El Ministerio para la Transición Ecológica ultima el real decreto de residuos textiles, una norma que cambiará por completo la gestión de la ropa y el calzado usados en España.
El texto obligará a fabricantes, importadores, vendedores y plataformas digitales a financiar y organizar su recogida y tratamiento.
La medida aplica el principio de “quien contamina, paga” en un sector que genera cerca de 890.000 toneladas de residuos textiles al año en España y refuerza la responsabilidad ampliada del productor.
El real decreto de residuos textiles obligará al sector a asumir el coste ambiental
La norma obligará a productores, importadores y plataformas digitales a financiar la recogida y reciclaje de ropa y calzado.
Sistemas colectivos para financiar recogida y reciclaje
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ultima un real decreto que pretende cambiar la gestión de los residuos textiles en España y obligar a fabricantes, importadores y vendedores -incluidas plataformas digitales- a financiar y organizar su recogida y tratamiento, en aplicación del principio de «quien contamina, paga«.
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Los productores de productos textiles y de calzado deberán integrarse en sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SCRAP), según el texto adelantado hoy por El País y al que ha tenido acceso EFE.
Estos sistemas colectivos se encargarán de organizar y financiar la recogida separada, el transporte, la clasificación, la preparación para su reutilización y el reciclado de los residuos.
Uno de los elementos más novedosos es la inclusión expresa en el sistema de control de los prestadores de servicios logísticos y plataformas en línea, que deberán comprobar que los productores que utilizan sus servicios cumplen con las obligaciones requeridas.
También se creará una sección específica para textiles y calzado en el Registro de productores de Productos, donde las empresas deberán declarar anualmente la cantidad de producto introducido en el mercado.
Uso doméstico frente a uso profesional
La nueva regulación alcanzará a aquellos productos que sean de «uso doméstico» o similares y excluye a aquellos productos textiles y de calzado de uso profesional «que puedan presentar riesgos para la seguridad, la salud, la higiene o plantear problemas de seguridad«.
La norma refuerza además el papel de las entidades de la economía social, las cuales podrán conservar los puntos de recogida que ya tuvieran y recibirán «un trato igual o preferente» en la colocación de otros nuevos.
En el ámbito ambiental se fijan objetivos crecientes de recogida, reutilización y reciclaje con el fin de prevenir la acumulación de residuos.
Objetivos de reducción de residuos para 2030 y 2035
Por ello, el futuro real decreto establece objetivos generales de reducción del peso de los residuos en dos horizontes temporales: 2030 y 2035.
Entre estas medidas -señala el texto- destaca la adopción de planes empresariales de «prevención y ecodiseño» para aquellos productores que superen un determinado umbral de cuota de mercado, aunque no se especifica cuál será este umbral.
También se endurece el control de los traslados internacionales de ropa y calzado usado, con el fin de «combatir el fraude y los traslados ilícitos en particular en aquellos traslados destinados a terceros países fuera de la Unión Europea«.
890.000 toneladas de residuos textiles al año en España
Las obligaciones financieras para los productores serán exigibles desde la entrada en vigor del real decreto, aunque su aplicación efectiva dependerá de la autorización de los sistemas colectivos y la firma de los convenios correspondientes.
Con este movimiento, el Gobierno traspasa al sector textil el coste real de la gestión de sus residuos, dando un paso más hacia la economía circular en una de las industrias más cuestionadas en materia ambiental, que solo en España genera unas 890.000 toneladas de residuos anuales, según cifras de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER). Seguir leyendo en RESIDUOS – RECICLAJE.
