Asimismo, Podemos ha reclamado a la CE que analice si la Junta está incumpliendo la directiva 1999/31 sobre vertido de residuos y en cuanto al empleo de cementeras «como incineradoras de residuos».
La delegación de Podemos en el Parlamento Europeo ha registrado una pregunta escrita a la Comisión Europea (CE) en la que insta a la UE a que investigue en Andalucía «las autorizaciones ambientales que permiten incinerar residuos en instalaciones declaradas ilegales y revise las concedidas para restringir la combustión aplicando nuevas tecnologías».
Asimismo, Podemos ha reclamado a la CE que analice si la Junta está incumpliendo la directiva 1999/31 sobre vertido de residuos y en cuanto al empleo de cementeras «como incineradoras de residuos».
La pregunta, promovida por la eurodiputada Estefanía Torres, alerta de que el uso de las cementeras para incinerar residuos «tiene un efecto pernicioso en la salud y el medioambiente» y recuerda que el Tribunal Superior de la UE «ya condenó a España en 2016 por incumplir la mencionada directiva» en cuanto a 30 vertederos municipales, 20 de los cuales se encuentran en Andalucía.
«La Consejería de Medio Ambiente –ha criticado Podemos en la pregunta remitida a la CE– no ha sido capaz de cumplir con la única forma de penalizar y disuadir el vertido de residuos«.
Ante esta situación, Podemos ha planteado a la CE que explique qué «medidas considera que se han puesto en marcha para la recuperación de costes que introduce la directiva 2008/98 para alcanzar el objetivo establecido de cero residuos e introducir el impuesto sobre eliminación de los mismos».
Finalmente, Podemos ha reclamado a la UE que tome medidas para «implantar los compromisos del paquete de economía circular para alejar los núcleos urbanos andaluces de las plantas de incineración».
La pregunta parlamentaria se ha remitido a la CE en colaboración con la Coordinadora Andaluza de Plataformas contra la Incineración de Residuos y Por un Aire Limpio (Paciral). «La política de la Junta de Andalucía continúa desarrollándose por la senda de una economía lineal, que significa extraer, fabricar, consumir y tirar», ha argumentado la formación morada.
La labor de Paciral es la denuncia la proliferación de «vertederos incontrolados«, de los que, en un estudio reciente elaborado por la Universidad de Sevilla, según ha apuntado la organización, «se han llegado a contabilizar en Andalucía 738».
Ante dicho panorama, según ha cuestionado, el Gobierno andaluz «se inclina por utilizar las cementeras como incineradoras para quitarse de encima el problema de los residuos y las sanciones de la UE«, una política «que se vende sin el más mínimo pudor como economía verde».
Asimismo, Paciral ha denunciado el «deficitario control» de las emisiones e inmisiones de las cementeras en general y de las que queman residuos, en particular, y la dificultad que el ciudadano tiene para acceder a la información.
Por último, la organización ha recordado que el futuro Plan Integrado de Residuos de Andalucía, que implantaría los compromisos del paquete de economía circular de la Comisión Europea, «contempla reciclar al menos el 55 por ciento de los residuos municipales en 2025, hasta el 60 por ciento en 2030 y al 65 por ciento en 2035; y el reciclaje del 65 por ciento de los residuos de envases en 2025, y el 70 por ciento para 2030.»
