La presión de la industria pesquera en tratado global de los océanos ONU marca un momento decisivo en las negociaciones internacionales que se celebran en Nueva York, donde se están definiendo las reglas para proteger la biodiversidad marina en alta mar.
Una investigación de Greenpeace Internacional revela que los representantes del sector llegan a formar hasta un tercio de las delegaciones nacionales, alcanzando picos de hasta el 45%, lo que cuestiona la independencia de las decisiones sobre conservación oceánica.
Presión de la industria pesquera en tratado global de los océanos ONU: el peso real en las negociaciones
Greenpeace advierte de una influencia creciente del sector pesquero en la ONU que puede frenar la creación de áreas protegidas en alta mar.
El informe muestra un escenario en el que la industria pesquera tiene una presencia estructural dentro de las delegaciones oficiales, participando directamente en los espacios donde se diseñan las políticas de conservación.
En reuniones analizadas durante los últimos cinco años, su representación media se sitúa entre el 28% y el 29%, con casos que superan el 30-35% y alcanzan el 44,2% en la Comisión Interamericana del Atún Tropical en 2021.
Este nivel de influencia implica que actores con intereses económicos directos están implicados en la toma de decisiones que deberían priorizar la protección de los ecosistemas marinos, generando un conflicto que pone en riesgo la eficacia del tratado.
Greenpeace alerta de un sistema condicionado por intereses de la industria pesquera
La organización ecologista denuncia que el modelo actual de gobernanza oceánica permite que la industria actúe desde dentro del sistema, participando en delegaciones y comités técnicos. Esto les otorga acceso directo a procesos clave, facilitando su capacidad para influir en decisiones estratégicas.
Según Greenpeace, esta situación configura un “sistema amañado”, en el que los intereses comerciales se imponen sobre la conservación marina, debilitando la implementación real del tratado que entró en vigor en enero.
Las OROP ganan poder y amenazan la protección del océano
Las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) se sitúan en el centro del conflicto, ya que el texto propuesto en la ONU podría otorgarles un papel decisivo en la creación de áreas marinas protegidas. Estas organizaciones, formadas por países con intereses pesqueros, podrían ralentizar o bloquear la designación de santuarios marinos en alta mar.
Este escenario compromete directamente el objetivo global de proteger el 30% de los océanos antes de 2030, considerado esencial para la recuperación de la biodiversidad marina.
Estrategias de influencia para frenar medidas de conservación
El informe detalla cómo la industria pesquera utiliza su presencia en las negociaciones para aplicar estrategias destinadas a retrasar y limitar las medidas de protección. Entre ellas destacan la prolongación de los procesos de revisión, la introducción de objeciones técnicas y la promoción de discursos que cuestionan la necesidad de ampliar las áreas protegidas.
Estas tácticas han permitido mantener durante décadas un modelo de gestión favorable a la explotación intensiva de los recursos marinos, dificultando la adopción de medidas ambiciosas de conservación.
El objetivo de proteger el 30% del océano está en juego
El compromiso internacional de proteger el 30% de los océanos antes de 2030 se enfrenta ahora a un obstáculo clave: la influencia del lobby pesquero en las negociaciones. La comunidad científica considera este objetivo como el mínimo necesario para revertir el deterioro de los ecosistemas marinos tras décadas de sobreexplotación.
Sin embargo, la falta de mecanismos efectivos para limitar la presión de la industria podría traducirse en retrasos significativos y en una reducción del alcance real del tratado.
Medidas urgentes para garantizar la transparencia antes de 2027
Greenpeace plantea la necesidad de adoptar medidas concretas antes de la COP de los Océanos de 2027, incluyendo un límite de 120 días para la revisión de propuestas de santuarios, con el fin de evitar bloqueos por parte de las OROP.
Además, propone reforzar la transparencia en la composición de las delegaciones, obligando a declarar todas las afiliaciones y roles técnicos, para garantizar que las decisiones se basen en criterios científicos y no en intereses económicos.
La presión de la industria pesquera en tratado global de los océanos ONU sitúa en un punto crítico las negociaciones internacionales. El resultado determinará si el acuerdo logra proteger eficazmente los ecosistemas marinos o si queda condicionado por los intereses económicos del sector.
