La ONU refuerza la obligación legal contra el cambio climático con un paso decisivo en la lucha climática al respaldar una resolución que refuerza las obligaciones legales de los países frente al calentamiento global y aumenta la presión política internacional.
La iniciativa, promovida por Vanuatu junto a otros Estados, salió adelante con un amplio apoyo diplomático. El texto reclama recortes rápidos de emisiones, mayor control sobre las petroleras y protección efectiva del derecho ambiental.
La aprobación de nuevos impuestos a la industria fósil y a los multimillonarios es clave para financiar las políticas climáticas.
La ONU refuerza la obligación legal contra el cambio climático con mayoría a favor
La Asamblea General de las Naciones Unidas votó anoche por increíble mayoría a favor de adoptar una resolución histórica, impulsada por Vanuatu y otros 12 países, que impulsará la aplicación del dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el cambio climático y la responsabilidad de los Estados.
La resolución, que se aprobó con 141 votos a favor, 8 en contra y 28 abstenciones, ratifica las conclusiones de la Corte e induce a los Gobiernos a que alineen sus políticas con las obligaciones legales de limitar el calentamiento global a 1,5 °C: les reclama reducir de forma relevante y rápida las emisiones, regularización de las empresas de combustibles fósiles y proteger el derecho a un medio ambiente saludable.
La resolución también solicita al secretario general de la ONU que presente un informe en 2027 sobre cómo se deben cumplir todas las obligaciones incluidas en el dictamen de la Corte, garantizando que se mantenga la presión y el escrutinio sobre los gobiernos para que lleven a cabo sus obligaciones legales.
Declaraciones de miembros de Greenpeace
El director de Greenpeace Australia-Pacífico, Shiva Gounden, declaró: «El mundo ha seguido el ejemplo del Pacífico. Vanuatu y las naciones del Pacífico han vuelto a marcar la agenda climática mundial, convirtiendo las voces de las comunidades más afectadas en acción internacional”.
“Los Gobiernos ya no pueden seguir ignorando sus responsabilidades legales mientras apoyan la expansión de la industria de los combustibles fósiles. Las comunidades del Pacífico hemos luchado por esto porque ya estamos sufriendo las consecuencias de la crisis climática, y lo seguiremos haciendo hasta que se abandonen los combustibles fósiles de forma rápida, justa y con la financiación necesaria. Esta resolución garantiza que se respeten los derechos humanos de las generaciones actuales y futuras, para que puedan llevar una vida digna y sentirse orgullosas del legado justo que les hemos dejado”. Añadió Shiva.
La responsable de política global de Greenpeace Internacional, Rebecca Newsom, opinó lo siguiente: “El tribunal más alto del mundo ha dejado claro que la acción climática es una obligación jurídica irrefutable y el resultado de hoy demuestra que los Gobiernos están cada vez más comprometidos con implantar medidas que reflejen esa realidad”.
“Aprobado por la gran mayoría de los Gobiernos del mundo, esta resolución insta a una transición justa para abandonar los combustibles fósiles menos de un mes después de que una coalición de 57 países se reuniera en Santa Marta (Colombia) para reiterar su compromiso de poner fin a la dependencia del carbón, el petróleo y el gas. Es evidente que el impulso político va en aumento”.
”Los Gobiernos deben ahora traducir esta resolución en planes para acabar de forma equitativa con la explotación, producción y consumo de combustibles fósiles. La transición debe financiarse con impuestos más elevados a las empresas más contaminantes y a los ultrarricos, para que paguen por los daños climáticos que causan, junto con las obligaciones de financiación climática pública internacional de los países del norte global. Debe acabar la era en la que las empresas de combustibles fósiles ganan miles de millones mientras las comunidades se enfrentan a desastres climáticos y al aumento de los precios”.
Y el coordinador de la campaña contra el cambio climático de Greenpeace España, Pedro Zorrilla Miras, afirmó: “La votación de ayer marca un hito histórico. Aunque aplaudimos que el Gobierno de España haya respaldado esta resolución e impulsado avances en políticas climáticas, la velocidad de la transición energética sigue estando muy lejos de lo necesario para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C. Por eso mantenemos abiertos dos litigios contra el Gobierno: España necesita triplicar el ritmo de acción climática, y aquí las Administraciones autonómicas y locales tienen una responsabilidad vital que deben asumir ya”.
El dictamen consultivo se emitió en Julio de 2025
En julio de 2025, la Corte Internacional de Justicia emitió un dictamen consultivo en el que afirmaba que, en virtud del derecho internacional, los Estados tienen la obligación legal de adoptar medidas urgentes y equitativas para proteger el sistema climático.
Mediante la reducción de las emisiones, la cooperación internacional, la exigencia de responsabilidades a las empresas contaminantes y la prevención de los daños climáticos.
Greenpeace confía en que la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas refuerce el peso político y jurídico de la Opinión Consultiva en las negociaciones internacionales, en las políticas nacionales y en los pleitos climáticos, y a su vez aumente la presión sobre los Gobiernos para que adapten sus medidas de acción a su obligación de limitar el calentamiento global a 1,5 °C.
Diversas organizaciones ecologistas consideran que la decisión marca un cambio de rumbo en la política internacional. Representantes del Pacífico recuerdan que sus territorios sufren ya fenómenos extremos, subida del mar y daños económicos ligados a la crisis climática.
El acuerdo también encarga a la ONU elaborar un informe en 2027 para vigilar el cumplimiento de estas medidas. Mientras tanto, grupos ambientales exigen acelerar la transición energética y abandonar progresivamente carbón, petróleo y gas.
