Así, los científicos consideran que no se debe instalar ATC alguno hasta que se alcancen las condiciones sobre seguridad de los residuos, consenso institucional y territorial, elección democrática y acertada técnicamente del emplazamiento y fin de la producción de residuos nucleares.
Entre los firmantes figuran el vicepresidente de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones de Sociedad de la Información, Marcel Coderch y Collell, a su vez miembro del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones de la Sociedad de la Información; el responsable de proyectos de la Federación Andaluza de Ciencias Ambientales, José Luis García Gascón; científicos, catedráticos y profesores universitarios de la Universidad Autónoma de Barcelona; de la Universidad de Córdoba; de la UNED; de la de Granda o de la de Valencia, así como consultores medioambientales y varios miembros de la Asociación Científicos por el Medio Ambiente (CIMA).
Reclaman también al Ejecutivo que cumpla su compromiso electoral de cierre programado y progresivo de las ocho unidades nucleares que operan en España, al menos hasta que se encuentre una solución «satisfactoria» a la gestión de los residuos, al considerar que los errores humanos y técnicos «siempre existirán y con ello las probabilidades de accidentes nucleares».
Además, solicitan que se investigue «como condición primordial», técnicas y tecnologías que permitan reducir la condición de alta intensidad hacia baja intensidad, así como «intensificar» el apoyo y promoción de la gestión energética sostenible en tres pilares fundamentales: ahorro, eficiencia energética y la producción eléctrica a partir de fuentes de energía renovables; aparejado también al tránsito hacia modelos sostenibles en todos los ámbitos.
«Esta perspectiva energética es probablemente la única que puede conseguir que en la actualidad de una manera viable y deseable evitar el calentamiento global eliminando la energía nuclear del mix energético», insisten.
En la misiva, dirigida al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, así como a Vicepresidencia primera y a los ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, expresan su «disconformidad» con el proyecto de construir el ATC, así como con el proceso de selección de emplazamiento y muestran su «preocupación ante este asunto».
En ese sentido, consideran «necesario» criticar «desde la técnica objetiva como la ética científica y profesional» la instalación sin antes tener «soluciones» tecnológicas a los residuos de alta intensidad. Además, critican los «graves problemas respecto a la imposición de criterios políticos por encima de técnicos», en el proceso de selección.
Sobre las cuestiones geológicas y técnicas, critican cuestiones sociales como la «falta de participación» porque, en su opinión, el Gobierno ha desestimado totalmente la posibilidad de incluir la participación ciudadana y el consenso en los municipios vecinos del proceso.
A este respecto, insisten en que «todo ello va en contra de la doctrina jurídica» referente a la información y participación ambiental y del «propio espíritu» que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio había planteado al proceso de selección.
Asimismo, asegura que hay «claras deficiencias informativas» respecto a las características concretas y detalladas del proyecto, algo que asumen como «totalmente necesario para cumplir con los criterios de información pública adecuada y para que los estudios técnicos sean fiables».
Finalmente, subrayan su idea de que «no procede» decidir sobre el lugar del almacenamiento de residuos de alta actividad, un problema no resuelto en ningún país del mundo», «ninguna forma de gestión definitiva satisfactoria de residuos desde el punto de vista técnico.
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