Los contratos, contemplados en la Ley de Desarrollo Rural, buscan apoyar a aquellos agricultores y ganaderos que de forma voluntaria suscriban compromisos para la conservación del suelo, el agua, la biodiversidad, el paisaje o la lucha contra el cambio climático. A cambio, recibirían una remuneración por la producción de esos bienes públicos.
Desde hace dos años, en el seno de un grupo de trabajo coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente, se han elaborado varios borradores de Real Decreto. La última versión, que cuenta con el apoyo de la mayoría de organizaciones participantes, se cerró el 14 de marzo de 2010 pero no ha sido aprobada.
Los Contratos Territoriales por Explotación son una herramienta clave para lograr mantener la viabilidad económica de las explotaciones agrarias, a la vez que se preservan sus valores ambientales. Iniciativas similares están vigentes en regiones como Menorca y son varias las Comunidades Autónomas que apuestan por esta figura, como Asturias. Sin embargo, la falta de una normativa reguladora a nivel estatal pone en peligro su aplicación.
Entre las organizaciones que apoyan la petición, se encuentra la Unión de Pequeños Ganaderos (UPA), la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Confederación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR). La falta de aprobación de la normativa impide una distribución más equitativa de las ayudas públicas, así como la recuperación de zonas de alto valor ambiental, según concluyen estas organizaciones.
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