El Ejecutivo comunitario declinó inicialmente, el día viernes, comentar los motivos que han llevado a la Comisión que preside Ursula von der Leyen a retirar la propuesta de ley que presentó en septiembre de 2023. Las normas propuestas buscaban que las empresas fundamenten y justifiquen las alegaciones ecológicas de sus productos y servicios.
En su propuesta original, la Comisión Europea aseguraba que las medidas de la propuesta no van más allá de lo necesario para que los consumidores puedan tomar decisiones de compra con conocimiento de causa y promover un consumo sostenible, sobre la base de información fiable y verificada. Pero aparentemente esto ha cambiado mucho según la nueva ley.
Se han excusado de que en su estado actual, la normativa afectaría a «30 millones de microempresas», aseguró, y esto «desvirtuaría la propuesta de la Comisión de tal forma que impediría alcanzar los objetivos perseguidos, es decir, fomentar el desarrollo de los mercados ecológicos evitando imponer cargas indebidas a las empresas más pequeñas».
A falta de una ley que le ponga coto, el ecopostureo seguirá campando a sus anchas en Europa
Los colegisladores de la Unión Europea no negociaron este lunes la futura ley europea contra el ecopostureo, como estaba previsto, después de que el dossier se haya adentrado en un terreno inusual y confuso desde que el pasado viernes la Comisión Europea anunciara que se disponía a retirar su propia propuesta.
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La llamada Directiva sobre Declaraciones Ecológicas o Medioambientales (Green Claims Directive) busca reforzar la normativa para evitar que las empresas puedan hacer afirmaciones engañosas sobre las cualidades medioambientales de sus productos y servicios.
Fue presentada originalmente por la Comisión Europea (CE) en marzo de 2023, durante la primera legislatura de Ursula von der Leyen al frente del Ejecutivo y con el ahora eurodiputado ecologista lituano Virginijus Sinkevicius como comisario europeo de Medioambiente entonces.
Sin embargo, en el segundo mandato de la alemana, con una Eurocámara menos ecologista y más conservadora y con la democristiana sueca Jessika Roswall como comisaria de Medioambiente, la Comisión ha considerado que la forma en que iba adoptando la legislación final en las distintas negociaciones desnaturalizaba la propuesta.
«Desnaturaliza la proposición de la Comisión, que buscaba simplificar y no añadir complejidad«, dijo este lunes en rueda de prensa la portavoz jefa de la Comisión Europea, Paula Pinho, quien ha subrayado la preocupación del Ejecutivo por la carga administrativa que la normativa pudiera tener sobre «30 millones de microempresas».
Según Pinho, y tal y como han confirmado otras fuentes europeas, la CE había expresado en los grupos de trabajo y negociaciones previas que el texto en su estado actual iba «contra» la agenda de simplificación» de Bruselas, que con el cambio de ciclo político ha desplazado su defensa acérrima de la agenda verde en virtud de las políticas de «competitividad».
La derecha y ultraderecha con el greenwashing
«Los colegisladores lo sabían muy bien (…). No es una sorpresa», ha dicho la portavoz el lunes, después de que el viernes la Comisión hubiera anunciado por sorpresa su intención de retirar la propuesta. Ese anuncio del Ejecutivo ha llegado después de que el Partido Popular Europeo (PPE), la familia política de Von der Leyen y la primera fuerza política en la Eurocámara, pidiera por carta a la CE que retirase la iniciativa, circunstancia que aplaudieron partidos euroescépticos y de ultraderecha, que pidieron lo mismo por carta.
«Corre el riesgo de obstaculizar injustificadamente la comunicación sobre sostenibilidad mediante procedimientos excesivamente complejos, gravosos desde el punto de vista administrativo y costosos», ha indicado el PPE en esa misiva.
Finalmente, al menos hasta ahora, la Comisión no ha retirado la propuesta, pero ha logrado que el dossier pierda el apoyo de Italia después de que Von der Leyen coincidiera este viernes en Roma con la primera ministra del país transalpino, Giorgia Meloni.
A la luz de estos acontecimientos, la negociación de este lunes se ha suspendido, a la espera de que las partes entiendan qué está pasando y dónde se sitúa cada uno tras los repentinos cambios de parecer, han señalado fuentes diplomáticas y parlamentarias. «Necesitamos ver cuál es la posición de los dos colegisladores», dijo Pinho en rueda de prensa.
En cambio, los negociadores socialdemócratas y liberales del Parlamento Europeo, han cargado duramente contra la Comisión, a la que acusaron de someterse a intereses partidistas y haber creado una «situación sin precedentes», «incierta» y «absurda«.
«El mandato del Parlamento Europeo es eximir a las microempresas (…) en el trílogo» que debía celebrarse este lunes (…). Lo mejor es asistir a la reunión y discutirlo, no cancelarla», dijo este lunes en rueda de prensa el eurodiputado liberal italiano Sandro Gozi.
A su lado, el europarlamentario socialdemócrata alemán Tiemo Wölken ha asegurado que «la culpa de esta situación sin precedentes es de la comisaria Roswall y de Von der Leyen» porque «le están haciendo el juego al Partido Popular Europeo, una vez más, junto a la extrema derecha y a favor del greenwashing«.
«Estoy convencido de que en el trílogo habríamos conseguido que las microempresas quedasen fuera de la directiva«, ha declarado el germano, quien agregó que el comportamiento del Ejecutivo «no es serio y no es aceptable».
Los eurodiputados encargados de la negociación elevarán la cuestión a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola. Aún no hay claridad sobre cómo evolucionará el procedimiento, después de que la Presidencia polaca del Consejo de la UE haya «pausado» la negociación para analizar la situación. Parece difícil que la ley pueda negociarse bajo la presidencia de Polonia, que termina el próximo 1 de julio, y cabe pensar que los debates prosigan bajo la presidencia de Dinamarca durante el segundo semestre del año.
En los últimos meses, Bruselas ha flexibilizado los objetivos de CO2 para los coches y furgonetas, ha postergado la entrada en vigor de la normativa contra la deforestación importada y ha limitado el mecanismo que gravará el dióxido de carbono en las fronteras de la UE. EFE / ECOticias.com
