Los artículos de este boletín ilustran de manera muy clara esta tensión. En Surinam, a pesar de la unanimidad entre los pueblos indígenas y tribales, y a pesar de las detalladas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno ha retirado su promesa de aprobar una ley que reconozca sus derechos. En Costa Rica, aunque los órganos de la ONU encargados de defender los derechos humanos han respaldado sus peticiones, el pueblo Térraba aún sigue luchando contracorriente para que el Gobierno les permita opinar en relación con la represa el Diquís. En Liberia e Indonesia existen comunidades cuyas tierras han sido traspasadas por el Gobierno a promotores de plantaciones de palma de aceite sin su consentimiento, y si se resisten son castigadas con duras represiones. Estas comunidades han tenido que recurrir a órganos internacionales para solicitar una compensación, por ejemplo la Corporación Financiera Internacional, que financia tales planes, y la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible, que los certifica. Un examen regional del sector del aceite de palma en el sudeste de Asia indica que allí donde las tierras están aseguradas y existe un estado de derecho, la palma de aceite se desarrolla como cultivo minifundista y no como plantaciones impuestas. Por lo tanto, el marco nacional es crucial para impedir la apropiación de tierras. Por eso es tan decepcionante observar que en una reunión reciente del Convenio sobre la Diversidad Biológica, mientras preparaban un nuevo plan de trabajo para asegurar el «uso consuetudinario sostenible de los recursos biológicos», evitaron hacer recomendaciones sobre la necesidad de reformas jurídicas para reconocer los derechos de los pueblos sobre las tierras y los recursos. En cambio, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha censurado a la UNESCO por tomar decisiones sobre áreas protegidas sin el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas.
Reconociendo la falta de protecciones nacionales, el Banco Mundial lleva años insistiendo en que sus inversiones deben respetar las denominadas políticas «de salvaguardia», entre las que se incluye una dedicada a los pueblos indígenas (política que sin embargo suele ser pasada por alto en la práctica). Ahora parece que el Banco ha cedido terreno a los países prestatarios, que están en contra de estas políticas porque ralentizan los préstamos, proponiendo un nuevo programa para prestar enormes cantidades de dinero sin aplicar salvaguardias a los proyectos concretos que se van a financiar con ese dinero. Los pueblos indígenas y el FPP están apelando contra este «atajo».
Las experiencias sobre el terreno, como en el caso de Perú, indican que sin salvaguardias los proyectos ideados para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques (REDD+) atentan contra los derechos de los pueblos locales. Tal y como han dejado claro los pueblos indígenas que están asistiendo a la reunión mundial sobre el cambio climático de Durban, hacen falta enfoques alternativos basados en los derechos, que aseguren los derechos de los pueblos sobre sus tierras e impidan que intereses externos destruyan sus bosques.
En casi todos los países la ley tiene múltiples capas (leyes internacionales, leyes nacionales y leyes consuetudinarias) que se utilizan para regular las relaciones entre los seres humanos y entre estos y su medio ambiente. Según un nuevo examen llevado a cabo con socios como el Asia Indigenous Peoples Pact (Pacto de Pueblos Indígenas de Asia), las leyes internacionales y consuetudinarias son una fuente de derechos para los pueblos de los bosques, pero reformar las leyes nacionales para asegurar estos derechos sigue siendo nuestro mayor reto.