Pacma ha decidido intensificar su estrategia de defensa del lobo ibérico y lo hace declarando una auténtica guerra judicial contra el Gobierno de Cantabria. La organización animalista, que desde hace años denuncia la persecución a esta especie protegida, sostiene que la comunidad autónoma continúa autorizando matanzas encubiertas bajo la apariencia de controles poblacionales, vulnerando así la normativa estatal y europea.
Su nuevo frente legal busca frenar estas prácticas y sentar un precedente que impida que otras regiones imiten este modelo. El conflicto se ha agudizado tras la presentación de diversos documentos y testimonios que, según Pacma, evidencian que las actuaciones contra el lobo se realizan sin criterios científicos.
Los activistas denuncian que, pese a la inclusión del lobo al norte del Duero en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, Cantabria continúa promoviendo políticas de eliminación del animal para responder a las demandas de ciertos sectores ganaderos. Para Pacma, esto constituye un incumplimiento flagrante de la ley y una amenaza directa a la conservación de la especie.
Pacma denuncia extracciones de lobo ibérico y recurre la negativa a paralizarlas
El Partido Animalista Pacma ha anunciado que ha recurrido el rechazo del Juzgado de Instrucción de Santander que tiene abierta una causa contra la consejera de Desarrollo Rural de Cantabria, María Jesús Susinos, y el director general de Biodiversidad, Ángel Serdio, por la extracción de ejemplares de lobo ibérico en la región.
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A finales de octubre se conoció que el Juzgado de Instrucción 3 de Santander admitía a trámite una querella de Pacma que los acusa de presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y maltrato animal.
Pacma ha decidido intensificar su estrategia de defensa del lobo ibérico y lo hace declarando una auténtica guerra judicial contra el Gobierno de Cantabria.
Pacma denuncia en un comunicado «obstrucción a la investigación penal» abierta en el Juzgado contra los altos cargos del Gobierno de Cantabria a raíz de la autorización para las extracciones de lobo ibérico.
También dice que la investigación «sigue avanzando pese a los intentos de archivo por parte de los investigados», después de que ayer se conociera que el Juzgado ha rechazado la medida cautelar solicitada por el partido animalista para que se paralizaran las extracciones de lobo en la región, una decisión que ha sido recurrida por Pacma.
Informes técnicos bajo sospecha: posible ocultación del estado real del lobo
Esta formación política asegura que «los informes que autorizaban las matanzas requeridos por el Juzgado han sido finalmente aportados», tras su insistencia.
«En la documentación recientemente remitida, el investigado Ángel Serdio señala expresamente como autores de los informes empleados para fijar el cupo de extracción 2025-2026 al jefe de Servicio de Conservación de la Naturaleza y firmante del informe técnico, y en el ámbito jurídico, a dos responsables de la Asesoría Jurídica«, dice Pacma.
La organización animalista, que desde hace años denuncia la persecución a esta especie protegida, sostiene que la comunidad autónoma continúa autorizando matanzas encubiertas bajo la apariencia de controles poblacionales, vulnerando así la normativa estatal y europea.
La organización considera que los informes utilizados para autorizar la extracción de lobos «pudieron ocultar el estado de conservación desfavorable de la especie, reconocido oficialmente por España ante la UE», lo que, a su juicio, «invalidaría cualquier autorización de caza y podría constituir delito de prevaricación».
El Juzgado ha rechazado la suspensión cautelar de la caza solicitada por Pacma por motivos, según la formación política, que son «infundados», ya que se basa en la falta de competencia y de jurisdicción.
El Juzgado lo que decía es que la decisión de la paralización cautelar debe dirimirse en la jurisdicción contencioso administrativa, al tratarse de un acto administrativo.
El partido afirma que ya ha recurrido, al considerar que la vía penal es la única competente y que cualquier resolución que lo niegue puede incurrir en la vulneración de derechos «que serán recurridos hasta las instancias que sean necesarias».
Pacma advierte de penas de hasta tres años por cada lobo abatido
Pacma ha manifestado que, de revocarse las autorizaciones administrativas para cazar lobos en las comunidades autónomas donde se han querellado, interpondrá denuncia por presuntos delitos de maltrato de animales protegidos, con agravante de muerte, «previstos y sancionados con hasta tres años de prisión por cada animal abatido, de acuerdo con el art. 340 bis del Código Penal, con las accesorias de inhabilitación para tenencia de armas de hasta cuatro años», explica.
La organización insiste en que matar lobos no solo es ilegal, sino también ineficaz para reducir los conflictos. Mientras el gobierno cántabro defiende que sus actuaciones buscan garantizar el equilibrio entre ganaderos y fauna salvaje, Pacma mantiene que la protección del lobo es irrenunciable.
El choque entre ambas posturas promete prolongarse en los tribunales y reavivar un debate nacional sobre cómo gestionar una de las especies más emblemáticas y polémicas de la península. Seguir leyendo en EFE / ECOticias.com
