Ecologistas en Acción denuncia que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico haya tramitado el documento sin someterlo a una evaluación ambiental estratégica previa y anuncia acciones legales ante el proceder irregular del ministerio.
La organización ecologista señala que se trata de un documento sesgado y critica su carácter de correa de transmisión de los intereses del lobby minero: “Es ofensivo con las comunidades afectadas por los impactos ambientales y sociales del sector extractivista”, declaran.
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Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones a la ‘Hoja de Ruta para la gestión sostenible de las Materias Primas Minerales’, un documento cuyos contenidos, lamentan, son parciales, sesgados y responden exclusivamente a las exigencias del lobby minero.
La organización ecologista expresa su estupor por el modo en que en el documento del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se minimizan o se niegan los impactos ambientales y sociales. Al mismo tiempo, se ampara la ingeniería social o el adoctrinamiento escolar para forzar la aceptación de nuevos proyectos mineros. Incluso, a juicio de Ecologistas en Acción, “se reproducen las falacias de estos grupos de presión sobre los altos estándares medioambientales mineros, ignorando la realidad”. En el documento propuesto por el Gobierno se llega a afirmar que la percepción ciudadana sobre los impactos ambientales y sociales de la minería se “deriva simplemente de los prejuicios y la falta de conciencia de la importancia de las materias primas para la sociedad”.
Resaltan que en el documento se soslaya deliberadamente que en la UE los residuos mineros ya son la segunda principal fuente de residuos. Cada año se extraen unos 150.000 millones de toneladas de rocas que generan, entre otros residuos, 13.000 millones de toneladas de lodos.
Por otra parte, Ecologistas en Acción anuncia que, de aprobarse el documento, lo recurrirán en los tribunales, ya que el Gobierno lo ha tramitado sin iniciar el preceptivo trámite de evaluación ambiental estratégica. Desde el colectivo ecologista recuerdan que la ley de evaluación ambiental establece que los planes y programas requieren de una declaración ambiental estratégica para su aprobación y que la Hoja de Ruta viene a sustituir el último Plan de Abastecimiento de Materias Primas Minerales.
Subrayan que otros países europeos, como Irlanda o Montenegro, hayan tramitado en fechas recientes documentos similares sometiéndose a la evaluación ambiental estratégica, mientras que en el caso español se haya ignorado esa prescripción legal, reduciendo además el plazo de alegaciones a 20 días y la extensión a 10 páginas, lo que consideran una ilegalidad.
Para Ecologistas en Acción es muy significativo que en el documento se relegue la alternativa a la minería extractiva a lo insignificante. Entre las loas al extractivismo minero se oculta la verdadera dimensión que puede alcanzar la minería urbana, de vertedero o de escombrera. En el texto no hay ninguna mención a que mediante la reutilización, recuperación y reciclaje de metales se puede satisfacer gran parte de la demanda de metales críticos. En el informe ‘Reciclaje de metales’, recién publicado por Ecologistas en Acción, se enumeran y cuantifican los metales recuperables existentes en el inventario español de baterías usadas, vehículos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Según este informe, la cantidad a reciclar de metales como el cobre o el oro supera a la demanda estatal prevista para la fabricación de las tecnologías de transición, con un 5.814,3 % en el caso del cobre y un 137,5 % en relación al oro.
La postura del lobby minero
Por el contrario, el grupo de presión minero representado por la organización patronal PRIMIGEA, ha felicitado al Gobierno y a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, admitiendo que se trata de una iniciativa que parte del propio grupo de presión y que “esta confederación ha jugado un papel clave y esencial en todo su desarrollo”. Ecologistas en Acción señala que el lobby minero ha movilizado al sector con la intención de que se permita realizar proyectos mineros en áreas protegidas, incluyendo la Red Natura 2000. Otra pretensión de este grupo de presión es que no se revise el régimen fiscal e impositivo de la minería, que actualmente, y desde mediados del siglo XX, ha convertido a España en uno de los pocos países europeos en los que no existen impuestos específicos que graven el valor de lo extraído.
