La alimentación infantil saludable es un derecho. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha defendido recientemente a la alimentación infantil saludable como “un derecho por encima de cualquier negocio” o de los “legítimos intereses de una industria”.
En el acto Transformar el consumo para mejorar la vida, organizado por el Ministerio de Consumo en el marco de la Semana de la Administración Abierta 2023, el ministro ha señalado que las políticas públicas “no pueden estar guiadas por cuestiones arbitrarias sino por evidencias científicas”.
Por ello, ha analizado, junto a la tecnóloga de alimentos y dietista-nutricionista Beatriz Robles y a la periodista especializada en nutrición Laura Caorsi, los retos actuales del sistema alimentario. Y luego ha insistido en la necesidad de que el Gobierno “intervenga políticamente” en la vida pública, impulsado por los consensos científicos en lugar de por los “legítimos intereses empresariales y políticos”.
“Nuestra obligación como administración pública es transmitir y traducir el conocimiento científico y convertirlo en norma para mejorar la vida de los ciudadanos”. Esto lo ha señalado el ministro en referencia al Real Decreto que prevé regular la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida al público infantil.
Regular la publicidad para evitar la desinformación
En este sentido, Garzón ha recalcado que las empresas invierten “mucho tiempo y recursos a la publicidad precisamente porque funciona”. De ahí, que considere “fundamental” regularla para proteger a los niños y a las niñas de la “desinformación” y la “manipulación” que conllevan estas técnicas de marketing.
El ministro ha argumentado que el Código PAOS de autorregulación del sector publicitario que se estableció en 2005 “no ha funcionado”. Y que, en consecuencia, “es legítimo ir más allá”. Sobre todo, según ha apostillado, en el caso de la infancia. Porque para ellos (y para todos) es vital llevar una vida saludable.
Además, Garzón ha defendido el concepto One Health como guía para trabajar por políticas públicas que primen la salud de las personas y la del medio ambiente. Para ello, ha pedido “involucrar al mayor número de actores posibles”, desde el sector agroalimentario al publicitario, y “acabar con la idea de que lo que está en una estantería parece caído del cielo”.
“Detrás de cada producto hay un proceso y la ciudadanía tiene derecho a conocer cuál es. Así como cuáles son las consecuencias sobre nuestra salud o sobre el planeta, si los consumimos”, ha esgrimido el ministro. La alimentación infantil saludable es un derecho.
