El Ministerio del Interior, con el Apoyo del Ministerio de Fomento, adoptó esta medida impulsada por la AECI, la patronal del express en España, en el marco del Acuerdo de París y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con el objetivo de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Los vehículos eléctricos de entre 3,5 y 4,25 toneladas se podrán conducir con un permiso B, según ha confirmado el subdirector general de Operaciones y Movilidad de la DGT, Jaime-Alberto Moreno, a la Asociación Española de Couriers Internacionales (AECI), que solicitó en su día la exención del requisito del permiso de conducción C para este tipo de vehículos, según ha asegurado la asociación en un comunicado.
El Ministerio del Interior, con el Apoyo del Ministerio de Fomento, adoptó esta medida impulsada por la AECI, la patronal del express en España, en el marco del Acuerdo de París y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con el objetivo de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Según asegura la organización, sin la citada exención, la electrificación de la flota express para las zonas urbanas sería «inviable» por el costo total que supone la conversión a furgonetas eléctricas de vehículos diésel, teniendo en cuenta el peso adicional que implica el tren motriz eléctrico que lleva a la furgoneta a una tara superior a 3,5 toneladas.
La asociación añade que la inversión en la compra de furgonetas eléctricas depende de la posibilidad de que sea permitido conducirlas con un permiso B, ya que ello evita la necesidad de contratar nuevos empleados con un permiso de conducción C, «así como los costos que supone la formación de los conductores para actualizar su licencia de conducir de B a C, lo que implica una inversión de cerca de 3.500 euros por empleado».
La Dirección General de Tráfico ha concluido además que para aplicar la nueva norma no era necesario solicitarlo a la Comisión de la Unión Europea y bastaba una instrucción de interpretación de la Directiva comunitaria, por lo que la AECI prevé que la medida entre en vigor a principios de 2018.
ep
