Las políticas de bajas emisiones podrían tener derivadas poco deseables

Sin embargo, también sugiere que este menú de políticas de descarbonización, desde las cuotas hasta las tarifas de alimentación, puede diseñarse y equilibrarse para beneficiar a las empresas locales y a las familias de menores ingresos.

Algunas de las opciones de políticas de bajas emisiones de carbono que utilizan actualmente los gobiernos pueden ser perjudiciales para los hogares y las pequeñas empresas menos capaces de gestionar los costos adicionales a corto plazo de los aumentos de precios de la energía, según un nuevo estudio publicado en la revista ‘Nature Climate Change’.

Los investigadores de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, analizaron miles de estudios para crear el análisis más completo hasta la fecha de los tipos de políticas de bajas emisiones de carbono más utilizados y compararon su desempeño en áreas como los costos y la competitividad. Los investigadores también vertieron todos sus datos en una herramienta interactiva en línea que permite a los usuarios explorar la evidencia en torno a las políticas de reducción de carbono de todo el mundo.

«La prevención del cambio climático no puede ser el único objetivo de las políticas de descarbonización –advierte la autora principal del estudio, la doctora Cristina Peñasco, experta en políticas públicas de la Universidad de Cambridge–. A menos que las políticas de bajas emisiones de carbono sean justas, asequibles y económicamente competitivas, tendrán dificultades para asegurar el apoyo público, y más retrasos en la descarbonización podrían ser desastrosos para el planeta».

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Peñasco es autora de la reseña junto con la profesora Laura Díaz Anadon, directora del Centro para la Gobernanza del Medio Ambiente, la Energía y los Recursos Naturales (C-EENRG) de Cambridge, y la profesora Elena Verdolini, del Instituto Europeo de Economía y Medio Ambiente (EIEE) de RFF-CMCC y del Centro Euromediterráneo sobre el Cambio Climático y la Universidad de Brescia. Anadon y Verdolini dirigen el paquete de trabajo del proyecto de la UE INNOPATHS que financió el trabajo.

Alrededor de 7.000 estudios publicados se redujeron a más de 700 hallazgos individuales. Estos resultados se codificaron para permitir la comparación, con más de la mitad de los estudios analizados «a ciegas» por diferentes investigadores para evitar sesgos.

Los diez «instrumentos» de política cubiertos en el estudio incluyen formas de inversión –financiación de I + D dirigida, por ejemplo– así como incentivos financieros que incluyen diferentes tipos de subsidios, impuestos y la subasta de contratos de energía. Las políticas también incluyen intervenciones de mercado, por ejemplo, permisos de emisiones; certificados negociables de energía limpia o ahorrada, y estándares de eficiencia, como los de los edificios.

Los investigadores analizaron si cada tipo de política tenía un efecto positivo o negativo en diversas áreas ambientales, industriales y socioeconómicas. En lo que respecta a las «consecuencias distributivas» (la equidad con la que se distribuyen los costos y beneficios), la gran cantidad de pruebas sugiere que el impacto de cinco de los diez tipos de políticas es mucho más negativo que positivo.

«Las pequeñas empresas y los hogares promedio tienen menos capacidad para absorber los aumentos en los costos de la energía –recuerda la coautora Laura Díaz Anadon, profesora de Política de Cambio Climático–. Algunas de las políticas regulatorias y de inversión dificultaron la participación de las pequeñas y medianas empresas en nuevas oportunidades o adaptarse a los cambios».

«Si las políticas no están bien diseñadas y los hogares y las empresas vulnerables las experimentan negativamente, podría aumentar la resistencia del público al cambio, un obstáculo importante para alcanzar el carbono neto cero», añade Anadon. Por ejemplo, las tarifas de alimentación pagan a los productores de electricidad renovable por encima de las tarifas del mercado. Pero estos costos pueden hacer subir los precios de la energía para todos si se traspasan a los hogares, dejando a los menos favorecidos gastando una mayor parte de sus ingresos en energía.

La electricidad renovable comercializada como ‘certificados verdes’ puede redistribuir la riqueza de los consumidores a las empresas de energía; el 83% de la evidencia disponible sugiere que tiene un «impacto negativo», junto con el 63% de la evidencia de los impuestos a la energía, que pueden afectar de manera desproporcionada a las zonas rurales.

Sin embargo, la gran cantidad de datos recopilados por los investigadores revela cuántas de estas políticas pueden diseñarse y alinearse para complementarse entre sí, impulsar la innovación y allanar el camino para una transición más justa hacia el carbono cero.

Por ejemplo, adaptar las tarifas de alimentación (FiT) para que sean «predecibles pero ajustables» puede beneficiar a proyectos de energía limpia más pequeños y dispersos, mejorando la competitividad del mercado y ayudando a mitigar el NIMBYism local (‘Not In My Backyard’, un coloquialismo para los residentes locales que se oponen a un desarrollo en su área).

Además, los ingresos de los impuestos ambientales podrían destinarse a beneficios sociales o créditos fiscales, por ejemplo, la reducción del impuesto de sociedades para las pequeñas empresas y la reducción de los impuestos sobre la renta, proporcionando lo que los investigadores llaman un «doble dividendo»: estimular las economías y reducir las emisiones. Los investigadores sostienen que la creación de un «equilibrio» de políticas bien diseñadas y complementarias puede beneficiar a diferentes productores de energía renovable y tecnologías «limpias» en varias etapas.

La financiación gubernamental para la investigación y el desarrollo (I + D) destinada a las pequeñas empresas puede ayudar a atraer otras corrientes de financiación, impulsando tanto la ecoinnovación como la competitividad. Cuando se combina con créditos fiscales para I + D, apoya predominantemente la innovación en nuevas empresas en lugar de corporaciones.

La contratación pública, mediante contratos escalonados y licitaciones, también puede mejorar la innovación y el acceso al mercado para las empresas más pequeñas en áreas «económicamente estresadas». Esto podría ayudar a «nivelar» entre las regiones más ricas y las más pobres como parte de cualquier recuperación ecológica.

«No existe una solución única para todos –advierte Peñasco–. Los formuladores de políticas deben implementar incentivos para la innovación, como la financiación de I + D dirigida, al mismo tiempo que adaptan las tarifas y las cuotas para beneficiar a quienes se distribuyen entre los ingresos». «Necesitamos impulsar el desarrollo de tecnología verde al mismo tiempo que logramos la aceptación pública de la transición energética que debe comenzar ahora para evitar un calentamiento global catastrófico», añade.

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