La iniciativa de la empresa de incinerar en dicha planta derivados de residuos no peligrosos para su uso como combustible, como es sabido, ha despertado un crudo conflicto en el municipio.

Tras publicar el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) una resolución de la Consejería de Medio Ambiente que actualiza la autorización ambiental integrada (AAI) concedida en 2006 a la planta cementera de Portland Valderrivas, enclavada en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y protagonista de un intenso conflicto por su proyecto de incinerar derivados de residuos no peligrosos, los ecologistas avisan de que dicha actualización «es ostensiblemente favorable a los intereses» de la empresa, «no es transparente» y permite «emisiones superiores a las establecidas».

El BOJA, en concreto, ha publicado una resolución de la delegación territorial de la Consejería de Medio Ambiente recogida por Europa Press, «por la que se actualiza para su adecuación a la directiva 2010/75 de la Unión Europea», la autorización ambiental integrada otorgada en 2006 a la empresa Cementos Portland Valderribas, para la explotación de la planta cementera de Alcalá, enclavada al pié de la autovía A-92.

La iniciativa de la empresa de incinerar en dicha planta derivados de residuos no peligrosos para su uso como combustible, como es sabido, ha despertado un crudo conflicto en el municipio.

Y es que según los ecologistas, que han promovido toda una campaña social en contra de esta medida, gracias a una revisión en 2014 de su autorización ambiental integrada, la planta contaría con disposición de incinerar 292.000 toneladas de residuos al año para su uso como combustible, superando «los residuos que procesan todas las cementeras de Andalucía juntas», con «emisiones a la atmósfera» en un área densamente poblada de la primera corona del área metropolitana de Sevilla.

LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL

En ese sentido, la Junta de Andalucía accedió a modificar la autorización ambiental unificada concedida en 2006 a la planta cementera, precisamente para permitir tal extremo, pero de otro lado, el Ayuntamiento de Alcalá, gobernado por Ana Isabel Jiménez (PSOE), ha modificado sus normas urbanísticas para establecer unas «distancias mínimas» de dos kilómetros entre las actividades industriales que «utilicen residuos como combustible alternativo» y las «zonas de suelo urbano o urbanizable», lo que en la práctica implica un bloqueo de las pretensiones de la cementera.

Con la citada modificación de la autorización ambiental integrada impugnada por los ecologistas ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Alwadi-ira-Ecologistas en Acción avisa de que la actualización publicada ahora por la Consejería de Medio Ambiente respecto a la adecuación de la autorización ambiental de 2006 a la directiva europea de emisiones industriales de 2010 «llega con casi tres años de retraso, pues se debería haber producido antes del 7 de enero de 2014».

Además, exponen los ecologistas que esta actualización «es ostensiblemente favorable a los intereses de la empresa, pues entre otros aspectos permite que la cementera funcione emitiendo contaminantes por encima de los valores límite de emisión en periodos de hasta 24 horas» y «no modifica los valores límite de emisión para adecuarlos a los de la directiva de emisiones industriales en el caso de la incineración de residuos, permitiendo por ejemplo emisiones superiores a las establecidas en esa directiva».

«La actualización de la autorización ambiental publicada ahora no incluye los valores límite de emisión que establece la directiva 2010 de la Unión Europea cuando la instalación incinera residuos, que sí se recogieron en la modificación de la autorización en 2014 que daba el visto bueno a la incineración de 292.000 toneladas de un amplio abanico de diferentes tipos de residuos y que pretendía convertir la cementera en una macroincineradora», resumen los ecologistas.

Dado el caso, los ecologistas reclaman que la actualización de la autorización ambiental se «adecue correctamente» a la mencionada directiva europea de 2010.