La UE rebaja las exigencias de sostenibilidad a las grandes empresas y cambia el equilibrio entre competitividad y control ambiental en el bloque comunitario. El acuerdo definitivo reduce drásticamente el número de compañías obligadas a informar sobre su impacto social y climático.
El movimiento, defendido como una simplificación necesaria para aliviar cargas administrativas, supone elevar umbrales, eliminar obligaciones clave y suavizar sanciones. Para sus críticos, es un paso atrás en transparencia, derechos humanos y lucha contra el cambio climático.
La UE rebaja las exigencias de sostenibilidad a las grandes empresas y reduce su alcance legal
El recorte reduce hasta un 80 % las compañías obligadas a informar, elimina planes climáticos y suaviza sanciones en un giro que ONG y sindicatos califican de retroceso.
La presidencia del Consejo, actualmente a cargo del Consejo de la Unión Europea bajo la autoridad presidencial de Chipre, anunció planes para simplificar las normas con el fin de impulsar la competitividad y reducir las cargas administrativas desproporcionadas que soportan las empresas.
La UE exigirá a partir de ahora, informes de sostenibilidad únicamente a las empresas con más de 1.000 empleados y una facturación neta anual de 450 millones de euros. Estas nuevas circunstancias reducirán el número de empresas afectadas en un 80 %.
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La Unión Europea dio este martes el visto bueno final para rebajar las exigencias en materia de sostenibilidad y diligencia debida para las grandes empresas, medida con la que busca simplificar la normativa comunitaria e impulsar así la competitividad del bloque.
Un recorte del 80 % en las compañías obligadas a informar
Los Estados miembros aprobaron el acuerdo alcanzado en diciembre con la Eurocámara para suavizar los requisitos y reducir el alcance de las directivas sobre informes de sostenibilidad (CSRD) y de diligencia debida (CSDDD), creadas para reforzar la transparencia y garantizar que las empresas identifican, prevén y mitigan el impacto social y medioambiental de sus actividades.
«Reduciremos las cargas innecesarias y desproporcionadas para nuestras empresas, con normas más sencillas, específicas y proporcionadas tanto para nuestras compañías como para nuestros ciudadanos». «Una Unión más autónoma significa también una Unión más competitiva«, dijo la viceministra de Asuntos Europeos de Chipre, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE.
Por un lado, la UE reducirá el número de empresas obligadas a presentar informes de sostenibilidad a aquellas firmas del bloque que empleen a más de 1.000 personas y tengan una facturación anual neta superior a los 450 millones de euros.
Esto representa un recorte del 80 % en las compañías sujetas a esta exigencia, que anteriormente se aplicaba a aquellas con más de 250 trabajadores.
El umbral de facturación neta también se ha incrementado para las empresas no pertenecientes a la UE, que deberán generar al menos 450 millones de euros en el bloque comunitario para estar obligadas a informar.
Por otra parte, la nueva normativa limita el alcance de la Directiva de diligencia debida, que obliga a las grandes empresas a mitigar tanto su propio impacto sobre la sostenibilidad como el de las firmas que formen parte de su cadena de suministros.
Solo aquellas que tengan más de 5.000 empleados y una facturación anual neta superior a los 1.500 millones de euros tendrán que cumplir estas exigencias, que hasta ahora se aplicaban a aquellas con más de 500 trabajadores y 150 millones de facturación.
Adiós a los planes obligatorios de transición climática
Además, se elimina la obligación de que adopten planes de transición para la mitigación del cambio climático y se suprime el régimen armonizado de responsabilidad civil previsto en la anterior directiva, de modo que ya no habrá un marco común europeo para reclamar jurídicamente a las empresas que incumplan.
La nueva directiva reduce asimismo las posibles sanciones, hasta un máximo del 3 % de la facturación global de la empresa.
Las compañías tendrán también más flexibilidad a la hora de identificar sus impactos adversos, pudiendo centrarse solo en las áreas donde estos son más probables y priorizando la evaluación de sus socios directos, lo que debería reducir las peticiones de información a las firmas más pequeñas. Por último, la UE aplaza un año más, hasta julio de 2029, la aplicación de esta directiva.
ONG y sindicatos alertan de un retroceso en derechos y transparencia
Tras el visto bueno de los Estados, las normas serán publicadas en el boletín oficial de la UE y los Gobiernos tendrán un año para incorporarlas en sus respectivas legislaciones nacionales.
ONG y sindicatos han criticado desde que se propusieron los cambios que estos reducirían la cobertura, transparencia y control de sostenibilidad, además de incrementar el riesgo para los derechos humanos y el medio ambiente, al tiempo que generarían inseguridad jurídica al modificar normativas aprobadas en la pasada legislatura.
Las normas de sostenibilidad fueron las primeras que el Ejecutivo comunitario decidió simplificar, dentro del bautizado como ‘Ómnibus I’, un paquete legislativo al que han seguido otros en la misma línea con el fin de reducir entre un 25 y un 35 % las cargas administrativas para las empresas de la UE, que consideran estas como uno de los principales obstáculos para su competitividad.
La directiva revisada sobre diligencia debida se aplicará únicamente a las empresas con más de 5.000 trabajadores y una facturación de 1.500 millones de euros. Gracias a ello, se flexibilizarán las obligaciones y se reducirán las multas máximas al 3 % de los ingresos globales.
Las organizaciones no gubernamentales y los sindicatos advierten que los cambios propuestos debilitarán la supervisión y la seguridad jurídica. Mientras que la Comisión Europea enmarca la reforma, conocida como Ómnibus I, como parte de un esfuerzo más amplio para reducir la burocracia empresarial. Seguir leyendo en SOSTENIBILIDAD
