Hasta la fecha, los pasos más recientes del Gobierno en la materia se recogen en el proyecto de Ley de Economía Sostenible, en su artículo 33 dedicado a la sostenibilidad del sector público, donde se resalta la necesidad de la transparencia en la gestión, el compromiso con el medio ambiente, la protección de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres o la integración de la discapacidad, entre otros aspectos.
Además, el Consejo de Ministros del pasado 16 de julio de 2010, aprobó el proyecto de Ley de Economía Social, a propuesta del entonces ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, donde se reconocía ejercicio de actividad económica y empresarial en el ámbito privado mediante la asociación de personas que, conforme a unos principios participativos y sociales, encaminan su acción al interés colectivo de sus miembros, pero también, en su caso, al interés general, tanto económico como social.
El objetivo básico de la Ley es configurar un marco jurídico que suponga el reconocimiento y mejor visibilidad de la Economía Social, otorgándole una mayor seguridad jurídica, sin pretender sustituir la normativa vigente de cada una de las entidades que conforman el sector (cooperativas -en sus distintas modalidades-, sociedades laborales, mutualidades, empresas de inserción, centros especiales de empleo, sociedades agrarias de transformación, cofradías de pescadores, fundaciones y asociaciones).
En España, son varias las comunidades autónomas que están aprobando sus propias normativas en materia de RSE. Tal es el caso del Parlamento extremeño que el pasado mes de septiembre respaldó la tramitación del proyecto de Ley de Responsabilidad Social Corporativa.
ECOticias.com – ep