“Por primera vez en España, una persona está cumpliendo pena de cárcel, por maltrato animal. Tras matar cruelmente a más de 2000 perros y gatos, su ingreso se vio demorado por alegar enfermedad, pero la Fiscalía denegó su solicitud.”
Una triste historia
Carmen Marín y su cómplice Felipe Barco dirigían el Albergue Parque Animal de Torremolinos, donde a cambio de diversas sumas de dinero, dependiendo de la edad y el tipo de animal, “oficialmente” se daba cobijo y se le buscaba un hogar, a perros y gatos abandonados.
La verdad era muy diferente: el afán que movía a ambos individuos era meramente de lucro, por lo que, para evitar la sobrepoblación del lugar, se deshacían de los animales, matándolos lenta y dolorosamente, a veces apenas transcurridas unas horas de su ingreso.
Un largo proceso
Tras descubrirse las actividades delictivas de Marín y Barco y luego de un procedimiento judicial que duró 6 años (los hechos sucedieron entre 2009 y 2010), se sentó un importante precedente judicial, dado que se les impuso una Condena histórica por maltrato animal.
Ambos acusados fueron sentenciados a un año de cárcel por ello. Barco tuvo que pagar, además, una multa, pero al carecer de antecedentes penales, pudo evitar el ingreso en prisión. El caso de Carmen Marín fue muy diferente.
Si la condena solo hubiera sido por maltrato animal, también habría quedado libre, pero Marín no solo asesinó de forma cruel y despiadada y sin tener licencia de veterinario, a más de 2000 perros y gatos, sino que, falsificó documentos para poder cobrar del Ayuntamiento, las subvenciones que éste le prestaba al Centro.
Cárcel: ¿sí o no?
Una vez concluido el caso y dictada la sentencia, que la condenaba a 3 años y 9 meses de prisión, se le dio a Marín un plazo de 5 días, para ingresar de manera voluntaria en prisión y la oportunidad de elegir, en qué centro de reclusión prefería cumplir su pena.
En vez de ello, sus abogadas presentaron un recurso solicitando la suspensión de la pena, apoyado por informes médicos, alegando que la acusada padecía de diversos males (desde glaucoma y fibromialgia, hasta problemas psiquiátricos, como ataques de pánico y depresión).
La fiscalía ha entendido que, las patologías que la acusada padece, no son óbice para cumplir la sentencia, puesto que, ni ponen en riesgo su vida o su salud, ni resultan incompatibles con el régimen penitenciario y volvió a darle cinco días, para ingresar voluntariamente en el centro de reclusión de su preferencia.
Haciendo uso de esta prerrogativa legal que le corresponde a todos los condenados, Marín se presentó el pasado jueves, en el madrileño Centro de Inserción Social Victoria Kent, desde dónde se la envió a la cárcel de la ciudad de Alcalá de Henares.
Y lo que le queda
Culminado el proceso anterior y basados en las pruebas recogidas durante los 6 años de investigaciones, se iniciaron los trámites, que permitirán volver a juzgar a Carmen Marín y a su hija, María del Carmen López Marín, por varias infracciones legales, relacionadas con las cuentas de la protectora.
Existen indicios de que, Marín habría incurrido en un delito de estafa impropia y en otro de apropiación indebida y su hija, en el de blanqueo de capitales. Aparentemente con los dineros, donaciones y hasta herencias, que se recibían para mantener el centro, Marín y su familia vivían por todo lo alto.
Ello implica que, si se prueban los hechos que se están indagando actualmente, la pena de cárcel que pesa sobre Marín sería aún mayor e incluso, hasta su hija podría terminar haciéndole compañía en prisión.
