El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado el trámite de consulta pública previa del proyecto de ley de agricultura familiar, al objeto de recabar la opinión sobre la misma de cualquier persona, entidad u organización antes de redactar el texto normativo.
Según el gobierno, este es un compromiso de legislatura adquirido desde la investidura del presidente Sánchez, y forma parte de las prioridades de su departamento, junto a la Estrategia Nacional de Alimentación presentada recientemente.
Prometen que será una norma fundamental para el futuro del sector agroalimentario y para determinar las prioridades de las políticas agrarias y el tipo de explotaciones al que preferentemente deben ir dirigidas las ayudas nacionales y de la PAC.
La agricultura familiar en el punto de mira de la ley
Las organizaciones ecologistas Greenpeace, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, WWF España y SEO/Birdlife han remitido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sus propuestas para la futura Ley de Agricultura Familiar, que ha sido promesa del actual gobierno. Tras más de un año de espera, y medio año de retraso tras el anuncio de la apertura de la consulta pública, el Ministerio comunicó el pasado 3 de marzo el comienzo de la misma.
Las organizaciones reclaman actuar con urgencia ante el declive desmesurado de las explotaciones agrarias, en especial las de pequeña escala, promover el fomento y apoyo hacia una transición agroecológica justa ante la crisis climática y de biodiversidad, y que el sector agrario sea parte y solución.
En los últimos tres años han desaparecido más del 12 % de las explotaciones agrarias, llevándose la peor parte las de pequeña escala, las cuales se han reducido un 36 % desde 2007. Así mismo, la pérdida de biodiversidad, la escasez del agua y el cambio climático están afectando de manera más intensa a la agricultura familiar y social.
Según el último informe del IPCC, Europa va a sufrir pérdidas en la producción de cultivos, debido a la combinación de calor y sequía, y a las condiciones meteorológicas extremas. Ante este escenario, las organizaciones ecologistas consideran urgente un apoyo a través de esta ley a la transición agroecológica justa en el sector, para adaptarse y mitigar la crisis climática con medidas más eficaces como son la producción ecológica y la implementación de prácticas agroecológicas.
La agricultura familiar es un concepto ambiguo y aun sin definir. Pero, como recalcan las organizaciones ecologistas, resulta fundamental el reconocimiento en esta ley de la figura de los y las agricultoras sociales, así como familiares, imprescindibles para un nuevo modelo productivo más sostenible y humano, vinculado al territorio, que preserva saberes populares y la biodiversidad, y resulta estratégica para el desarrollo rural sostenible y la lucha contra la despoblación.
“Es fundamental que esta ley sirva para definir y priorizar una agricultura que se está viendo expulsada por la industrialización, verticalización e intensificación del sector, y su apoyo hacia un modelo agroecológico. Además, tiene que ser una herramienta para limitar la actividad de grandes corporaciones y fondos de inversión y su acceso a fondos públicos como la PAC. Instamos al Gobierno a que ponga en marcha todos los mecanismos necesarios para que la ley sea una realidad en el plazo máximo de un año y medio”, remarcan las organizaciones.
El Proyecto de la Ley de Agricultura Familiar debe mejorarse
Las organizaciones ecologistas proponen varios elementos clave que deben formar parte de la norma para garantizar el futuro justo y sostenible en la agricultura en el Estado español:
- Apoyo a la pequeña agricultura y ganadería vinculadas al territorio para su transición hacia un modelo agroecológico, y creación de un fondo para la transición agroecológica que apoye a la agricultura familiar y social.
- Soporte a quienes ya producen en ecológico y que, aun generando beneficios sociales y ecosistémicos, no cuentan con suficiente respaldo para desarrollar su actividad de manera estable y rentable.
- Freno a la expansión de las grandes corporaciones y a la especulación de fondos de inversión, mediante políticas que limiten la concentración y el acaparamiento de tierras y aguas, así como de fondos públicos, evitando la especulación y la expulsión de pequeños productores.
- Creación de un banco público de tierras y aguas.
- Fin a los incentivos que siguen promoviendo la agricultura y ganadería industrial, con ampliaciones y nuevas plantas industriales ganaderas. Así como las inversiones en regadío (transformaciones y modernizaciones) que ponen en riesgo los objetivos de la Directiva Marco del Agua y otras políticas ambientales. Por contra, se prestará especial atención a aquellos modelos de agricultura y ganadería familiar que conforman sistemas agrarios de alto valor natural (SAVN) o que se ubican en zonas Natura 2000.
- Impulso al relevo generacional, con especial hincapié en la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, facilitando su acceso a la tierra, al conocimiento, a los recursos necesarios para su actividad y promoviendo modelos productivos basados en la agroecología.
- Refuerzo a la igualdad de género y al papel de las mujeres productoras, independientemente de su edad y estado civil, facilitando el acceso a la tierra, y promoviendo y apoyando los procesos locales de dinamización agraria desde una perspectiva de género y agroecológica.
- Creación de una mesa estatal de la agricultura y ganadería familiar, para el diseño, seguimiento y evaluación de la ley, entre personas expertas, Administraciones, organizaciones agrarias, ONG y otras entidades de la sociedad civil.
