La decisión que ha tomado España en relación al plomo es firme, pero con ciertos matices. Si bien es cierto que prohibirá el uso de este material en la caza, ese apoyo sin fisuras a que se deje de usar viene condicionado con ciertas medidas flexibles en forma de plazos para hacerlo realidad.
España no se encuentra entre los 13 Estados Miembros de la Unión Europea (UE) que han mostrado su rechazo a la propuesta presentada por un grupo de científicos para que el plomo no se use más en actividades de caza.
En este mismo sentido, La Real Federación Española de Caza (RFEC) en un comunicado ha rechazado la idea de estos investigadores mientras respaldaba la posición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en la necesidad de aplicar una moratoria.
España acabará con el plomo, pero con plazos flexibles
Un total de 13 Estados Miembros de la Unión Europea (UE) ha mostrado su rechazo a la propuesta presentada por un grupo de científicos para prohibir el plomo en la caza entre los que no se encuentra España que apoya «sin fisuras» la transición para dejar de usarlo, aunque con medidas flexibles.
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Fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) han asegurado a Efeagro que, a diferencia de esos 13 países, el Ministerio español «no plantea la retirada» de la propuesta, aunque defiende las dificultades económicas que implica la transición en los plazos que se plantean -entre 18 y 36 meses-.
El MAPA considera que ampliar el periodo transitorio permitiría explorar alternativas «más plausibles» al plomo, evitando las dificultades de las alternativas existentes, que implican «riesgos para la seguridad del usuario», debido al mayor riesgo de rebotes. Las mismas fuentes apuntan a que el «responsable último» de la decisión es el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
La oposición de los Estados Miembros se fundamenta también en las dificultades que el cambio puede generar sobre las labores de control poblacional, fundamentalmente en jabalíes y, en la península Ibérica, en conejos.
Confluencia entre la Federación y el Ministerio
La Real Federación Española de Caza (RFEC) difundió un comunicado el pasado martes en el que rechazaba la propuesta de los investigadores y respaldaba la posición del Ministerio en la necesidad de aplicar una moratoria.
La RFEC argumenta que «no existen estudios» que analicen el efecto de su prohibición en el contexto socioeconómico y ambiental en España, así como la importancia de la caza como «principal herramienta» de gestión para hacer frente a realidades como el incremento de los daños agrícolas causados por la fauna silvestre.
Además, en el comunicado, ha rechazado la afirmación de los investigadores sobre el posible destino de los animales «para alimentación humana o animal». Según la RFEC hay una «imposibilidad práctica» de introducir estos canales en los circuitos de donación o mercados, así como la «imposibilidad operativa» de gestionar los excedentes.
Tanto el Ministerio como la Federación coinciden en que una transición apresurada podría generar problemas. El MAPA defiende la importancia del «adecuado control de poblaciones sobreabundantes», ya que considera que tiene un impacto económico, social y medioambiental que «debe contemplarse» para evitar los riesgos de una transición inadecuada.
Mantiene una postura «abierta e integradora», en la que defiende que la propuesta pueda realizarse en el menor tiempo posible, «cumpla con su objetivo medioambiental» y garantice la sostenibilidad social y ambiental.
La RFEC entiende que la prohibición del plomo es un objetivo común, pero ha advertido que convertirlo en una batalla ideológica «solo conseguirá enfrentar a los colectivos interesados» y dificultar la aplicación. EFE / ECOticias.com
