La cambio climático afecta a todo el mundo, pero de manera desigual. El 1 % más rico del planeta (cerca de 63 millones de personas) es responsable de más del doble de las emisiones de carbono que las que producen los 3.100 millones de personas que conforman la mitad más pobre de la humanidad.
Sin embargo, las sequías, las inundaciones, los incendios y las tormentas afectan antes y en mayor medida a las comunidades más pobres y excluidas, provocando temporadas de cultivo impredecibles y malogrando cosechas y, con ello, induciendo un drástico aumento de los precios de los alimentos.
Los habitantes de los países de rentas bajas y medias tienen cinco veces más posibilidades de verse obligados a desplazarse debido a desastres provocados por fenómenos meteorológicos extremos y repentinos que quienes viven en países de renta alta.
En todas las sociedades, los efectos del cambio climático afectan de forma desigual a mujeres y hombres. Las mujeres y las niñas en muchos puntos del mundo se ven obligadas a caminar distancias más largas para recoger agua y combustible, y normalmente son las últimas en comer. Y los mayores lo tiene aun peor.
El cambio climático afecta a los más vulnerables
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha presentado en la Universidad de Barcelona el estudio ‘Vulnerabilidad Social ante el Cambio Climático’. El estudio refleja los riesgos asociados al cambio climático sobre los grupos más vulnerables de la sociedad como son las personas mayores y con discapacidad. El informe analiza los diferentes riesgos que configuran la vulnerabilidad social ante el cambio climático y concluye que las mujeres mayores son el grupo más afectado con respecto a la mortalidad asociada a altas temperaturas.
Bustinduy ha subrayado que «más del 90% de las defunciones por calor correspondió a mayores de 65 años». El ministro de Derechos Sociales ponía de relevancia que la clave es la desigualdad social, ya que la vulnerabilidad ante el cambio climático no afecta de manera homogénea a la sociedad, si no que hay diferentes factores que aumentan el riesgo, como son la renta, la pobreza energética o la precariedad en la vivienda. «Ninguna sociedad democrática puede permitirse que los grupos más vulnerables paguen injustamente los efectos de esta crisis climática».
«Los efectos de la crisis climática son ya indiscutibles», apuntaba el ministro en referencia a la catástrofe de la DANA y la respuesta desplegada para paliar sus efectos. Bustinduy ha puesto en el centro la crisis climática como uno de los elementos más disruptivos que van a afectar a nuestra sociedad en los próximos años y que para evitar los efectos de los futuros desastres «debemos construir un estado de bienestar que se adapte, con flexibilidad y eficacia, a la aparición de desastres abruptos.
El estado de bienestar es una herramienta básica de mitigación
Un estado de bienestar, para el siglo XXI». Para ello, el Ministerio de Derechos Sociales, ha indicado, trabaja en medidas como la accesibilidad del teléfono de emergencias 112 para garantizar que cualquier persona puede pedir ayuda cuando la necesite o el desarrollo de un protocolo de gestión del voluntariado en desastres.
Por otra parte, el estudio indica que 3 millones de personas mayores muestran algún tipo de discapacidad que dificulta su adaptación ante episodios extremos. Además, hay un aumento de personas mayores que viven en condiciones precarias en núcleos urbanos, lo cual aumenta el riesgo frente a los impactos del cambio climático.
«En España el 1% más rico contamina tanto como la cuarta parte del país en conjunto, en torno a 12 millones de ciudadanos», afirmaba Bustinduy, que ha exigido que «quienes más tienen deben aportar más», ya que «no podemos permitir que algunos pretendan que excesos los paguen las mayorías trabajadoras«. Y ha concluido que nuestro «sistema impositivo debe gravar aquellas actividades altamente contaminantes que solo unos pocos se pueden permitir, pero que pagamos entre todos y todas».
Finalmente, Bustinduy ha anunciado que en las próximas semanas va a llevar al Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible. «Porque cualquier ciudadano o ciudadana, independientemente de su condición económica o social, debe poder consumir de forma justa y medioambientalmente responsable, sin que las empresas se aprovechen de su condición de vulnerabilidad» ha afirmado.
Así, esta ley incluye medidas como lucha contra el Greenwashing o ecopostureo que prohibirá que las empresas realicen afirmaciones genéricas y no comprobables sobre la sostenibilidad de sus productos o en su etiquetado. Además contará con medidas contra la obsolescencia programada o el fomento de la promoción de elecciones de compra más sostenibles. ECOticias.com
