En esa mesa, hay que destacar la presencia de Juan de Benito, director del Centro de Iniciativas Empresariales de la Diputación de Sevilla, que presentó a un selecto elenco de personalidades que conformaron la mesa inaugural. Entre ellos, destacar la presencia de Mariano Pérez Minguijón, Subdirector General de Medios de Producción del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural Marino; María Isabel Salinas, Secretaria General del Medio Rural y la Producción Ecológica de la Junta de Andalucía, Alejandro Rodríguez Barea, presidente del 11º Symposium; Jaime de Vicente, Director de la Fundación Caja Rural del Sur; Antonio Vergel, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental (COITAND) y Emilio Viejo Fraile, Presidente del Consejo General de Ingenieros Técnicos Agrícolas.
El tema que nos ocupa en esta ocasión, “Uso sostenible de Fitosanitarios”, es primordial para el sector agrario y ganadero de Andalucía. Salinas, como eurodiputada que fue, ha seguido muy de cerca la directiva y el reglamento y considera que es perjudicial para Andalucía porque se han tomado determinadas decisiones sin realizar un informe de impacto. “Creo que nadie nos puede dar lecciones –concluyó– en productos respetuosos con el medio ambiente y, de hecho, somos líderes europeos en agricultura ecológica y producción integrada”.
Alejandro Rodríguez Barea, presidente del 11º Symposium, ha destacado la presencia en el evento de los mejores profesionales de las administraciones y empresas privadas permitiendo fomentar la gestión integrada en la sanidad vegetal que, a su vez, propiciará nuevos horizontes y oportunidades en el desarrollo de las empresas y las personas. “Como técnicos que somos, debemos insistir en la formación a agricultores, respetar el mundo agrícola y el medio ambiente con el fin de dejar un mundo mejor para las futuras generaciones”.
Ponencias magistrales
Luis Martín Plaza, perteneciente a la Comisión Europea, Dirección General de Sanidad y Consumo (DG SANCO), explicó el nuevo marco legislativo de los productos fitosanitarios en la UE. Este nuevo marco, explicó Martín Plaza, es un acuerdo consensuado por cada Estado Miembro de la Unión Europea. El nuevo Reglamento sustituye a la anterior Directiva 91/414/EEC. Los primeros trabajos en esta línea comenzaron en 2001, habiéndose publicado el Reglamento el 24 de noviembre del pasado año. Los objetivos del mismo son proteger la salud humana y el medio ambiente; salvaguardar la competitividad de la Agricultura Europea; promocionar el mercado común y acelerar el proceso de decisión.
Con el nuevo Reglamento, ha disminuido la disponibilidad de los productos fitosanitarios a los agricultores y aumentará la carga administrativa. Deberán existir unos criterios de aprobación atendiendo al riesgo sanitario, excluyendo del mercado sustancias que atenten contra la salud y el medio ambiente (carcinogenéticas, mutagenéticas…).
Por otro lado, los plazos han de ser claros evaluando el riesgo (entre 26 y 38 meses) y la autorización de productos fitosanitarios en cada país (entre 12 y 18 meses), pudiendo llegar en total a 60 meses (5 años).
Por su parte, los objetivos de la Directiva 2009/128 son proteger la salud humana, animal y el medio ambiente y fomentar la gestión integrada de plagas, que se reconozcan los riesgos y buscar alternativas a químicos. La normativa implica una transposición (que cada país la adapte a su Plan Nacional a través de programas de control y formación) que se deberá culminar antes del 14 de diciembre del 2011.
Angustias Herrera Sebastián, Jefe de Servicio del Área de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Sanidad y Política Social, ha explicado que la Directiva Europea pretende reducir los niveles de toxicidad de las materias activas utilizadas, mediante la sustitución de las más peligrosas por alternativas más seguras con el objetivo de reforzar el nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente. En ese sentido, se aprobarán sustancias activas no clasificadas como cancerígenas, tóxicas, ni con propiedades de alteración endocrina.
La directiva establece una serie de medidas como el establecimiento de un sistema obligatorio de formación para todos los usuarios profesionales, distribuidores y asesores. Se tiene que fomentar la sensibilización del público y habrá que realizar una inspección periódica y obligatoria de los equipos de aplicación para conseguir un elevado nivel de seguridad y protección de la salud humana. Asimismo, se dispone la prohibición de la pulverización aérea, excepto en casos especiales muy regulados, por la que se deberán extremar las medidas para lograr un aumento de la protección del medio acuático y del agua potable. Por último, uso de plaguicidas en zonas específicas como zonas públicas, jardines, colegios, etc. será muy reducido o nulo.
José Ramón Martínez Cano-Manuel, Jefe de Área de la Subdirección General de Medios de Producción del Ministerio de Medio Ambiente, ha explicado que la Directiva es flexible y establece una serie de medidas que deben implementarse en cada Estado Miembro con el objeto de alcanzar la sostenibilidad en el uso de plaguicidas, que deben estar enmarcadas en un Plan Nacional de Acción (PNA), que tendrán que elaborarse en tres años, con el fin de recoger las características específicas de control de plagas y la agricultura de cada país.
Mª Milagros Fernández, Técnico especialista Titular del IFAPA de la Mojonera, ha señalado el papel de la formación en el marco de la nueva Directiva. Las innovaciones técnicas, las exigencias del mercado y de la PAC y de la sociedad obligan a los agricultores y ganaderos a una permanente puesta al día de sus conocimientos para poder adaptarse a las nuevas situaciones, pero sobre todo al empleo de buenas prácticas agrarias.
Mariano Pérez Minguijón, Subdirector General Adjunto de Medios de Producción del MARM, ha destacado el papel de los equipos de aplicación de plaguicidas y la obligatoriedad que establece la Directiva de que antes del 31 de diciembre de 2016 todos los equipos de aplicación de plaguicidas hayan pasado, al menos, una inspección. A su juicio, aplicar un producto fitosanitario con un equipo en buen estado de funcionamiento garantiza un mayor control de la plaga o enfermedad a combatir y asegura un ahorro importante en el coste del tratamiento, al reducir el volumen de plaguicida aplicado y eliminar pérdidas de producto.
En la sesión de la tarde, Concepción Cobo, Jefa del Servicio de Producción Agrícola de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, ha comentado el Plan Andaluz de Mantenimiento y Calibración y Equipos de Tratamientos Fitosanitarios (2008-2010) puesto en marcha por la Consejería de Agricultura para alcanzar los objetivos que marca la Directiva. Los objetivos del Plan pasan por el desarrollo de actividades de divulgación y formación para agricultores y técnicos sobre los principios básicos de la revisión y calibración de los equipos; la elaboración de protocolos de inspección para diferentes tipos de equipos; la colaboración con el MARM para la elaboración de protocolos de inspección para equipos de aplicación de abonos; entre otras.
Ignacio Cáceres Armendáriz, Jefe del Servicio de Industria de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, ha expuesto la normativa relacionada con la clasificación, etiquetado y almacenamiento de productos fitosanitarios.
María Luisa Ballesteros, Jefa de Área de Producción Integrada del MARM, ha esbozado la Gestión Integrada de Plagas (GIP) en el Horizonte 2014, desde los orígenes de este concepto hasta la actual Directiva. La propia normativa europea (artículo 13) reconoce las dificultades que conlleva para los agricultores la puesta en marcha de un sistema de GIP, que les obliga a tener formación o asesoramiento agronómicos, además de necesitar laboratorios de análisis, sistemas de seguimiento y alerta precoz de plagas, etc. Se obliga a los Estados Miembros a adoptar todas las medidas necesarias para fomentar la gestión de plagas con uso reducido de plaguicidas, dando prioridad cuando sea posible a los métodos de índole no química.
Ricardo Alarcón Roldán, Jefe de Sanidad Vegetal de la Junta de Andalucía, ha abogado por la Producción Integrada en Andalucía como una clara alternativa de futuro, ya que atiende a las exigencias actuales del mercado y de los consumidores y permite obtener productos de calidad y competitivos que aportes valores añadidos tanto al consumidor como al agricultor. El objetivo principal es conseguir una producción de alta calidad basada en el uso racional de los medios de producción.
Andalucía ha sido pionera en España en técnicas de producción integrada, iniciando la aplicación de este sistema de producción en 1995 y en la actualidad es líder nacional con más del 60% de la superficie española. Prueba de este liderazgo es que desde 2003 a 2009 la superficie de producción integrada se ha cuadruplicado, pasando de 80.00 hectáreas a 350.000 en 2009.
Por último, Carlos Palomar, Director General de AEPLA (Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas), ha explicado los retos y oportunidades ante el nuevo Marco Legislativo y la disminución de productos fitosanitarios, en concreto 2/3 han desaparecido como herramientas en manos de los agricultores. Desarrollar una sustancia activa supone de 9 a 10 años y entre 250 y 300 millones de euros. Los más afectados por la normativa han sido los insecticidas y, como consecuencia, los cultivos mediterráneos, especialmente los intensivos.