La balsa de aceites usados de Arganda acumula 500.000 metros cúbicos de residuos y estará descontaminada en seis años

La balsa de aceites usados de Arganda del Rey, que acumula 50.000 metros cúbicos de residuos y 70.000 metros cúbicos de tierra contaminada, estará limpia y restaurada aproximadamente en seis años, gracias a un proyecto liderado por la Comunidad de Madrid, pionero en Europa, en el que se van a invertir entre 14 y 15 millones de euros.

   El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Borja Sarasola, ha explicado que en estos momentos ya hay un equipo técnico que trabaja sobre el terreno para la realización de pruebas y ensayos y para proceder al acondicionamiento de la parcela, de forma que se puedan iniciar las obras que pongan fin a la balsa contaminada situada en pleno Parque Regional del Sureste.

   En concreto, son técnicos de la empresa pública estatal Tragsa que están realizando accesos y pistas internas además de obras de refuerzo y creación de plataformas estables en las orillas de la balsa, así como caracterizaciones y determinaciones analíticas para evaluar las alternativas técnica, económica y ambientalmente viables para desarrollar los trabajos de descontaminación.

   Esta balsa de residuos peligrosos tiene su origen en el vertido continuado e incontrolado de aceites usados realizado entre 1989 y 1995 por parte de la sociedad constituida por Aceites Ulibarri y Piqsa, unos vertidos que se acumularon en una balsa de residuos de una superficie de 12.750 metros cuadrados –como cinco cosos taurinos–.

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   En esta laguna, situada a tan solo 800 metros de zonas urbanas de Arganda del Rey y de láminas de agua de interés ecológico, la sociedad estuvo durante seis años destilando aceites con ácido sulfúrico y arcilla, por lo que en estos momentos, según ha explicado Sarasola, los aceites son de «una acidez extraordinaria» hasta tal punto que si uno mete la mano, «se quema».

   En 1995 la sociedad se disolvió y al liquidarse y dejar deudas pendientes con la Agencia Tributaria, la parcela, de 6,4 hectáreas, cayó en manos de un acreedor que en 2009 la vendió a la Comunidad de Madrid por unos 50.000 euros, comprometiéndose el Gobierno regional a recuperar la laguna.

   En este punto, el consejero madrileño ha explicado que «lamentablemente», hacia los años 90, cuando se produjo todo este vertido, los delitos medioambientales prescribían en tres años y el Gobierno regional no pudo proceder judicialmente contra los responsables de los vertidos.

SOLUCIÓN

   Sarasola ha explicado que para solucionar el problema de la balsa, tras analizar distintas posibilidades, se ha buscado, dada la «complejidad» de los trabajos, una «actuación integral e innovadora», por lo que se va a proceder a hacer una «valorización» energética y material del residuo fluido (aceite residual ácido) en varias fases.

   En concreto, el aceite tiene cuatro capas, de las cuales las más superficiales (las dos primeras) se retirarán con bombeo mientras que las restantes (unos 45.000 metros cúbicos) se tendrán que tratar en el lugar, donde se neutralizará el ácido para trasladarlo (el aceite) posteriormente a unas cementeras, donde se quemará.

   Entonces, se procederá a la descontaminación total de la parcela siempre con el uso de técnicas innovadoras de bajo impacto para la recuperación permanente y dentro del perímetro de la parcela. El final del proyecto permitirá el uso público del espacio en el contexto del Parque Regional del Sureste como una laguna más.

   De hecho, en este punto el consejero del ramo ha indicado que en un futuro hasta se podría construir un centro de educación ambiental o un punto de avistamiento de aves. «Estaría bien que se pudiera poner un centro de estas características cuando todo se recupere plenamente y enseñar a las generaciones futuras los errores que se han cometido en el pasado», ha dicho.

   Los plazos en los que se mueven oscilan entre los cinco y los seis años. La fase preparatoria ya se inició en abril de este año y se espera que la conclusión de los estudios técnicos esté para octubre, con el fin de poder sacar el proyecto a información pública en noviembre de este mismo año.

   Por otro lado, la Comunidad de Madrid hará la evaluación ambiental entre enero y febrero de 2014, para iniciar con la primera fase de ejecución en el segundo semestre del año que viene. En concreto, la duración estimada de las fases de extracción, descontaminación y restauración se sitúa entre los cinco y los seis años, por lo que la balsa estaría completamente descontaminada hacia 2020.

PROYECTO PIONERO

   En este proyecto está presente la Consejería de Medio Ambiente a través de la Dirección General de Evaluación Ambiental; Tragsa, medio propio de la Administración con un largo recorrido en la intervención ambiental y el IMIDRA, organismo autónomo de I+D+i de la Comunidad, que ofrecerá el soporte científico y la recuperación de suelos.

   Por otro lado, el proyecto cuenta con SEO-Birdlife, ONG especializada en gestión de hábitats, con especial énfasis en las aves y el uso público de los espacios naturales; y con la Universidad Politécnica de Madrid, socio científico que cuenta con una unidad especializada en remediación de suelos contaminados.

   La estimación presupuestaria inicial es de 14,5 millones de euros, si bien no es una cantidad cerrada en tanto en cuanto está sujeta a las conclusiones del estudio que en estos momentos está desarrollando el equipo técnico. La Comunidad ya se lo ha presentado a la Comisión Europea porque quiere subvencionarlo con el Programa Life + –con 278 millones para la convocatoria de 2013 en la que tienen acceso 28 estados miembros de la UE–, que financia hasta el 50 por ciento del mismo.

   Los otros siete u ocho millones restantes se irán sacando de la partida presupuestaria de Medio Ambiente. Asimismo, ya ha habido contactos con algunas entidades e instituciones como el Ministerio de Agricultura o Repsol, con los que si bien no habría colaboración económica, sí la podría haber en especie.

   La Balsa de Arganda es un caso singular al estar en una zona aislada y en el seno de un espacio Natura2000, aunque hay algunos antecedentes europeos, siendo el más similar con el madrileño el de Rieme-Puerto de Gante (Bélgica), pero en ambiente industrial, donde se optó por la mera inertización in situ.

   También destaca el aeropuerto de Sondika (balsa de lindano), donde se optó por la inmovilización del contaminante; los vertidos de Aznalcóllar (vertido ácido, metales pesados), donde se optó por inmovilización y retirada de lodos; o el embalse de Flix (lechos con contaminación xenobiótica), donde se diseñó un dragado.

   La Comunidad de Madrid confía en que la Unión Europea acepte el proyecto dentro del programa Life+ porque, según Sarasola, «cumple todos los requisitos» –recuperación ambiental, trabajo con I+D+i, entre otros– y además ofrece medidas para afrontar actuaciones futuras en caso de vertidos de aceite de forma accidental.

   Desde que la Comunidad es propietaria de la parcela, se han instalado medidas disuasorias para las aves (un disparador lanza un disparo cada 40 segundos para evitar que los pájaros se posen en la laguna) y se ha vallado para impedir el acceso. Antes de que se pusieran estas medidas en marcha, perdían la vida una media de cien aves al año.

   El Parque Regional del Sureste es un espacio de 31.550 hectáreas. Desde su creación en 1994, se ha convertido en el hábitat de 200 especies distintas de aves, que encuentran acomodo en 123 láminas de agua que acumulan una superficie de 400 hectáreas.

ECOticias.com – ep

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