En naciones como Suecia, Países Bajos o Dinamarca ya han rebajado los límites de concentración de algunos PFAS por debajo de los límites que marca la UE. Estos disruptores endocrinos tienen efectos nefastos en la salud, que acaban costándoles muy caros a los ciudadanos y los gobiernos.
Hogar sin tóxicos, ante la creciente preocupación científica por la presencia de PFAS (compuestos perfluorados y polifluorados) en las aguas de abastecimiento urbano, ha solicitado hoy a los Ministerios de Sanidad y de Transición Ecológica que, para asegurar una mejor defensa de la salud humana, se adopten a nivel nacional medidas más estrictas para eliminar su presencia en las aguas del grifo.
Los PFAS son un grupo de sustancias químicas extraordinariamente persistentes en nuestros cuerpos y en el medio ambiente, motivo por el que reciben el sobrenombre de “tóxicos eternos”. La literatura científica advierte claramente sobre el grave riesgo que entraña la exposición a estos compuestos.
Según la Endocrine Society, pueden provocar problemas de salud como cáncer, alteración de los niveles de colesterol, de la función tiroidea, de la respuesta inmunitaria o de la función hepática y renal, además de dañar la salud reproductiva e incrementar el riesgo de defectos congénitos. El coste económico relacionado con efectos en la salud asociado a la exposición a PFAS se ha estimado entre los 52.000 y los 84.000 millones de euros al año en el área económica europea (EEA).
Los PFAS son vastamente empleados en la sociedad actual, de modo que, bien por ser liberados desde las fábricas o desde los productos que los portan, han contaminado el entorno de forma extensa. Hoy son prácticamente omnipresentes en el agua de todo el mundo, incluidas las aguas superficiales, subterráneas y potables. De hecho, se considera que el agua del grifo es, precisamente, junto con algunos alimentos, una de las principales vías por las que estas sustancias tóxicas llegan al cuerpo humano.
Por ello, Hogar sin tóxicos ha instado al Gobierno a seguir el ejemplo de otros países que ya han establecido límites de concentración más estrictos para la presencia de cuatro PFAS concretos en el agua del grifo, yendo más allá de lo fijado por la UE en su Directiva sobre calidad del agua destinada al consumo humano. Dinamarca, por ejemplo, ha establecido una concentración de 2 nanogramos por litro.
En Flandes (Bélgica) y Suecia11 se han fijado 4 ng/L y en los Países Bajos, por su parte, 4,4 ng/L. Ello fue así porque estos países tuvieron en cuenta el dictamen que publicó la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en 2020, en el que se fijaba la ingesta semanal tolerable (IST) en 4,4 ng/kg para la suma de las cuatro sustancias aludidas. Lamentablemente, la Directiva Europea no tuvo en cuenta el dictamen de la EFSA.
Los límites de seguridad de los PFAS no están claros
La actual Directiva europea sobre el agua destinada al consumo humano limita el contenido total de PFAS en el agua potable a 500 nanogramos por litro y los niveles para 20 PFAS individuales a 100 nanogramos por litro. Lamentablemente, no ha tenido en cuenta suficientemente el grado de conocimiento científico actual.
Y, por lo tanto, no está claro que proteja debidamente la salud humana, tal y como en su día denunció la European Environmental Bureau (EEB), entidad con la que colabora Hogar sin tóxicos. Es más, puede que no haya ninguna concentración que se pueda considerar claramente “segura” de algunas de estas sustancias, entre otros motivos debido a la condición de muchas de ellas de disruptoras endocrinas, sustancias que la ciencia define como “sin umbral” seguro claro.
Incluso países no comunitarios y que normalmente no pueden hacer gala de tener normas más exigentes que las de la UE han dado algunos pasos para reducir más la presencia de PFAS en el agua del grifo. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), por ejemplo, ha propuesto fijar una concentración de solo 4 ng/L para dos de esos compuestos, el PFOA y el PFOS, además de previsiones de seguridad para otros cuatro.
Ante esta situación, el responsable de Hogar sin tóxicos, Carlos de Prada, defiende que “el Gobierno no solo debe ir más lejos de lo recogido en la norma europea, estableciendo umbrales más restrictivos en su propia normativa sobre el agua potable, sino también solicitar a la Comisión Europea que ello se haga a nivel de toda la UE”.
Sin embargo, establecer unas normas más estrictas sobre la calidad química de las aguas del grifo representará que, para cumplirlas, se deban poner en marcha unos sistemas de eliminación de contaminantes que hoy no suelen tener muchas de las instalaciones convencionales de tratamiento de agua potable urbana.
Unas técnicas que, como las de ósmosis inversa con carbón activado, podrían representar una notable elevación de los precios del agua. De hecho, las empresas de tratamiento del agua europeas agrupadas en EurEau ya han alertado al respecto.
El que contamina, paga
En vista de esta situación, desde Hogar sin tóxicos se pide también a las autoridades que emprendan las medidas necesarias para que “de una vez por todas se cumpla en la UE ese principio, que debiera ser aplicado de oficio en la UE, pero que pocas veces lo es, de ‘quien contamina paga’. Es decir, que sean las empresas que se benefician produciendo y comercializando estas sustancias tóxicas las que paguen por los problemas que generan, y no los ciudadanos con sus impuestos o sus facturas del agua”.
Si esos sistemas no se implantasen en las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), podría obligar a que los propios ciudadanos que pudieran permitírselo y quisieran asegurar una mayor calidad química de su agua, instalasen filtros en sus viviendas, lo que puede llegar a ser costoso en el caso de los sistemas más eficaces, además de poder conllevar dificultades de mantenimiento, etc.
Según apunta De Prada, “el problema es la aplicación de supuestas soluciones de ‘final de tubería’, esto es, de no prevenir la contaminación en origen, sino tolerarla en mayor o menor grado, confiando en que luego habrá algún modo de depurarla. Algo que, con demasiada frecuencia, no funciona”.
Por ello, añade, “al margen de si se establecen o no límites legales más bajos y de la necesidad de sistemas más exigentes de tratamiento, la prioridad absoluta debe ser la de exigir que quien está llenando las aguas de sustancias tóxicas como los PFAS deje de hacerlo. Eso nos ahorraría muchos problemas”.
En ese sentido, Hogar sin tóxicos pide también al gobierno español que apoye los planes para la prohibición de los PFAS como grupo de sustancias, planes que fueron anunciados en su momento en la UE dentro de la Estrategia de Productos Químicos para la Sostenibilidad, pero que las presiones de la industria química intentan hacer naufragar. Como comenta la responsable de políticas de químicos en EEB, Dolores Romano, “es urgente prohibir la fabricación y el uso de los PFA, apoyando la propuesta de restricción de que han planteado cinco países europeos.
Solo usos que sean absolutamente imprescindibles y para los que no haya alternativas deben permitirse bajo estrictas medidas de control. La Comisión debe aclarar también quién se va a hacer cargo de la limpieza de los miles de zonas altamente contaminadas por PFAS y de los costes de potabilización de agua”.
Salud versus costes
Consciente de que la adopción de medidas como las propuestas pueden tener detractores que aleguen el coste económico que podría representar actuar, Carlos de Prada señala que “no se debe desistir en el empeño de tener un agua más limpia y segura. No se debe establecer unos límites de concentración que no protejan realmente la salud humana, por prestar más atención a los costos que ello pueda representar”.
Por otro lado, añade que “no conviene tampoco dejar de considerar que el coste económico de no actuar puede ser infinitamente superior”, no solo por los costes ya mencionados asociados a problemas de salud, sino también por los costes del tratamiento de potabilización y depuración, sociales, ambientales, de control, etc. Los costes económicos para toda la sociedad, dejando a un lado consideraciones más humanas, son mucho más elevados que los beneficios de los PFAS aludidos.
Hogar sin tóxicos también solicita que se mejore el seguimiento de la presencia de estas sustancias en el agua de abastecimiento urbano, ampliando a más sustancias de este tipo de las que actualmente recoge la normativa (un ejemplo de ello puede ser el TFA, ácido trifluoroacético, cuyas concentraciones están creciendo en el agua a escala planetaria y que es especialmente difícil de eliminar del agua potable).
Por otro lado, se debe mejorar enormemente la información que se proporciona a los ciudadanos sobre estas y otras sustancias tóxicas, superando la carencia de muchos datos y dificultad de comprensión que actualmente tiene el SINAC (Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo).
Todos tenemos derecho a saber cuál es el contenido de PFAS que tiene el agua que consumimos, más cuando no hay un límite claro de seguridad de estas sustancias y, para colmo, resultan no solo muy dañinas, sino bioacumulables.
