Una organización ecologista ha dado respuesta a las declaraciones de la eurodiputada Carmen Crespo. La misma en alocuciones pasadas ha dicho que esta organización ecologista ha ‘criminalizado’ al sector de la agricultura de Andalucía y Murcia.
Para rebatir sus argumentos, la organización explica que su campaña, llamada El Verdadero Precio de los Alimentos no es un ataque al sector agrario, sino que su objetivo es denunciar cuáles son los impactos sociales y ambientales que tiene la agroindustria.
En esta campaña se explica claramente que el modelo agrícola predominante tanto en Murcia como en Almería incumple con la normativa vigente. Esa es la razón por la que por lo que resulta de la mayor urgencia que se pongan en marcha soluciones para esta problemática y se empleen alternativas que resulten más respetuosas con las personas y con el medio ambiente.
‘Coletazos’ de la visita de los ecologistas a Bruselas
Los ecologistas, junto a otras entidades de la sociedad civil, estuvieron el pasado 29 y 30 de abril en Bruselas para denunciar los impactos negativos de la agroindustria y exigir un cambio en la política agraria europea. Este hecho fue el motivo de unas declaraciones infundadas y generadoras de confusión de Carmen Crespo, eurodiputada y exconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Andalucía, en las cuales acusaba a los ecologistas de criminalizar el sector agrícola andaluz y murciano.
La organización ecologista responde ahora a las palabras de Crespo para aclarar que su campaña, El Verdadero Precio de los Alimentos, no está criminalizando al sector agrario: “El sector agrario no es la agroindustria, y dentro de este agronegocio hay algunos operadores, aún muy pocos, que hacen las cosas bien”.
Para la organización es urgente señalar los efectos nocivos de la agroindustria actual sobre el medioambiente y las personas. Además, denuncia que debido al modelo orientado a la explotación, los mercados y grandes cadenas de minoristas en el norte de Europa son también corresponsables de estos efectos.
¿Qué dijeron los ecologistas?
A continuación, se transcribe la respuesta completa de la organización ecologista:
“Acusamos a la agroindustria que incumple la ley en Murcia, Almería, Granada, Málaga y Huelva y otros lugares, que promueve modelos de explotación de recursos y personas, dejando un rastro de todo tipo residuos contaminantes: plaguicidas, plásticos que acaban en el suelo, aire y agua como micro y nanoplásticos, con sobreexplotación de recursos indispensables para la vida como el agua y ocupación masiva del territorio destruyendo hábitat de elevado interés ecológico como los humedales.
Los pequeños y medianos agricultores y agricultoras también son víctimas de la agricultura industrial que les complica su actividad hasta tener que abandonarla, dejando así paso libre a las grandes empresas y a los fondos de inversión.
Las consecuencias son bien conocidas por toda la sociedad: pérdida de hábitat de gran interés y de biodiversidad, sobre todo de insectos, indispensables en agricultura; eutrofización y colapso de ecosistemas acuáticos por la acumulación de fosfatos y nitratos procedentes de los fertilizantes, ejemplificado claramente en los episodios de mortandad de peces en el Mar Menor, en Murcia; miles de vertederos ilegales que, en Almería, alimentan el Mediterráneo de microplásticos arrastrados a través de las ramblas de forma alarmante desde hace 45 años (Dahl M. et al., 2021).
Además de pantanos vacíos en una tierra sedienta y acuíferos sobreexplotados con radiactividad que provocan restricciones de agua de boca y dependencia de desaladoras con gran consumo energético y, que con el apagón, dejaron sin agua a varios municipios del poniente almeriense; o el colapso de Doñana, provocado en gran medida por la sobreexplotación agrícola de los acuíferos que nutren el humedal.
Como organización ecologista no podemos permanecer en silencio y de brazos cruzados ante tamaña destrucción de nuestro presente y nuestro futuro, para beneficio económico de minorías.
Con unos beneficios próximos a los 3.000 millones de euros en la campaña 2023/24 de agricultura bajo plástico en Almería, y aumentando la superficie dedicada a agricultura intensiva cada año, continúan sin resolverse problemas estructurales como la insuficiencia de sistemas de gestión de residuos agroindustriales, la puesta a punto de la depuración del agua, o las viviendas dignas para temporeros/as.
El control, la vigilancia y las sanciones de las Administraciones es escasa e insuficiente, afectando de forma especialmente grave al incumplimiento de los derechos humanos y laborales de personas migrantes trabajadoras del sector, vulnerados sistemáticamente, tal y como muestran el informe Frontera Sur 2025 y el video La voz del invernadero, presentado por nuestra organización en el Parlamento Europeo junto al director del filme, Santi Donaire.
En sus declaraciones, Carmen Crespo ha destacado el cumplimiento de la normativa europea en el modelo agrícola en Andalucía y Murcia. La eurodiputada está obviando muchas cuestiones más que evidentes y demostradas sobre el incumplimiento de la normativa por un elevado porcentaje de productores/as.
Lo que se olvida Crespo
Quizás la eurodiputada aún no haya tenido tiempo de leer a fondo el informe presentado al Parlamento sobre el que funda sus declaraciones, ‘La huerta, en oferta. La contaminación por nitratos y el papel del comercio alimentario alemán’, basado en resultados de un meticuloso estudio de:
- Informes propios de la organización ecologista y de otras instituciones como APDHA, CSIC o universidades como la de Jaén, Málaga y Almería, sobre hechos reales, basados en análisis de un elevado número de muestras recogidas in situ por especialistas y elaborados por laboratorios de renombre nacional y europeo.
- Los cientos de vertederos ilegales señalados por personas registradas en la web ecologista (Stop Vertidos Ilegales) donde hay más de 500 puntos de vertidos plásticos de la agroindustria sobre la naturaleza, que han quedado registrados con la ubicación (cualquiera puede ir a corroborarlo).
- La sentencia de incumplimiento de Estado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2024, en la que se evidencia que la Región de Murcia no ha adoptado las medidas adicionales o acciones reforzadas necesarias en relación con la contaminación por nitratos, entre otras cuestiones.
Desde la organización solo respondemos a nuestro objetivo de denunciar injusticias sociales y ambientales, haciendo un ingente trabajo de voluntariado, con gran esfuerzo personal y colectivo, con pocos medios y recursos —salvo los que otorga la ciudadanía— según la legalidad vigente.
Le pese, a quien le pese, a gobiernos y Administraciones, señalamos y denunciamos ilegalidades y proponemos soluciones y alternativas más respetuosas con las personas y con el medio ambiente”.
