La ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat tendrá que ganarse el visto bueno de la Comisión Europea, que ya ha advertido que el proyecto debe respetar y proteger el Delta del Llobregat, es decir, exactamente lo mismo que defienden los ecologistas que hablan de incompatibilidad entre uno y otro proyecto.
Por lo pronto, la institución que preside Ursula von der Leyen reclama a España que, antes de plantearse abordar la obra, aplique las medidas necesarias para cerrar el expediente que está en curso por el deterioro medioambiental que causó en el delta del Llobregat una anterior remodelación de la infraestructura aeroportuaria, hace más de veinte años.
En concreto, el caso se remonta a 2004, cuando se inauguró la pista que ahora se pretende alargar, y Bruselas recuerda que mantiene desde 2021 un procedimiento abierto dado que no se cumplieron las medidas de restauración prometidas, por lo que de este proyecto actual no se puede hablar hasta que no se solucione el anterior.
La UE recuerda a España que aún tiene un expediente abierto por la protección del Delta del Llobregat
La Comisión Europea ha recordado este miércoles a España que debe adoptar medidas para garantizar una protección adecuada del Delta del Llobregat antes de acometer una ampliación del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat como la anunciada ayer.
Este fue uno de los mensajes trasladados por el Ejecutivo comunitario a representantes de AENA y de la Generalitat de Cataluña en una reunión que tuvo lugar el pasado 2 de abril, según han explicado a la prensa fuentes comunitarias.
En este encuentro, la Comisión Europea subrayó que «antes de avanzar con cualquier proyecto de expansión del aeropuerto, las autoridades españolas deben implementar de forma completa las medidas necesarias para poner fin a un procedimiento de infracción en marcha» abierto en febrero de 2021 y que ya instaba a España a frenar el deterioro de esta área protegida.
«Esto aclararía la base para el análisis del nuevo proyecto«, han expresado las mismas fuentes, que han añadido que «todos los requisitos relevantes de la legislación medioambiental de la UE tienen que ser satisfechos antes de que cualquier nuevo proyecto reciba luz verde».
Según establece la Directiva de Hábitats de la UE, las autoridades de un Estado miembro tienen la potestad, gracias a una derogación en las reglas, de autorizar un proyecto aunque «pueda tener un impacto significativo en una zona Natura 2000«. Sin embargo, están obligadas «bien a notificar a la Comisión o bien a pedir la opinión de la Comisión» al respecto antes de autorizar dicho proyecto, en función del «interés público» que justifique el desarrollo del mismo.
El Ejecutivo comunitario abrió en febrero de 2021 un expediente a España tras constatar que no ha adoptado medidas suficientes para proteger este enclave, que forma parte de la red Natura 2000, y cumplir así con sus obligaciones con respecto a la Directiva europea de Hábitats.
Bruselas recordó entonces que llevaba desde 2013 debatiendo con las autoridades españolas las posibilidades de mitigar y compensar el daño medioambiental causado en el Delta y los alrededores por proyectos relacionados con la ampliación del aeropuerto.
Pero los compromisos adoptados hasta entonces por las autoridades, como la adopción e implementación de un plan especial para la protección de las áreas naturales y el paisaje del Delta del Llobregat y la extensión del Área Especial Protegida para proteger los territorios más adecuados para la conservación de las aves no habían recibido «seguimiento suficiente».
La Comisión remarcó que, a pesar de ser una de las regiones más densamente pobladas de la península, los «frágiles» ecosistemas del delta acogen una «espectacular biodiversidad y juegan un papel crucial en las rutas migratorias de muchas aves europeas», contribuyendo así a preservar la coherencia general de la red Natura 2000. EFE / ECOticias.com
