Como Sistema de Gestión Integrado (SIG) para la gestión de este tipo de residuos, desde Fundación ECOTIC queremos expresar nuestra más profunda indignación y rechazo por este tipo de prácticas que ponen en entredicho, debido a la mala praxis de algunos, la labor de centenares de personas comprometidas con la conservación del medio ambiente. Pese a todo, nos sentimos satisfechos de ver que las autoridades competentes toman las medidas oportunas para corregir este tipo de situaciones irregulares.
El pasado mes de febrero nos conmocionaba la noticia de que más de medio millón de frigoríficos se habían gestionado ilegalmente, amén de la incautación de 1.300 más fuera de uso que se pretendían fragmentar del mismo modo. Los electrodomésticos, en lugar de ser reciclados, eran destruidos en centros no autorizados mediante técnicas rudimentarias, provocando la liberación de gases que contribuyen al agotamiento de la capa de ozono y al efecto invernadero. Las irregularidades comenzaban con la retirada de los frigoríficos que, en lugar de ser entregados en centros autorizados y gestionados de acuerdo con la normativa medioambiental vigente para la extracción de gases en condiciones controladas, eran llevados a chatarrerías y otras industrias sin autorización ni medios técnicos para ello.
En esta ocasión, la noticia aparecida en los medios parte de la memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente, denunciando el bajo nivel de rendimiento de muchas de las plantas de nuestro país debido a la escasa cantidad de RAEE que llegan a ellas; el dato publicado establece en torno a un 17% de equipos reciclados respecto a las ventas anuales registradas, aunque los datos de que disponemos en la Fundación establecen dicha ratio en un 23% en el ejercicio 2010. Sea como fuere esta cifra, sin bien no debe estar en correspondencia debido a la longevidad de los equipos, sí debería situarse en un nivel superior.
Irregularidades en el flujo de residuos
Para ilustrar lo que venimos explicando, podemos mencionar un caso concreto. Desde ECOTIC hemos detectado un hecho que, como SIG, nos preocupa especialmente: el nivel de recogida de frigoríficos en el caso de Catalunya se sitúa por debajo de los niveles alcanzados en otras Comunidades Autónomas, y por debajo de la media estatal, lo que nos indica que una parte de este flujo escapa a los canales adecuados de gestión.
Existen datos de estudios a los que hemos tenido acceso desde la Fundación, y que ilustran muy bien esta situación. Por ejemplo, tenemos constancia de que en un gestor final autorizado de Catalunya recibió 85.489 unidades de frigoríficos durante 2010, de los cuales 74.167 procedían la propia Comunidad Autónoma. Sobre este total, 9.599 no llevaban los compresores del circuito de frío al llegar a la planta; respecto a su origen, el 49% procedían de puntos limpios, el 47% de gestores autorizados para transporte y almacenaje, y el 4% restante de fuera de territorio catalán.
Ya en el pasado mes de junio de 2010, cuando detectamos que había ciertos desajustes en el flujo de los residuos, nos pusimos en contacto con los organismos competentes para poder arrojar luz sobre esta situación. Según informaciones facilitadas por la Agència de Residus de Catalunya (ARC), la recogida de frigoríficos en Catalunya se hallaba en un momento crítico: pese a la tendencia a la baja registrada a lo largo de los últimos meses, el pasado mes de mayo de 2010 se alcanzó el mínimo histórico de recogidas desde que la mencionada planta está en funcionamiento, entrando un 39,5% menos de frigoríficos respecto a las del mismo mes del año anterior, y que alcanzó el 43% en lo que a equipos domésticos se refiere.
Según datos de la web de la Generalitat, en octubre de 2010 se había agotado más del 77% de la dotación económica del Plan Renove destinada a calderas y aparatos de aire acondicionado. Según datos del Institut Català d’Energia (ICAEN) como responsable de las ayudas, se habían tramitado 3.100 solicitudes para aparatos de aire acondicionado, dato que contrastaba con los facilitados por el mencionado gestor autorizado, quien registraba 480 unidades tratadas en sus instalaciones.
Irregularidades en el flujo de residuos
Para ilustrar lo que venimos explicando, podemos mencionar un caso concreto. Desde ECOTIC hemos detectado un hecho que, como SIG, nos preocupa especialmente: el nivel de recogida de frigoríficos en el caso de Catalunya se sitúa por debajo de los niveles alcanzados en otras Comunidades Autónomas, y por debajo de la media estatal, lo que nos indica que una parte de este flujo escapa a los canales adecuados de gestión.
Existen datos de estudios a los que hemos tenido acceso desde la Fundación, y que ilustran muy bien esta situación. Por ejemplo, tenemos constancia de que en un gestor final autorizado de Catalunya recibió 85.489 unidades de frigoríficos durante 2010, de los cuales 74.167 procedían la propia Comunidad Autónoma. Sobre este total, 9.599 no llevaban los compresores del circuito de frío al llegar a la planta; respecto a su origen, el 49% procedían de puntos limpios, el 47% de gestores autorizados para transporte y almacenaje, y el 4% restante de fuera de territorio catalán.
Ya en el pasado mes de junio de 2010, cuando detectamos que había ciertos desajustes en el flujo de los residuos, nos pusimos en contacto con los organismos competentes para poder arrojar luz sobre esta situación. Según informaciones facilitadas por la Agència de Residus de Catalunya (ARC), la recogida de frigoríficos en Catalunya se hallaba en un momento crítico: pese a la tendencia a la baja registrada a lo largo de los últimos meses, el pasado mes de mayo de 2010 se alcanzó el mínimo histórico de recogidas desde que la mencionada planta está en funcionamiento, entrando un 39,5% menos de frigoríficos respecto a las del mismo mes del año anterior, y que alcanzó el 43% en lo que a equipos domésticos se refiere.
Según datos de la web de la Generalitat, en octubre de 2010 se había agotado más del 77% de la dotación económica del Plan Renove destinada a calderas y aparatos de aire acondicionado. Según datos del Institut Català d’Energia (ICAEN) como responsable de las ayudas, se habían tramitado 3.100 solicitudes para aparatos de aire acondicionado, dato que contrastaba con los facilitados por el mencionado gestor autorizado, quien registraba 480 unidades tratadas en sus instalaciones.
De este modo requerimos un mayor detalle sobre los pobres resultados medioambientales del Plan, debido a los esfuerzos destinados desde la Fundación a la difusión de la necesidad de reciclar correctamente los equipos que contienen gases clorados. Solicitamos la relación de los instaladores participantes en el Plan Renove de aires acondicionados, así como el detalle de las medidas que el ICAEN tomaba para asegurar la correcta gestión de los residuos.
Con la puesta en marcha de un Plan Renove, la obtención de las subvenciones para la compra de nuevos equipos exige la correcta gestión de los RAEE procedentes de los viejos equipos; esto implica que se produzca un incremento estimado alrededor del 200% en las cantidades recogidas.
De este modo, la responsabilidad de conseguir crear dichos canales, trabajando en el diseño e implementación de sistemas que permitan contabilizar las cantidades de residuos gestionadas, y que sirvan para mejorar su trazabilidad durante el proceso, es un objetivo estratégico a desarrollar desde la Fundación. Esperamos que la Ley ampare este extremo, que creemos que resulta fundamental para asegurar el futuro del medio ambiente y la salud de las personas.
Soluciones de futuro: un problema de todos
Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), anualmente se producen en torno a 45 millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Si tenemos en consideración que este tipo de residuos crece a un ritmo 3 veces superior al del resto de residuos urbanos, no resulta muy complejo hacerse una idea de la magnitud del problema. Por ello resulta fundamental que todos los actores que intervienen en el ciclo de vida de estos aparatos, desde las empresas productoras y los centros de la distribución, pasando por los gestores autorizados hasta los usuarios finales, nos comprometamos con el adecuado reciclaje de los residuos.
Los distintos SIGs, cada uno de los cuales dispone de autorizaciones específicas para gestionar el reciclaje de los RAEE de las 10 categorías establecidas según el Real Decreto 208/2005, tienen responsabilidad tanto sobre la logística del proceso como en la difusión del mensaje sobre su importancia. Los gestores autorizados para llevar a cabo el proceso, un eslabón fundamental en la cadena de valor del reciclaje, deben actuar guiados por los mismos principios, respetando la Ley y asumiendo un compromiso ético para con el medio ambiente y la salud de las personas. Por ello, episodios como el acontecido no pueden menos que impulsarnos a su firme condena, y a sentirnos damnificados por estos ejemplos de mala praxis.
Desde Fundación ECOTIC y las empresas fabricantes que depositan su confianza en nosotros, creemos que subsanar este tipo de situaciones pasa por un ejercicio conjunto de asunción de responsabilidades por parte de todos los agentes implicados en el reciclaje de los RAEE. Administraciones, SIG, gestores autorizados, empresas fabricantes y distribuidores debemos dar un paso adelante en el diseño e implementación de sistemas de control y mejoras en los procesos, que permitan ejercer una vigilancia más efectiva de todo el ciclo del reciclaje.
Estamos convencidos que la clave para establecer sistemas eficientes que aseguren un modelo sostenible pasa por tender la mano a todos los actores implicados, de abrir el diálogo para afrontar nuevos retos, concienciándoles de la importancia de su papel y de la necesidad de sensibilizar sobre la problemática que nos atañe. Pero esto no será posible si las Administraciones no deciden actuar de forma decidida contra quienes realizan una mala gestión de los residuos o bien se lucran con ellos.
Queremos aprovechar estas líneas para hacer un llamamiento a todos y cada uno de los profesionales que, de forma directa o indirecta, tienen alguna responsabilidad en este proceso, para llevar a cabo un minucioso ejercicio de reflexión conjunta que permita mejorar el alcance y la eficacia de los sistemas de control. Y no queremos despedirnos sin destacar la labor realizada por la Fiscalía de Medio Ambiente, cuya diligencia en las investigaciones iniciados a bien seguro permitirá poner fin a un delito ambiental y a una situación fraudulenta que nos perjudica a todos. Como profesionales y como ciudadanos.
Porque evitar que se repitan episodios como el que nos ocupa es crucial para garantizar la sostenibilidad de nuestra economía y, más allá de ella, el futuro de nuestro planeta.
