El texto, al que sólo le resta su publicación en el B.O.E, incorpora finalmente dos modificaciones de la Cámara Alta sobre órganos responsables en caso de que intervengan distintas administraciones apoyada por todos los grupos, así como otra sobre la regulación de este procedimiento en la construcción de centros penitenciarios pactada entre PSOE y PP.
La normativa, que parte de un Real Decreto convertido en proyecto de Ley por el Congreso, presente reducir los plazos de la evaluación de impacto ambiental desde los hasta 4 o 5 años que duran en la actualidad algunos procedimientos hasta entre 18 y 24 meses.
Hace algo más de un año, el 12 de febrero de 2012, el Consejo de Ministros dio luz verde a esta modificación y la remitió al Parlamento con el fin de «agilizar los trámites administrativos, estimular la economía, aumentar la transparencia y aclarar la responsabilidad de los órganos administrativos y agentes que participan en el procedimiento».
La normativa, que también incorpora una directiva europea, no tiene en su mayor parte carácter básico porque se refiere al ámbito de la Administración General del Estado y no afectará a los expedientes iniciados con anterioridad a su entrada en vigor.
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