Varias organizaciones ambientales han rechazado de forma unánime la petición que han presentado las eléctricas con el objetivo de prorrogar la vida útil hasta 2030 de la central nuclear de Almaraz. Le han solicitado al Gobierno que el calendario de cierre nuclear progresivo que está acordado se respete.
Existe un calendario pactado en 2019 entre el Gobierno y las empresas eléctricas que establece que el primer reactor de Almaraz debe cerrarse en 2027 y el segundo tiene que cesar sus operaciones al año siguiente, en 2028 y la Ley de movilidad sostenible no puede enmendarse para darle el gusto a las eléctricas.
Explican que la prolongación de la actividad dicha central sentaría un nefasto precedente que permitiría a las demás centrales alargar su vida útil, algo que va en contra de las directivas del plan de transición energética que busca implementar un sistema de generación eléctrica 100% renovable.
El Plan de cierre nuclear debe continuar intacto
Las cinco principales organizaciones ecologistas españolas expresaron su rechazo frontal a cualquier prórroga del plan de cierre de las centrales nucleares españolas y advertimos de que la prolongación de Almaraz hasta 2030 sería el prólogo del alargamiento de vida de todo el parque nuclear.
Solicitan al Gobierno de España que no inicie un nuevo procedimiento de autorización para los reactores de Almaraz, especialmente ante los recientes intentos de algunos partidos por frenar el calendario de cierre, como la enmienda presentada por el PP en el Senado la semana pasada, dentro de la Ley de Movilidad Sostenible, para mantener operativos los reactores de Almaraz, Ascó I y Cofrentes.
Las organizaciones señalan que desde que se alcanzó el acuerdo voluntario de cierre ordenado en 2019, los datos muestran con claridad que la energía nuclear es incapaz de competir con los bajos costes de operación de la eólica y la solar.
Cuando el precio mayorista se desploma en las horas centrales del día debido a la producción renovable, la energía nuclear no puede cubrir ni siquiera los costes de su combustible. Por eso, en 2024, Almaraz I paró 16 días y Cofrentes 26 días por razones puramente económicas, una situación que se agudizó en 2025.
España tiene renovables, no necesita energía nuclear
El sector nuclear necesita condiciones ventajosas al operar de forma constante y con pocos cambios de potencia, lo que provoca que expulse de la red parte de la producción renovable, al no poder reducir con rapidez y seguridad su potencia.
Además, la continuidad de los reactores establece un marco de planificación energética inconsistente que dibuja un horizonte de inseguridad jurídica y un bloqueo renovable que pone en riesgo grave las nuevas inversiones tanto de almacenamiento como de renovables y redes imprescindibles para descarbonizar el sistema.
Durante el reciente apagón, las centrales nucleares no aportaron ni resiliencia ni capacidad para una recuperación temprana, sino todo lo contrario.
La energía nuclear implica costes crecientes y fuertes inversiones para garantizar su continuidad. El alargamiento del funcionamiento más allá de los 40 años supone aceptar un riesgo creciente que exige inversiones millonarias.
La prolongación por 10 años de dos reactores belgas de potencia equiparable a Almaraz costará hasta 2.500 millones de euros. La renovación de Garoña, menos de la mitad de potente que Almaraz, implicaba más de 200 millones de euros.
Las organizaciones denuncian que el oligopolio nuclear lleva meses presionando para evitar pagar por las consecuencias de su negocio, buscando rebajas o la desaparición de tasas destinadas a alimentar un fondo que ya es insuficiente para la gestión durante siglos de los residuos nucleares.
También alertan del legado radiactivo: cada año adicional de operación añade más contenedores con combustible gastado y aumenta el coste de gestionarlos.
Por tanto, denuncian que el incumplimiento del calendario de cierre convertiría en papel mojado el 7º Plan Nacional de Residuos Radiactivos, porque en 2030 habría cuatro reactores de 1.000 MW para desmantelar, lo que supondría un gran esfuerzo industrial y económico, además de ser lo contrario a un cambio ordenado de tecnología de generación.
La continuidad de Almaraz es el prólogo del alargamiento de vida de todo el parque nuclear. Ante esta perspectiva, está aún más claro que no se puede permitir que baje la tasa que en estos momentos pagan las centrales nucleares por la futura gestión de sus residuos, por el contrario, debería incrementarse.
Con respecto a la enmienda nuclear en la Ley de Movilidad Sostenible, las organizaciones denuncian que este tipo de estrategias legislativas son inaceptables, invaden competencias tanto del operador del sistema como del Consejo de Seguridad Nuclear y de los convenios internacionales.
Y sobre todo, no ayudan a mantener la credibilidad de los órganos legislativos a la hora de regular una planificación energética de Estado y a largo plazo.
La energía nuclear es un ‘mal negocio’
Por último, las organizaciones señalan que la energía nuclear representa una tecnología centralizada, costosa y dependiente de la importación de combustibles de países terceros, lo que compromete la soberanía energética y se aleja de un modelo de transición justa que sitúe a la ciudadanía en el centro.
La península ibérica cuenta con un recurso renovable excepcional, tanto por su abundancia y estabilidad, como por su amplia distribución geográfica. Esto convierte al Estado español en un entorno idóneo para desarrollar un sistema energético plenamente basado en fuentes renovables, eliminando cualquier dependencia de la energía nuclear.
Por todas estas razones, las cinco organizaciones ambientales volvemos a exigir al Gobierno central que mantenga el actual plan de cierre de las centrales nucleares, al considerar esta energía demasiado costosa, centralizada y dependiente de la importación de combustibles de países terceros.
Además de generar residuos radiactivos de larga duración y riesgos asociados a su gestión. Todo ello supone un obstáculo para la transición energética y la estabilidad de la red eléctrica.
Por otra parte, mientras ponen en tela de juicio la seguridad de las instalaciones, recuerdan que la generación de residuos radiactivos sigue siendo un grave problema y que para darle dinero a las nucleares hay que sacárselo a las renovables.
Además, destacan que este tipo generación energética es mucho más costosa que la de las energías limpias, por lo que el plan de cierre no se debería revertir ni paralizar de ningún modo, aunque aumenten las presiones de las energéticas y de ciertos partidos políticos. Seguir leyendo en ECOticias.com
