El impuesto al diésel que está diseñando el Gobierno supondrá un coste de 3,3 euros al mes para el consumidor medio, es decir aquel que realiza unos 15.000 kilómetros al año.
El Plan Renove 2020 en el que trabaja el Gobierno con el fin de poder cambiar la flota de coches más antiguos contará con un presupuesto de unos 201 millones de euros. Al término de la reunión del Consejo de Ministros extraordinario de este lunes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha detallado que el Ejecutivo prevé una recaudación de 670 millones de euros con la subida de impuestos al diésel y que el 30% de esta, una vez sea conocida, irá destinada a ayudas para impulsar una movilidad más limpia, como se recoge en el plan presupuestario de 2019.
Montero ha reiterado que el plan tiene como fin retirar del parque móvil español los automóviles más antiguos contaminantes, que continúan en el mercado por la «incapacidad» de las familias para hacer frente al gasto que conlleva la compra de un vehículo nuevo, por vehículos híbridos y eléctricos. «Las ayudas irán destinadas a estas familias principalmente», ha apuntado.
El impuesto al diésel que está diseñando el Gobierno supondrá un coste de 3,3 euros al mes para el consumidor medio, es decir aquel que realiza unos 15.000 kilómetros al año, quedando excluidos profesionales que utilizan el transporte como medio de trabajo, entre ellos transportistas y taxistas.
En concreto, la aportación por este tributo estará en torno a 38 euros cada mil litros, lo que significará unos 3,3 euros mensuales para los consumidores que tengan un perfil medio, una cantidad que Montero espera «que no tenga una repercusión importante en el bolsillo del consumidor».
El Gobierno y Unidos Podemos pactaron en el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 poner en marcha un plan de ayudas económicas para el vehículo eléctrico, «estable e ininterrumpido» hasta 2020. El Ejecutivo y la coalición de izquierdas pretenden así evitar que las ventas de este tipo de vehículos se concentren en momentos determinados y/o que queden paralizadas hasta la aprobación de nuevos incentivos, como sucede en la actualidad.
