La reunión ha sido muy positiva, de manera que Mare Terra Fundació Mediterrània presentará esta misma semana una denuncia oficial ante la Fiscalía, para que ésta investigue si existe algún tipo de irregularidad en este proceso. Una vez que la Fiscalía investigue el caso, y dependiendo de sus conclusiones, la fundación decidirá si se continúa con el proceso judicial y si se interpone una querella criminal.
El presidente de Mare Terra Fundació Mediterrània, Ángel Juárez, se ha reunido este mediodía con el fiscal de Medio Ambiente de Tarragona, Ignacio Monreal. Durante el encuentro, Juárez ha entregado al fiscal un informe elaborado por el departamento jurídico de de la entidad medioambiental que recoge una serie de incógnitas alrededor del proceso de venta de la planta de residuos industriales de Constantí, puesto en marcha por la Generalitat.
La reunión ha sido muy positiva, de manera que Mare Terra Fundació Mediterrània presentará esta misma semana una denuncia oficial ante la Fiscalía, para que ésta investigue si existe algún tipo de irregularidad en este proceso. Una vez que la Fiscalía investigue el caso, y dependiendo de sus conclusiones, la fundación decidirá si se continúa con el proceso judicial y si se interpone una querella criminal.
Mediterrània entiende que el proceso de venta plantea tres grandes interrogantes. En primer lugar, el económico, teniendo en cuenta que construir la planta costó unos 100 millones de euros, y ahora su valor de actividad de negocio se estima en 7,37 millones. Un segundo punto que preocupa a la entidad es saber de qué manera se hará el control ambiental de los residuos que entren en la incineradora si se acaba confirmando su traspaso. La tercera duda expuesta al fiscal por parte de Mediterrània es la opacidad del proceso y la falta de transparencia que ha existido desde que se puso en marcha la operación comercial.
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En declaraciones a los medios de comunicación, Ángel Juárez se ha mostrado “muy satisfecho” por el encuentro con el fiscal ya que “esto demuestra que las incógnitas de Mediterrània sobre la venta de la incineradora son compartidas por otras personas y tienen el fundamento suficiente como para ser investigadas”.
Juárez se ha mostrado especialmente duro en cuanto al control ambiental: “Si finalmente la incineradora pasa a manos privadas, ¿quién ejercerá el control de la gestión ambiental? No debemos olvidar que son residuos tóxicos y peligrosos, y pese a eso no tenemos acceso a los estudios de impacto ambiental que se hacen. Si acaba siendo una planta privada, ¿quién llevará a cabo las inspecciones? ¿Y cómo lo harán? ¿Realmente podemos estar tranquilos? Ojalá que la venta no se acabe concretando, pero si se hace, como mínimo que nos expliquen cómo se controlará, puesto que estamos hablando de unos materiales que pueden afectar la salud pública y el medio ambiente”.
Finalmente, el presidente de Mare Terra ha recordado que “el artículo 2.3 de la Ley 27/2006 define que el público debe tener acceso al análisis de la relación coste-beneficio y a otros supuestos de carácter económico utilizados en la toma de decisiones. La ley marca que legalmente tenemos derecho a la información, así que esperemos que esto cambie y se acabe con el secretismo con el que se ha llevado todo este proceso”.
