Amigos de la Tierra pide a España que siga a otros países de la UE y prohíba transgénicos

Para la ONG se está produciendo una «avalancha de peticiones» de prohibición de cultivos transgénicos «a lo largo y ancho» de toda Europa y celebra que «nunca ha habido una señal tan evidente» de que los cultivos y alimentos transgénicos y las empresas que los comercializan «no son bienvenidos».

La organización Amigos de la Tierra ha expresado su satisfacción por los «pasos oportunos» de numerosos países para no cultivar transgénicos en su territorio.

En concreto, Alemania, Austria, Chipre, Croacia, Francia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Países Bajos y Polonia han solicitado a la Comisión Europea (CE) la prohibición de varios cultivos modificados genéticamente ya aprobados y regiones como Valonia (Bélgica) e Irlanda del Norte, Gales y Escocia (Reino Unido) también lo han hecho. Se espera que Italia, Bélgica y Dinamarca sigan el mismo camino antes de que este sábado 3 de octubre concluya el plazo para pedir la restricción de estos cultivos ante la Comisión.

Para la ONG se está produciendo una «avalancha de peticiones» de prohibición de cultivos transgénicos «a lo largo y ancho» de toda Europa y celebra que «nunca ha habido una señal tan evidente» de que los cultivos y alimentos transgénicos y las empresas que los comercializan «no son bienvenidos».

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Por ello, la directora de Amigos de la Tierra en España, Liliane Spendeler, considera que el Gobierno de España «no puede desoír la voluntad de toda Europa», siendo además el país de la Unión Europea que más OMG siembra cada año.

De este modo, reclama al Ejecutivo que siga los pasos del resto de Europa y prohíba los cultivos transgénicos para proteger la agricultura ecológica y avanzar hacia otro modelo agrario.

Finalmente, teme la Comisión Europea agilice ahora la tramitación de autorizaciones de nuevos transgénicos pendientes y que si no reacciona el Gobierno de España y sus comunidades autónomas terminarán cultivando transgénicos en este territorio. Por ello, insta a los partidos políticos a comprometerse a prohibir toda autorización nueva en sus programas electorales.

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