Y qué podemos hacer ahora con las cotorras de kramer en Sevilla

El programa de control de cotorras con carabinas de aire comprimido en Sevilla se ha convertido en inesperado protagonista de numerosas noticias, desde su anuncio hace cerca de un mes hasta el reciente anuncio del aplazamiento de la medida. La contestación de una parte de la sociedad ha conseguido la retirada del plan de control, pero ¿y ahora qué? Como investigador especializado en cotorras invasoras sus impactos y medidas de gestión voy a realizar un análisis crítico de la compleja situación que parece estar creándose.

En primer lugar hay que recordar que las especies invasoras son consideradas el segundo mayor riesgo para la biodiversidad planetaria, consideradas así por las Naciones Unidas (ONU) la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la Unión Europea y la mayoría de la comunidad científica. No en vano cuestan a la UE más de 12 mil millones de € al año.

Volviendo a las cotorras de Sevilla, la medida propuesta está respaldada por el CSIC, que lleva años estudiando esta población de cotorras de kramer y ha constatado un impacto en dos especies protegidas, el cernícalo primilla y el murciélago nóctulo gigante. También está respaldada por la legislación nacional, al estar la cotorra incluida en el Catálogo Nacional de Especies Invasoras, donde se urge a tomar medidas para controlar y erradicar sus poblaciones. La piedra angular del sector contrario al control es que no es legal utilizar carabinas de aire comprimido en un entorno urbano. Llama la atención que se haya aplicado públicamente este mismo método en otras ciudades, como Zaragoza, sin que nadie reparara en la presunta ilegalidad. Una vez que se presentan dudas sobre la legalidad de una medida, lo que cabría esperar sería declarar un aplazamiento hasta que los servicios jurídicos del ayuntamiento emitan un informe. Con este informe sobre la mesa debería acabar la historia, pero parece que no ha hecho nada más que empezar.

Los grupos críticos con la medida fueron recibidos en el ayuntamiento por el delegación de bienestar social y empleo, donde presentaron sus dudas sobre la legalidad de la medida y propusieron medidas alternativas. Pasamos a analizar las medidas más enérgicamente defendidas en las redes sociales por las asociaciones que asistieron a la reunión. Muchas de estas alternativas han sido descartadas por los investigadores del CSIC, por ser ineficaces o sencillamente ilegales, como las actuaciones sobre los nidos, ya que una especie tan longeva necesitaría actuar sobre la inmensa mayoría de los nidos cada año para lentamente empezar a disminuir la población. La contención en aviarios es sencillamente inviable para una población de casi 3000 cotorras y la donación a particulares está totalmente desrecomendada, dado que escapes y liberaciones de particulares son la principal fuente de liberaciones de nuevos individuos. Algunas propuestas como la de capturar, esterilizar y liberar a las cotorras, iría contra el artículo 7.3 del citado decreto de especies invasoras, que prohíbe la liberación de los ejemplares de especies exóticas capturados.

También se ha hecho hincapié en las “diferentes sensibilidades”, indicando que hay quien “no quieren ver cotorras moribundas ensangrentadas por las calles”, escenas que nadie ha descrito en los lugares donde esta medida se ha llevado a cabo, lo que sí se ha documentado y difundido son los murciélagos moribundos al pie de los nidos, tras ser expulsados por las cotorras. Se diría que las sensibilidades son “selectivas”, teniendo unas especies mayor valor que otras, especialmente si son mascotas.

Se esgrimen continuamente argumentos como “que los impactos no son relevantes” o “no están demostrados”, cuando es una característica de las especies invasoras que los impactos sean apreciables normalmente, cuando su población ya es enorme, llegando a veces los impactos a ser irreversibles. Conocedores de esta característica, la legislación española no exige ningún impacto para aplicar las medidas de control y erradicación a las especies del catálogo, pues solo figuran las que cuentan con un historial de impactos tan relevante que es cuestión de prudencia controlarlas cuanto antes. No obstante SÍ se han documentado esos impactos especialmente en Sevilla, pero también en otras poblaciones mediterráneas, donde las cotorras han desplazado a las abubillas por usurpación de los nidos.

Finalmente el profesor Enrique Figueroa, de la Universidad de Sevilla, ha realizado un llamamiento a la “Sensibilidad, la prudencia y la transparencia”, sensibilidad que solo se aplica a las citadas cotorras, no a las especies que ellas matan. Pide “Prudencia”, mientras aplaude que se haya paralizado una medida urgente que ha tardado más de 25 años en llegar y que es de estricto cumplimiento de la ley (si no es con carabinas con otro método, pero cuanto antes). Paradójicamente, mientras la moratoria está en vigor, la población de cotorras, a la que la ley obliga a controlar, sigue aumentando, por lo que por evitar la muerte “no ética” de 2000 cotorras se puede estar condenando a 3000-4000 cotorras a una muerte “más ética”en años venideros. Se pide “transparencia” en la gestión de especies invasoras, pero las alternativas presentadas en el ayuntamiento no ha sido encontrada en las páginas webs de ninguna asociación de las que asistieron.

Los colectivos críticos con la medida ponen el ejemplo de casos de gestión “ética” de otras ciudades, como las Palmas, Málaga o Madrid, cuando la realidad es que en el 99% de los casos, el único fin legal de las aves capturadas es la eutanasia, acorde a la ley. Además algunas de las ciudades citadas ni siquiera tienen un plan de gestión  de cotorras, como Málaga, donde las cotorras ocupan más de 100 km continuos de litoral y siguen expandiéndose o Madrid, donde las cotorras ocupan más de 18 municipios y siguen expandiéndose.

Finalmente se ha propuesto la posibilidad de mantener un “nivel adecuado de población”, para “no tener que matar a todas las cotorras”, las recomendaciones de la UICN abogan por todo lo contrario, no comenzar un plan de control si no se tiene una mínima certeza de que se pueden capturar a todos los individuos, porque los pocos que dejásemos llevarán a la población a los niveles anteriores. De hecho, para mantener una población baja, habría que eutanasiar muchas aves cada año, superando rápidamente las 3000 que hay en la actualidad. Además del riesgo de dispersión a otras zonas que supondría.

Sobre la gestión de la situación hay algunas cuestiones que parecen clave para resolver este embrollo, aquí algunas de ellas:

¿Por qué el ayuntamiento de Sevilla desarrolla un plan de gestión de especies invasoras, si el decreto de especies invasoras establece que los realicen el ministerio y las consejerías autónomas competentes en medio ambiente? Además la competencia en gestión de especies silvestres y de especies invasoras es autonómica. Aunque las comunidades autónomas puedan autorizar estos planes, no parece muy sensato delegarlo para que se produzcan 31 planes de control en las 7 provincias andaluzas que tienen cotorras, parecería más sensato un plan nacional (o en su defecto andaluz) y que los municipios lo aplicaran.

¿Por qué parece que es el Área de bienestar social y empleo quién dirige un plan de gestión medioambiental, extremadamente complejo, en lugar del Área de hábitat urbano, cultura y turismo?

Se dice que en dicha reunión se buscó el “consenso”, lo que parece un mal precedente cuando se trata de gestionar una crisis (porque gestionar la desaparición de la mayor colonia de una especie amenazada causado por la segunda mayor causa de pérdida de biodiversidad planetaria, eso es una crisis ambiental). Si no permitiríamos que se gestionase un incendio forestal o el plan de reintroducción del lince Ibérico por consenso, ¿por qué sería correcto hacerlo con un tema de similar complejidad? En las situaciones complejas, es el personal específicamente formado quien debe tomar las decisiones o asesorar a quienes las tomen. Paradójicamente tenemos en España a algunos de los más reputados expertos internacionales en especies invasoras, entre ellos los que respaldan la medida, pero tanto los medios de comunicación, como los grupos animalistas parece que quieran cuestionarlos, por ejemplo evitando difundir su informe técnico que justifica la medida recomendada, (que ha circulado por las redes sociales, pero no por los diarios convencionales); evitando dar información sobre sus impresionantes curriculums o su dilatada experiencia investigando especies invasoras.

¿Por qué las asociaciones defensoras de los animales no hacen mayor hincapié en prevenir el problema de las especies invasoras? Según el citado decreto, todas las cotorras en cautividad deben estar registradas, esterilizadas y con una declaración de responsabilidad firmada por el propietario, además está prohibida su venta. La realidad es que existe un mercado negro abundantísimo de cotorras prohibidas, además el “vuelo libre” es una práctica cada vez más extendida  entre los propietarios de cotorras y tengo serias dudas sobre la esterilización de la población cautiva. Estas prácticas multiplican los escapes y contribuyen a cronificar el problema, aumentando los ejemplares a controlar. Si todas las asociaciones censurasen estas prácticas en lugar de aplaudirlas o ignorarlas, estarían contribuyendo en gran medida a disminuir el número de ejemplares eutanasiados. También pueden tener un importante papel en la gestión de la población cautiva, gestionando la adopción de ejemplares registrados y castrados, como alternativa a la liberación o eutanasia, cuando los dueños/as no las puedan conservar.

Por último llama la atención que un “movimiento ciudadano” haya logrado aplazar un plan de acción urgente desarrollado por investigadores. Confiemos en que se retome en cuanto se resuelvan las disquisiciones jurídicas sobre las carabinas de aire comprimido, por el bien de los murciélagos, cernícalos y toda la fauna urbana. Aunque el anuncio del ayuntamiento de esperar nuevos datos de la población de cotorras a finales de año hace pensar que no están por la labor de aplicar ninguna medida de urgencia para salvar a murciélagos y cernícalos, especialmente si se ha documentado el crecimiento exponencial de la población durante los últimos años sin excepción.

Jose Luis Postigo Sánchez

Biogeography, Diversity, and Conservation Research Team

Dept. of Animal Biology

Universidad de Málaga

ParrotNet EU COST project

www.researchgate.net/profile/Jose_Postigo2

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