Los últimos acontecimientos acaecidos en las montañas del Norte de España sobre la muerte de dos osas a manos de cazadores que alegan “confusión o equivocación” por un lado y por otro “defensa personal” y los disparos algunos de ellos en escenarios realmente crueles como el caso de un buitre leonado que estando ya enfermo se le dispara en la cabeza dejándolo moribundo, acrecientan una de las mayores crisis del sector en los últimos años y una urgente necesidad de adoptar medidas no ya punitivas (que también) sino normativas, en una sociedad que rechaza y repulsa estas acciones que atentan con códigos básicos, entre otros muchos, de moral.
Un mochuelo, dos gavilanes, dos milanos reales, un búho real, un buitre leonado, dos cernícalos vulgares, una lechuza campestre y una garcilla bueyera son los ejemplares que han ingresado en el hospital de AMUS en las últimas tres semanas por disparo. Los ejemplares heridos o muertos que llegan a un centro de recuperación son una anécdota, en proporción a todos los que se quedan en el campo sin que nadie les encuentre.
La imposibilidad de una vigilancia ambiental los días festivos en todas las áreas cinegéticas, sumada a la escasa presencia de agricultores, ganaderos, o ciudadanos que realizan actividades en el medio natural (sobre todo los días de lluvia) hace que muchos ejemplares sean encontrados varios días después de ser disparados; otros son depredados la misma noche en los que caen abatidos y otros los son en fincas privadas a las que no hay acceso.
Sabemos que esta agresión hacia la biodiversidad (que es de todos y que cuesta tanto dinero público mantener) no se puede imputar a todos los cazadores, pero también entendemos que estas acciones tan graves y desafiantes a las leyes y al orden social son cometidas por miembros de este sector; por tanto, es este colectivo el que debe tomar medidas que eviten una de las más serias causas de muerte no natural en especies protegidas.
De lo contrario las Administraciones públicas y el propio Ministerio debería de revisar y modificar contundentemente una actividad contraria al mantenimiento y aseguración de unas especies con derechos, propiedades y libertades recogidas y reflejadas desde hace muchos años en la abundante normativa autonómica, nacional e internacional que las protege y las exime de ser el blanco de cualquier escopeta.
Desde estas líneas queremos agradecer y reconocer los esfuerzos por parte de los Agentes del Medio Natural, el SEPRONA de la Guardia Civil y la propia Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura para combatir esta grave problema, de hecho en la comunidad autónoma de Extremadura desde marzo de 2020 se trabaja al amparo de una estrategia en la que se pretende cursar todas las diligencias pertinentes y reducir esta importante causa de muerte no natural en especies protegidas y algunas de ellas en peligro de extinción
El hospital de AMUS cierra el año con más de cien ingresos de animales salvajes protegidos que han sido objeto de disparos.
