La cita de la capital catalana, que contará con la participación de unos 4.000 representantes de unos 180 países, será la última antes de la Cumbre del mes de diciembre, auspiciada por la ONU, que se celebrará en Copenhague (Dinamarca), y que debería servir para alcanzar un compromiso que sustituya al protocolo de Kyoto.
La Unión Europea (UE) es la región que acude con un mayor nivel de compromiso previo, si bien las posiciones no están del todo fijadas y los principales escollos por salvar se centran en saber cómo se pagará la factura a los países en vías de desarrollo para que contaminen menos, con el riesgo de que eso ralentice su crecimiento económico.
Aún así, la UE ya se ha comprometido públicamente a lograr para el año 2020 la reducción del 20% por ciento de sus emisiones de CO2 tomando como referencia el año 1990, que las energías limpias representen en los países comunitarios un 20% del total, y a ahorrar otro 20% en el consumo energético. El compromiso, conocido como 20-20-20 para el 2020, podría aumentarse en caso de encontrar reciprocidad en otros países hasta reducir un 30 por ciento las emisiones.
Precisamente, los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete pactaron esta semana la posición común que la UE defenderá en Copenhague, en un principio de acuerdo que no concretó la ayuda financiera que dará a los países pobres, y que se limitó a señalar que se pagará una «cuota equitativa» de la factura de 100.000 millones de euros que se calcula que costará hasta 2020 la compensación a los países en vías de desarrollo.
Los países del este, de más reciente incorporación a la UE, se resisten a tener que contribuir a estas ayudas, por su bajo nivel de renta y el impacto de la crisis económica, y ya han conseguido un acuerdo para no pagar nada entre 2010 y 2012 y, a partir de entonces, contribuir en función de «la capacidad de pago» de los países menos prósperos.
Este acuerdo salva la posición de liderazgo de la UE ante el reto que supone renovar el protocolo de Kyoto, si bien habrá que ver qué posición adoptan el resto de países, con especial atención al Gobierno de Barack Obama en Estados Unidos y a las economías emergentes de China, India, Brasil y Sudáfrica, entre otros.
