Las organizaciones ecologistas han arremetido con fuerza contra la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres), denunciando una serie de graves defectos tanto estructurales como de concepto en su funcionamiento y en los planes de prolongación de su vida útil.
En concreto, subrayan que la planta ha superado “con creces su tiempo de vida útil” y que se encuentra en una situación de “preocupante inseguridad” tras la declaración pública de fallos en componentes críticos como transformadores o sistemas de refrigeración.
Estas denuncias apuntan no sólo al riesgo técnico, sino también al carácter “irresponsable” de alargar su operación, algo que, a juicio de los colectivos, representa un peligro para la población y el entorno.
No a que Almaraz siga abierta más tiempo
Organizaciones medioambientales cuestionan que la ampliación de la vida útil de la central nuclear de Almaraz, solicitada por sus propietarias Iberdrola, Endesa y Naturgy, vaya a dar estabilidad a la red, en base -argumentan- a lo sucedido tras el apagón de abril, y, además, creen que «pone en riesgo la transición energética».
   |
   |
Esas compañías han remitido al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) una carta en la que piden prorrogar la vida de la instalación extremeña más allá de 2027, según han confirmado fuentes del sector. En este sentido, argumentan que la continuidad de la central «evidentemente pone en riesgo toda la transición energética».
Recuerda que el acuerdo alcanzado en 2019 entre las empresas propietarias de la instalación y el ministerio les pareció «bueno, aunque lento» pero encontraron que era «razonable que (el acuerdo) fuese progresivo». Por eso, dice, «extender el cierre es una locura porque el momento es ahora».
Argumentan que una extensión de la vida útil de Almaraz no servirá tampoco para dar estabilidad al sistema eléctrico y cita, como ejemplo, lo sucedido tras el apagón eléctrico del pasado 28 de abril. «Las nucleares, en cuanto ven problemas, se quitan de en medio y tardan semanas en arrancar por muchos motivos», defienden.
Por su parte, entidades ecologistas mantienen que la normativa es clara en cuanto al proceso de renovación y opina que es «irrelevante si el permiso es para uno o 10 años», pues debe aplicarse «el procedimiento que aporte las máximas garantías y las inversiones de seguridad necesaria», recalcan.
Cuestionan, además, si esto «sirve o no para la estabilidad de la red» y, en este sentido, afirma que «si vemos lo que pasó tras el apagón (de abril), la evidencia es claramente que no«, según esgrimen.
«Primero, las nucleares son las primeras en desconectar ante un evento como el del apagón por protección, básicamente, por si hay un problema mayor de abastecimiento etcétera», explican.
Andaluz defiende además que las nucleares «no son las primeras en ofrecer producción de red al sistema eléctrico» y recuerda que «tardaron muchísimo en estar enganchadas, varios días después (del apagón), y no sirvieron en absoluto para enfrentar esa cuestión del balance eléctrico».
Además, han denunciado la «estafa» que supondría la ampliación de Almaraz en base a la cuestión de que continuar su vida útil sería «el primer paso para hacer saltar el plan de cierre y chantajear a la ciudadanía para que pague por su negocio y sus residuos radiactivos».
Más aún, cuando las empresas propietarias —Iberdrola, Endesa y Naturgy— han manifestado interés en solicitar una prórroga más allá del calendario previamente acordado, los ecologistas ven ese posible paso como un “primer escalón” hacia un incumplimiento del programa de cierre nuclear pactado.
Los ecologistas reclaman que el cierre de Almaraz se ajuste al calendario previsto —las unidades de la central están marcadas para cesar en 2027 y 2028— y que no se antepongan los intereses económicos de las eléctricas a la seguridad y la transición energética hacia fuentes renovables y sostenibles. La prórroga de ‘Almaraz’ dejaría un legado de 126 contenedores con ‘residuos radiactivos’ y otros 13 por cada década de prolongación. EFE / ECOticias.com
