Respecto a los residuos urbanos, Elena Espinosa ha indicado que se está mejorando la información en cuanto a su generación, así como la creación, dentro de la Ley Ómnibus, de un Registro de Producción y Gestión de Residuos compartido, cuya finalidad es la de facilitar el intercambio entre Administraciones Públicas.
Además, la Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha explicado que se ha realizado el inventario de instalaciones de tratamientos de residuos urbanos por Comunidades Autónomas y por provincias, y que se está realizando el de las instalaciones de biodigestión, así como una guía para identificar las iniciativas más eficaces.
Entre las medidas de prevención, Elena Espinosa ha destacado las dirigidas a la reducción de bolsas de un solo uso, con una estrategia de comunicación o la página web del Ministerio, que recoge las iniciativas tanto públicas como privadas para la reducción del consumo de estos residuos.
En cuanto al fomento del compostaje doméstico, la Ministra ha explicado que se han puesto en marcha nuevos proyectos piloto, financiados por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, que aumentan el número de municipios que han introducido esta práctica de prevención.
Según Elena Espinosa, el Ministerio cofinancia 107 proyectos con las Comunidades Autónomas, con una inversión pública de 55 millones de euros, para la clausura de vertederos, la captación en ellos de biogás, puntos limpios, proyectos de recogida separada de fracción orgánica de residuos urbanos y otros en plantas de compostaje y de biodigestión; además, también se destinan 5,4 millones de euros para financiar el transporte marítimo de residuos generados en Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias.
Por último, Elena Espinosa ha resaltado la futura Ley de Residuos que se está elaborando para transponer la nueva Directiva Marco de Residuos y que va a introducir disposiciones legales que facilitarán la consecución de los objetivos del PNIR, entre ellas las relativas a la clarificación del concepto de residuo municipal, la obligación de recogida separada de fracciones diferenciadas y la mejora de la coordinación entre esa obligación de los municipios y los Sistemas Integrales de Gestión (SIGs).
MARM
