El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha elaborado un proyecto de Real Decreto que regula la gestión de los residuos textiles. Es un texto normativo que ha generado una enorme preocupación entre los agentes del sector.
Humana, entidad de la economía social con casi 40 años de trayectoria, ha elaborado un comunicado de prensa en el que alerta que este borrador: genera incoherencias normativas, está alejado de la realidad operativa del sector y aumenta la incertidumbre jurídica ya existente.
Responsabilidad de los residuos textiles
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha elaborado un proyecto de Real Decreto que regula la gestión de los residuos textiles que genera incoherencias normativas, está alejado de la realidad operativa del sector y aumenta la incertidumbre jurídica ya existente.
Este proyecto, al que se pueden presentar alegaciones hasta el 4 de septiembre, lejos de clarificar el marco normativo, deja más dudas que certezas, introduce figuras confusas y otorga un poder excesivo a los productores, sin garantizar transparencia ni supervisión efectiva de sus decisiones.
La gestión de los textiles usados vive un momento clave. La Ley 7/2022 del 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular incluye dos grandes novedades para este año: la primera es la obligatoriedad de la recogida selectiva del residuo textil en todos los municipios de la UE (en vigor desde el 1 de enero); la segunda, es la creación de la figura de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), que exige a los productores (fabricantes e importadores) asumir la responsabilidad del ciclo de vida completo de sus productos y apoyar la gestión sostenible de los residuos textiles.
Como sucede en el ámbito de los envases o los electrodomésticos, los productores textiles tienen que contribuir al sistema con una cantidad económica por cada prenda que pongan en el mercado, para asumir los gastos de la gestión de la recogida selectiva. En principio, este RAP debería haber estado vigente desde el pasado mes de abril; sin embargo, el MITECO aún debate cómo funcionará el RAP.
En este contexto, el ministerio ha elaborado un proyecto de Real Decreto para la gestión de los residuos textiles, cuyo contenido dibuja las atribuciones del RAP y determina otros aspectos claves para el sector.
Responsabilidad ampliada del productor
Preocupa profundamente la discrecionalidad otorgada al sistema de responsabilidad ampliada del productor (RAP), que pasará a tener poder estratégico sobre un mercado que ya funciona, el proyecto que propone el ministerio adolece de mecanismos de control y transparencia sobre la actuación del RAP, dejando en sus manos decisiones clave como la contratación, los criterios de selección y el destino final del residuo, sin garantías de supervisión pública. El resultado será un modelo desequilibrado, muchísimo más caro, menos eficiente, e incluso alejado de las buenas prácticas ambientales.
Actualmente, la gestión de los residuos textiles es competencia municipal y se lleva a cabo por gestores autorizados conforme a la Ley 7/2022. La propuesta del Real Decreto, sin embargo, debilita esta estructura mediante la introducción de una figura hasta ahora inexistente, la del ‘operador de reutilización’.
Esta nueva figura, que no está prevista legalmente. Carece de definición técnica o control público, y amenaza con socavar el rigor del sistema y facilitar prácticas sin trazabilidad. Solo los gestores deben gestionar los residuos textiles, que solo se deben tratar en plantas de clasificación autorizadas.
Reducción y prevención
El texto resulta poco ambicioso en materia de prevención y reducción de residuos, y no menciona la reutilización global como vía válida para el tratamiento jerárquico de los residuos textiles. Obviar la reutilización internacional, que actualmente es la única opción viable a escala, contradice frontalmente la jerarquía de residuos de la UE, que obliga a priorizar la reutilización por encima del reciclaje y de otros tratamientos.
Asimismo, el proyecto del Real Decreto sobre la gestión de residuos textiles incorpora una definición redundante y tardía de las entidades de la economía social, pese a estar ya recogida en la Ley 5/2011 de Economía Social. Lejos de aportar claridad, que no resuelve ni de lejos los desequilibrios estructurales generados por la Ley 7/2022. Este tipo de intervenciones terminológicas no corrigen el fondo del problema. Las entidades que gestionan residuos, sean del tipo que sean, deben estar sujetas al mismo marco legal, sin privilegios ni atajos.
Se insta al MITECO a revisar a fondo el borrador, reforzando su coherencia legal, su ambición ambiental y su compromiso con la economía circular, evitando crear un sistema que favorezca intereses particulares frente al interés general.
Desde la organización se ha advertido que en el proyecto no se reconoce la reutilización textil global, que es la única vía que permite realizar una gestión eficiente y sostenible y que las consecuencias podrían ser peores a nivel medioambiental. ECOticias.com
