicia en funciones. El objetivo, pedirle que España siga trabajando para conseguir una Directiva penal ambiciosa. Para lo que es imprescindible que el texto final incluya ciertos elementos clave.
Lo que no debe faltar
Resulta fundamental armonizar la ley criminal europea para frenar los crímenes ambientales que no entienden de fronteras. También son necesarias sanciones y multas disuasorias más elevadas. Así como permitir a las autoridades competentes que den prioridad a estos casos, contando con los recursos financieros, humanos y técnicos adecuados.
Es imprescindible establecer unidades especializadas con experiencia y competencia a la hora de tratar casos ambientales. Que deben ser similares a las que existen para combatir otros delitos graves como la corrupción o el blanqueo de dinero.
Se deben desarrollar estrategias nacionales construidas sobre criterios consistentes y comunes, para luchar contra estos crímenes de forma eficiente, coordinada y bien informada. Con las herramientas correctas, la Directiva penal ambiental puede llevar a un cambio positivo para nuestras sociedades y para el medio ambiente.
Los crímenes contra la vida salvaje no son delitos menores, pero las administraciones públicas siguen tratándolos como tales. Aunque se ha avanzado mucho en este campo en los últimos años, el alto grado de impunidad que sigue existiendo. Y el estado crítico de la biodiversidad a nivel global nos demuestra que queda mucho por hacer. No se pueden tolerar más crímenes ambientales en la UE.
