El decreto servirá para fijar un mecanismo de evaluación sobre las repercusiones de los planes y proyectos que, sin tener relación directa con la gestión de los lugares de la Red Natura 2000 o sin ser necesarios para ésta, puedan afectar de forma apreciable a estos espacios.
La Red Natura 2000 en Castilla y León está integrada por 70 zonas de especial protección para las aves (ZEPA), con una superficie de cerca de dos millones de hectáreas, y por 120 lugares de interés comunitario (LIC) de las regiones biogeográficas mediterránea y atlántica, con una superficie de 1,89 millones de hectáreas.
