La transición ecológica justa se ha convertido en un imperativo para enfrentar la crisis climática sin dejar a nadie atrás. Los fenómenos extremos —como las olas de calor, las sequías o las inundaciones— no afectan por igual a toda la población.
Diversos estudios demuestran que las personas más vulnerables son quienes sufren de manera desproporcionada las consecuencias ambientales y sociales de estos eventos. Trabajos como el que se acaba de conocer llevado a cabo desde la Universidad de León.
No hay igualdad ni para sufrir los estragos del cambio climático
El cambio climático no afecta a todos por igual, según advierte un reciente estudio realizado por Ana Castro Franco, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de León (ULe), que analiza cómo la transición hacia una economía verde puede agravar las desigualdades sociales si no se implementa con criterios de justicia social, equidad de género y protección de los colectivos más vulnerables.
El trabajo, publicado en el número extraordinario de julio de la revista ‘Justicia & Trabajo’, ha sido realizado bajo la coordinación de las catedráticas Susana Rodríguez Escanciano y Henar Álvarez Cuesta, y se enmarca en el proyecto de investigación ‘Hacia una transición ecológica justa: los empleos verdes como estrategia frente a la despoblación’, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
El estudio subraya que fenómenos como las olas de calor, las sequías o las inundaciones tienen efectos desproporcionados sobre mujeres, migrantes climáticos, menores, personas mayores, con discapacidad, desempleadas o en situación de exclusión social.
Empleo verde no es sinónimo de empleo decente
«La transición verde no genera automáticamente trabajo decente», advierte Castro. Aunque los empleos verdes pueden ser una oportunidad para avanzar hacia una economía sostenible, también pueden reproducir desigualdades si no se garantiza la calidad del empleo, la formación adecuada y la protección social. El estudio distingue entre empleos verdes y decentes, y aquellos que, pese a su contribución ambiental, se desarrollan en condiciones precarias, como ocurre en sectores como la agricultura o la instalación de energías renovables.
Uno de los aspectos más innovadores del trabajo es su enfoque interseccional. La autora analiza cómo la crisis climática afecta de forma diferenciada a distintos grupos sociales, y propone medidas específicas para cada uno. En el caso de las mujeres, por ejemplo, destaca la necesidad de incorporar la perspectiva de género en las políticas climáticas, fomentar su acceso a la formación en disciplinas STEM y reconocer el valor del trabajo de cuidados, históricamente invisibilizado.
Las migraciones climáticas
El estudio también aborda el fenómeno de las migraciones climáticas, que ya están afectando a regiones como el delta del Ebro, Murcia o Canarias. «Las personas que menos han contribuido al cambio climático son las que más sufren sus consecuencias», señala Castro, quien reclama un marco legal que reconozca los derechos de quienes se ven forzados a desplazarse por causas ambientales.
En el ámbito laboral, el informe propone revisar el concepto de «trabajadores especialmente sensibles» para incluir a quienes, por razones de edad, salud o condiciones sociales, están más expuestos a los riesgos derivados del cambio climático. También alerta sobre los riesgos emergentes asociados a los empleos verdes, como la exposición a nuevas sustancias químicas, la subcontratación del riesgo o la ecoansiedad.
En el caso de España, el estudio valora medidas como los convenios de transición justa, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático o la reciente normativa que obliga a interrumpir el trabajo al aire libre durante episodios de calor extremo. No obstante, reclama una actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que incorpore la sostenibilidad, la diversidad y los desafíos de la digitalización.
«La transición ecológica debe ser también una transición social», concluye la autora. Para ello, propone reforzar el diálogo social, garantizar la participación de los colectivos afectados en la toma de decisiones y diseñar políticas públicas que no dejen a nadie atrás.
Como apunta este estudio, una transición ecológica será justa únicamente si reconoce estas desigualdades y las integra en las políticas públicas. Esto implica invertir en protección social verde, garantizar acceso universal a energía limpia, y fomentar empleos sostenibles que incluyan a los sectores más desfavorecidos. También exige incorporar la perspectiva de género, edad, discapacidad y diversidad cultural en la planificación climática. EFE / ECOticias.com
