El anteproyecto de Ley de Calidad Ambiental unificará los permisos y prevé sanciones de hasta 500.000 euros por los incumplimientos sobre los protocolos de estiércoles y nitratos, con la aprobación prevista para el primer trimestre de 2027.
Castilla-La Mancha prepara una Ley de Calidad Ambiental que combinará permisos más ágiles con un régimen específico de vigilancia y sanciones. El anteproyecto contempla multas de hasta 3,5 millones de euros por incumplimientos de las autorizaciones ambientales y de hasta 500.000 euros por vulnerar la normativa sobre estiércoles o nitratos.
La principal novedad administrativa será la Autorización Ambiental Unificada, que permitirá reunir en un solo expediente la resolución de los trámites hasta ahora separados, como los relativos a los residuos y las emisiones a la atmósfera en Castilla-La Mancha. También se prevé iniciar consultas preliminares y procedimientos simplificados para ciertas actividades.
El texto reforzará las inspecciones y regulará varios ámbitos, como la gestión de estiércoles en las explotaciones porcinas y la protección de las zonas vulnerables de los vertidos de nitratos. La norma todavía no está aprobada: debe pasar por el Consejo Consultivo, regresar al Gobierno autonómico y remitirse a las Cortes. El Ejecutivo prevé culminar su aprobación en el primer trimestre de 2027.
Castilla-La Mancha prepara una Ley de Calidad Ambiental
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado en consideración el anteproyecto de Ley de Calidad Ambiental, la primera norma autonómica integral sobre este asunto que ordena, refuerza y simplifica la protección ambiental de la región y, además, incluye un régimen sancionador específico que también contempla la gestión de estiércoles en explotaciones porcinas o la protección de las zonas vulnerables a nitratos.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha informado este martes en rueda de prensa de la toma en consideración por el Consejo de Gobierno de este anteproyecto de ley, que ahora debe ser remitido al Consejo Consultivo, que dispone aproximadamente de un mes para elaborar su informe, de forma que cuando esté listo, la futura ley pasará de nuevo por el Consejo de Gobierno y se remitirá a las Cortes, con la previsión de que pueda estar aprobada en el primer trimestre de 2027.
La consejera ha explicado que el futuro texto permitirá reducir cargas burocráticas, mejorar la coordinación entre las distintas administraciones competentes y ofrecer una mayor seguridad jurídica a ciudadanos, ayuntamientos, empresas y entidades que desarrollan actividades con incidencia ambiental, con el objetivo de favorecer una gestión más eficaz y transparente.
Gómez ha señalado que el anteproyecto responde a algunos de los principales desafíos ambientales actuales, entre ellos la lucha contra el cambio climático, la mejora de la calidad del aire, la gestión sostenible de los residuos, la protección de los recursos naturales y la prevención de la contaminación.
Novedades de la futura ley
Entre las novedades más relevantes, Mercedes Gómez ha destacado la creación de la Autorización Ambiental Unificada (AAU), que permitirá integrar en un único expediente y una única resolución procedimientos que hasta ahora se tramitaban por separado.
De esta manera, autorizaciones vinculadas a la gestión de residuos y a las emisiones atmosféricas podrán gestionarse conjuntamente, lo que permitirá reducir tiempos de tramitación y evitar duplicidades administrativas.
El anteproyecto también incorpora nuevas herramientas de simplificación administrativa como las consultas preliminares, la renovación de determinadas autorizaciones mediante declaración responsable y procedimientos simplificados para determinadas actividades.
«La ley no nace para imponer más burocracia, sino precisamente para simplificar procedimientos manteniendo todas las garantías ambientales. Proteger más y tramitar mejor», ha afirmado la consejera.
Otro de los pilares será el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia, control e inspección ambiental, ya que el anteproyecto incorpora mecanismos específicos para mejorar el seguimiento de las actividades con afección ambiental y garantizar el cumplimiento de la normativa.
Además, por primera vez se establece una regulación específica en ámbitos que carecían de un régimen propio, como los organismos de control de la atmósfera, la gestión de estiércoles en explotaciones porcinas o la protección de las zonas vulnerables a nitratos.
Asimismo, se revisa la clasificación de infracciones y las cuantías sancionadoras, diferenciando las conductas leves, graves y muy graves, con el objetivo de adaptarlas a la realidad actual y reforzar la capacidad de respuesta ante incumplimientos ambientales.
En concreto, las empresas que incumplan las autorizaciones ambientales se pueden enfrentar a multas de hasta 3,5 millones de euros y, si se vulnera la normativa sobre gestión de estiércol o nitratos, de hasta 500.000 euros.
«El objetivo es dotar a la Administración de herramientas más eficaces para prevenir daños ambientales y restaurar la legalidad cuando sea necesario, siempre desde un enfoque preventivo y no sancionador», ha señalado Gómez.
La prevención de la contaminación por nitratos cuenta ya con varias referencias para actuar antes de que el deterioro sea peor. El Real Decreto 47/2022 sirve para identificar las aguas afectadas marcando unos parámetros de 37,5 miligramos de nitrato por litro en las aguas subterráneas y 25 miligramos por litro en las superficiales. Son criterios de protección ambiental que dan contexto al refuerzo del control sobre estiércoles y fertilización: vigilar su gestión permite intervenir sobre las fuentes de contaminación y proteger tanto los acuíferos como los ríos y embalses.
