La Junta gestionará durante los próximos seis meses el Guadalquivir

Así lo han anunciado la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, y la consejera de Presidencia andaluza, Mar Moreno, en la rueda de prensa posterior a la celebración de la Comisión, en la que también han participado, por parte del Gobierno central, el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves; y los consejeros de Hacienda y Medio Ambiente, Carmen Martínez Aguayo y José Juan Díaz Trillo, respectivamente, por parte de la Junta andaluza.

   Junta y Estado han coincidido en señalar la «celeridad» de las negociaciones y del acuerdo, «fruto del diálogo», y han anunciado asimismo que se creará una Subcomisión, enmarcada en la Comisión Bilateral, formada por seis personas de la Junta y otras tantas de la Administración General del Estado, que trabajarán en la «respuesta definitiva» a este asunto.

   El convenio será rubricado el próximo lunes por Aguilar y Díaz Trillo en la sede del Ministerio en Madrid y, como ha resumido la primera, significa que durante los próximos seis meses la gestión de todo lo que son los recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren íntegramente por Andalucía lo llevará la comunidad autónoma.

«DIQUE DE SEGURIDAD»

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   Se trata de un «dique se seguridad» hasta que se acuerde el modelo definitivo, ha resumido Moreno, que ha apuntado, además, que recogerá la seguridad jurídica del periodo anterior, es decir, que los actos dictados desde que Andalucía asumió las competencias «no son susceptibles de ser modificados», con independencia de que, quien así lo desee, estará legitimado para recurrir a la vía judicial.

   De este modo, durante los próximos seis meses esa Subcomisión trabajará para buscar una solución definitiva que defina el nuevo modelo de gestión ante una situación que, como ha dicho Moreno, es «excepcional» porque «no hay precedente en nuestro país que afecte a una transferencia que ya estaba en vigor». Al respecto, la responsable de Presidencia ha subrayado la «complejidad jurídica» del asunto, que «va más allá de la voluntad política ya que ésta ya está encauzada».

   Moreno ha indicado que ese nuevo modelo de gestión de competencias debe garantizar «el máximo protagonismo posible» de Andalucía, región por la que transcurre el 90 por ciento del curso del río, y respetar «al 100 por cien» la sentencia del Tribunal Constitucional y el Estatuto de Autonomía que, según ha recordado, «sigue teniendo artículos vivos en materia de aguas».

   La consejera andaluza ha profundizado en que el trabajo de la Subcomisión se centrará en analizar los escenarios constitucionales, realizará un estudio «pormenorizado» de las competencias de transferencia y trabajará en buscar alternativas de modelo y «en cualquier incidencia que pueda haber».

   Con respecto a los funcionarios y, en general sobre los medios, tanto materiales como humanos o financieros, no sufrirán cambios en este periodo transitorio. «No habrá novedades hasta el nuevo modelo», ha resumido.

DIÁLOGO CON EXTREMADURA

   Después de que Moreno asegurase que no corresponde a la Junta abordar este asunto con otras comunidades autónomas implicadas, más allá del habitual diálogo institucional, la ministra de Medio Ambiente ha querido dejar claro la «diferencia» entre el trabajo, que será con la Administración andaluza, y la «información» o el «contacto», que continuará siendo «cotidiano y habitual» con el resto de las regiones.

   «Con quien tenemos que resolver las cosas y trabajar es con la Junta, a la que han declarado inconstitucional un artículo de su Estatuto», ha recalcado Aguilar, que ha añadido que el «diálogo es permanente y constante con el resto de las Comunidades Autónomas».

ECOticias.com – ep

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