Para la consejera de Presidencia, Eva Almunia, «hoy hemos dado el primer paso para que el desarrollo rural en Aragón además sea sostenible». Almunia ha destacado que la cuantía de 220 millones es una inversion muy importante» en la que han participado muchas administraciones públicas. Para Eva Almunia esta ley «viene a solucionar problemas que las propias comarcas tienen en su ámbito de actuación».
Por su parte, Alfredo Boné ha explicado que «la ley es muy amplia, abarca muchas áreas, desde infraestructuras y servicios hasta cuestiones relacionadas con el medio ambiente, el agua, los servicios sociales, la educación y todos aquellos elementos que tienen que ver con la calidad de vida en el medio rural».Boné ha destacado que «cada comarca ha elaborado un plan de zona desde un amplio proceso de participacion» en el que han participado estamentos políticos y de las administraciones públicas, así como agentes sociales, empresariales y asociaciones de cada comarca. Boné ha subrayado asimismo la importancia que ha tenido la comarcalización para facilitar la puesta en marcha de la ley.
Una vez aprobado el Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS), el instrumento diseñado desde el Ministerio de Medio Ambiente para la puesta en marcha de la ley, la Comunidad Autónoma de Aragón debía firmar este protocolo con la Administración General del Estado, que establece el marco general de colaboración entre ambas administraciones.
Con esta firma se da un importante paso en el calendario para la puesta en marcha de esta ley en Aragón, y se establece la senda financiera, que prevé una inversión de 149 millones de euros en el periodo 2011-2015, que serán aportados al 50% entre el Gobierno de Aragón, a través de los departamentos de Presidencia y de Medio Ambiente, y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Para el año 2011, se prevé una inversión de 28,5 millones de euros.
A estos 149 millones hay que sumar la aportación que hace cada una de las zonas rurales que se beneficiarán de estos fondos (en el caso de Aragón, las zonas rurales coinciden con las comarcas), y los 48,8 millones de euros de los 13 planes piloto de los que ya se está beneficiando 13 comarcas aragonesas. Los planes piloto son experiencias previas al desarrollo de la ley ejecutados a modo de laboratorio a escala real para un óptimo desarrollo de la norma, de su filosofía y sus ejes de actuación. Así, la Ley de Desarrollo Rural Sostenible en Aragón, contando la aportación de todas administraciones, supondrá una inyección económica total de cerca de 220 millones de euros.
Además, el protocolo firmado hoy concreta los órganos de gobernanza interdepartamentales y territoriales y de coordinación operativa; las zonas rurales en los que se van a aprobar los Planes de Zona, las envolventes financieras y la creación de una comisión de seguimiento para facilitar la coordinación y el desarrollo y puesta en marcha de la Ley en Aragón.
Convenio Específico
A la firma de este Protocolo General le seguirá la firma del Convenio Específico entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma, donde se establecerá el marco para la ejecución, seguimiento y evaluación de las actuaciones concertadas de los Planes de Zona aprobados. Este Convenio Específico se rubricará una vez diseñados y aprobados todos los Planes, que se han elaborado durante los últimos meses a través de los comités comarcales, los órganos de coordinación y participación que reúne a los representantes políticos, sociales y empresariales de cada zona rural.
Las actuaciones incluidas en los Planes de Zona engloban cinco líneas de actuación de acuerdo a los objetivos de la propia ley: energías renovables, servicios comarcales, infraestructuras comarcales, fomento del empleo y actuaciones en infraestructuras y servicios a nivel local.
Trabajo previo
Desde mayo hasta julio, el entonces consejero de Presidencia, Javier Velasco, y de Medio Ambiente, Alfredo Boné, recorrieron las comarcas aragonesas para explicar el contenido y puesta en marcha de la Ley en Aragón a todos los representantes municipales y comarcales aragoneses.
La ley clasifica las zonas rurales en tres tipos en función de sus características e indicadores sociales, económicos y demográficos: a revitalizar, intermedias y periurbanas. Estos criterios, que son comunes para la clasificación de todas las zonas rurales de las Comunidades Autónomas, se aprobaron mediante acuerdo aprobado por el Consejo para el Medio Rural y se incorporaron al Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS), y en función de ellos se establece el reparto de fondos previsto en la ley.
De manera previa a la ley en Aragón se han puesto en marcha 13 planes piloto, en 13 zonas rurales de las tres provincias aragonesas, para desarrollar iniciativas y actuaciones que sirvan como laboratorio a escala real de las que extraer conclusiones y experiencias para un óptimo desarrollo de la ley.