Cataluña es la comunidad autónoma con más kilómetros de costa protegida, pero, al mismo tiempo, cuenta con el 46,5% de su litoral urbanizado, el porcentaje más alto de España, según un estudio de Greenpeace que ha denunciado el grave peligro en que se encuentran ocho espacios naturales costeros catalanes.
La novena edición del informe Destrucción a toda costa analiza 16 espacios naturales protegidos (ENP) catalanes. Según Greenpeace, ocho de estos espacios están gravemente amenazados por la urbanización indiscriminada, la construcción de grandes infraestructuras y el vertido de residuos. El informe revela que aunque Cataluña ha declarado como protegidos el 57,8% de los 547 kilómetros de su litoral, el 46,5% están urbanizados, el índice más elevado de España.
Hormigón en lugar de ladrillo
Las urbanizaciones son la principal amenaza de los ENP del cabo de Creus y los Aiguamolls de l’Empordà, las costas del Garraf, el delta del Ebro y el litoral tarraconense, donde el Ayuntamiento de Torredembarra planifica la construcción de 560 viviendas en una zona inundable cercana al litoral con la justificación que la declaración de protección fue posterior al plan municipal de ordenación urbana.
Greenpeace denuncia que en la costa «el hormigón está sustituyendo los ladrillos», en referencia al impulso que están recibiendo las grandes infraestructuras por parte gubernamental para compensar la caída del sector de la construcción.
Los ENP más afectados por esta razón son los del Baix Ter – islas Medes (Girona), la costa del Maresme y el Delta del Llobregat; este último sufre una intensa presión por las ampliaciones del aeropuerto y el puerto de Barcelona y el elevada contaminación del río por los vertidos agrícolas e industriales.
Citando a la Agencia Catalana del Agua, el informe de Greenpeace asegura que el 44% de la contaminación costera proviene de pesticidas utilizados en la agricultura y la ganadería, pero incide en los vertidos originados por la actividad portuaria de Tarragona y Barcelona.
Cambio en la legislación
El responsable del área de contaminación de Greenpeace, Julio Barea, ha denunciado la incompatibilidad entre las extracciones petrolíferas que se llevan a cabo ante el delta del Ebro y la conservación de este espacio natural, después de que entre los días 15 y 23 de junio se produjera un vertido de petróleo a cinco millas al sur del puerto de Tarragona.
Barea ha calificado de «absurdo» que la empresa energética Repsol estudie la apertura de nuevos pozos de petróleo en el Delta cuando «los hidrocarburos tienen sus días contados», y ha expresado su confianza en que la empresa no consiga el beneplácito de los estudios de impacto ambiental.
Los ecologistas lamentan la dependencia que los consistorios tienen de las recalificaciones urbanísticas para obtener ingresos y han pedido un cambio en la legislación para evitar que «32 de los 75 municipios costeros catalanes tengan la mayoría de sus viviendas destinadas a segunda residencia».
Greenpeace considera que las comarcas costeras de Barcelona y el Baix Penedès han urbanizado o consolidado el 100% de su línea litoral; las del Tarragonès y el Baix Camp tienen el 40% calificado como urbanizable, y las de Gerona ya tienen la mitad de su litoral construido.
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