Cuando uno compra un diccionario o una guía o un mapa, suele ser un buen método para conocer su calidad, exactitud y fiabilidad comprobar lo que dicen sobre algo que conozcamos bien. Ese mismo método he aplicado al Informe de Greenpeace sobre la situación del litoral español, en su décima edición de julio de 2010: leer lo que dicen de Asturias y de Gijón. Y la conclusión, benévola, a la que he llegado es que el apartado referido al litoral asturiano parece como si lo hubiese hecho “uno de Oviedo”.
Juantxo López de Uralde, director de Greenpeace en España y veterano y curtido militante ecologista, que acaba de presentar su renuncia al cargo, afirma en el prefacio que “la voz de Greenpeace se ha alzado a lo largo de la última década casi en solitario para denunciar y tratar de frenar la devastación de nuestro espacio litoral”. Esto es inexacto porque han sido muchísimas las organizaciones ecologistas, vecinales y de todo tipo que desde hace diez, veinte, treinta años han venido denunciando y oponiéndose al vasto muestrario de tropelías de toda clase que ha sufrido y sufre el litoral español. Y respecto al “casi en solitario”, lo cierto es que Greenpeace casi nunca quiere mezclarse en las acciones de los grupos ecologistas españoles. Comprendo perfectamente que se trata, en el fondo, de una estrategia defensiva que pretende evitar la penetración y la consiguiente manipulación de la citada organización por servicios y agentes de la zona opaca del Estado y de las fuerzas políticas del régimen. Pero no se puede quejar uno de soledad, cuando es uno mismo el que se aparta de los demás.
Yo fui socio de Greenpeace y colaboré y apoyé sus reivindicaciones, pero nunca pude contar con su apoyo y colaboración cuando hubo necesidad de defender la costa y el litoral que me eran más próximos. Ni tampoco cuando se trataba de la “peace” (Yugoslavia, Irak). En la época de Xavier Pastor, el funcionamiento democrático y la transparencia brillaban por su ausencia. Causaba estupor que con la magnitud de los desaguisados que ocurrían en el Cantábrico, los barcos de Greenpeace sintieran aquel amor desmedido por las aguas veraniegas del Mediterráneo, de forma y manera que las praderas de posidonia pasaron a ocupar, bajo los focos, el protagonismo de las otras praderas, las de las películas del Oeste americano. Como de autoalabarse ya se encargan ellos, conviene recordar que de la crítica, se aprende; del halago, no.
Todo el mundo tiene derecho a unas vacaciones y a irse a la playa si le da la gana. No ha sido la extensión de ese “derecho” a las capas sociales desfavorecidas, que hasta los años setenta estuvieron privadas del mismo, lo que ha destruido el litoral español, sino el sistema capitalista español y el hábitat de corrupción en el que se desarrolló bajo el franquismo y en el que continuó expandiéndose exponencialmente bajo el régimen actual. Agravado, además, por la ignorancia, el mal gusto y la horterez. Todo ello bajo aquella máxima del Caudillo: “quiero una España de propietarios, no de proletarios”. En eso seguimos.
La denuncia que hace Greenpeace de la corrupción en su informe de 2010 sobre la costa es muy contundente, y la suscribo, como también apoyo totalmente la medida, en la que coincido y que vengo defendiendo desde hace mucho tiempo, de que se vuelvan a hacer públicas, como en la época del gobierno Suárez, las declaraciones de la renta de los cargos públicos y corporativos. Pero hay que resaltar también que en ese hábitat nauseabundo no viven solamente empresarios, concejales, directores generales y ministros, sino también jueces, fiscales, abogados, periodistas, arquitectos…, hasta alcanzar a toda la sociedad.
El Estado es juez y parte. El Estado no sólo es el responsable y colaborador necesario en el proceso de destrucción de la costa española, y no solamente de la costa, sino que es el autor directo de las mayores tropelías. De ahí que la aplicación de toda la legislación medioambiental quede siempre al albur del quién y el dónde: Allá van leyes do quieren reyes, decían ya en el medievo.
A la hora de hablar de las infraestructuras portuarias, tampoco cita Greenpeace los aberrantes casos de los nuevos puertos de El Ferrol y El Musel, como nada se dice de la actuación de la jueza que lleva la instrucción del naufragio del Prestige, aquel petrolero que “entre todos le mataron y el solo se murió” y del que, al final, siempre quedará la cabeza de griego de un Mangouras…
Echémosle la culpa a “uno de Oviedo” de que en la destrucción de la costa en Asturias no se recuerde al Castillo de Salas, ni a Peroño, Salinas, El Rinconín (Gijón), ni el Plan de saneamiento inconcluso de Gijón veinte años después. Faltan las fotos de la playa de Aboño, o de la de San Lorenzo, antes y después. Precisamente, la ría de Aboño será la única del Cantábrico que nunca tendrá calidad piscícola en sus aguas, para mayor gloria de las autoridades, de Arcelor-Mittal, de HC-EDP y cía. Pero lo que tiene muy mal pase es lo relacionado con la extracción de áridos del fondo marino de la playa y de la bahía gijonesa: primero, erróneamente se dan por realizados en 2007, cuando se están llevando a cabo en la actualidad; tampoco se resalta debidamente la magnitud y la trascendencia del caso. Extracciones de áridos realizados para un puerto del Estado, bajo la autoría, valoración, aprobación y supervisión de organismos del Estado.
Magnitud: porque en 2005 (fte. OSPAR), en la costa atlántica española, incluidas las islas Canarias, se extrajeron del fondo marino 48.662 metros cúbicos de arena, mientras que en un espacio de costa tan reducido como el de la bahía de Gijón quieren extraer 500 veces más. Trascendencia: porque a pesar de incumplir la Ley de Costas, que prohíbe taxativamente la utilización de materiales del fondo marino para la construcción, esta delirante actuación se ampara en un Estudio de Impacto Ambiental y en una Declaración de Impacto Ambiental que deberían ser anulados al presentar como “dragado” lo que en realidad es la explotación de una cantera submarina porque les sale más barato que una cantera terrestre. Y esta moda se extiende a otras grandes actuaciones portuarias en España. Estoy esperando por la “ayuda” que reiteradas veces solicité a Greenpeace, a no ser que todo lo que puedan hacer por este gravísimo asunto sea dedicarle seis renglones en 165 páginas.
Nada dice Greenpeace en el citado informe sobre la corrupción existente en la elaboración y aprobación de esos estudios de impacto ambiental, pese a que esta situación de falseamiento ha alcanzado tales proporciones que aparece denunciada de forma destacada en el último informe del Defensor del Pueblo. Porque también es corrupción que unos catedráticos y profesores de Universidad, que unos biólogos, geólogos y otros logos estén dispuestos a firma y justificar lo que sea a cambio de unos miles de euros.
Además, el informe de Greenpeace sobre el litoral ni siquiera menciona que en la playa de La Arena, en el municipio vizcaíno de Muskiz, se estén realizando extracciones masivas de arena del fondo marino con idéntica finalidad: servir de material de relleno en las obras del puerto de Bilbao.
Más allá de errores y olvidos, este estado de cosas, esta absoluta falta de cooperación, resulta penoso y lamentable. Aquello de “pensar globalmente y actuar localmente”, parece haber sido olvidado y sustituido por formas de actuar impropias de la historia y la cultura ecologista. Tal vez con menos CORINE y menos pantalla de ordenador, y más patear el territorio con los ojos y oídos abiertos y atentos a lo que se dice y se hace mejoraría un poco la relación y la situación.