El grupo ecologista GEN-GOB ha enviado un escrito a la Consejería de Agricultura para pedir la retirada del anteproyecto de ‘Ley Agraria de Baleares’, que actualmente se encuentra en trámite de audiencia y exposición pública.
Según consideran, el Gobierno de las Islas Baleares «pretende dar el tiro de gracia al campesinado«, convirtiéndola en objetivo de fondos de inversión y empresas turísticas para que pase a formar parte de «la sobredimensionada oferta turística de estas islas«, haciendo crecer la problemática de la dependencia del sector turístico y «considerando el campesinado como una actividad residual«.
Los ecologistas creen que con lo que se llama ley agraria, se dicte la sentencia de muerte del campesinado en las Islas, en vez de tratarse de una norma que «defienda el sector y su incalculable aportación a la tierra en todos los sentidos«.
Para ellos, la norma ahora en tramitación «no se limita a dar la estocada de gracia al campesinado«, convirtiéndola en el nuevo objetivo de la especulación turística, «también condena los espacios naturales protegidos y pone en riesgo bienes y personas siempre al servicio de la especulación». «Se da valor a los intereses por encima de las vidas humanas«, lamentan.
Los productores ecológicos reprochan falta de estrategia de futuro a la nueva Ley Agraria
Paralelamente las asociaciones de productores ecológicos Apaema, Apaem y Apaef, que agrupan a cerca de 500 operadores, han lamentado este viernes que la Ley Agraria que impulsa el Govern no plantea una estrategia de futuro para el sector.
En un comunicado, las entidades critican que con la futura normativa la producción ecológica perderá su carácter estratégico pese a contar con tres veces más profesionales que la agricultura convencional.
Las tres asociaciones han subrayado que la propuesta no afronta el principal problema del campo balear: la continua ocupación del suelo rústico por actividades ajenas a la agricultura. Advierten, además, que algunas medidas podrían agravar la situación al eliminar figuras de protección y permitir nuevas construcciones que ponen en riesgo el territorio.
Defienden que la ley debería blindar el suelo agrario, frenar las edificaciones e infraestructuras no vinculadas a la actividad productiva y establecer mecanismos de compensación para que cada metro cuadrado de tierra perdido se recupere en otro espacio cultivable.
Las asociaciones también han criticado que el texto no concreta medidas efectivas para afrontar la falta de relevo generacional, la profesionalización ni el acceso a la tierra, pese a reconocer esos problemas.
Por último, han reclamado que el 50 % del impuesto de turismo sostenible (ITS) se destine a la agricultura como preservadora del territorio, han lamentado que la ley ignore estrategias de adaptación al cambio climático y han pedido tener presencia formal en las mesas de representación y negociación de políticas públicas de la Conselleria. EFE
