No obstante, «antes de tener claro que se introduce en ese tratado internacional necesitamos una normalidad institucional, es decir, un conjunto de decisiones bien armadas», añadió.
Para Ribera, aceptar un posible retraso hasta la cumbre del año que viene en Sudáfrica no tiene por qué tener consecuencias negativas en las negociaciones internacionales.
De hecho, aseguró que «la mejor manera para presionar» a los países que no están avanzando al ritmo esperado es «la actuación concreta».
«Es importante que se ponga en marcha todo lo que se ha comprometido», explicó y consideró que «si la UE sigue en esa dirección es más difícil que los demás se queden rezagados».
En su opinión, la UE debe hace realidad antes de verano su compromiso de entregar 7.200 millones de euros a países en desarrollo entre 2010 y 2012 para ayudarles a combatir el calentamiento global.
Este compromiso «no está condicionado al cumplimiento de nada» y además actúa como «facilitador» de la actuación de otros países.
Según Ribera, España está preparada para entregar los 375 millones de euros que ofreció el pasado diciembre para este trienio y como Presidencia de la UE trabaja para que los demás estados miembros también lo estén.
La Comisión Europea presentó hoy en Estrasburgo (Francia) su nueva estrategia de lucha contra el cambio climático, tres meses después del fracaso de la cumbre de Copenhague, y afirmó que el futuro acuerdo internacional debe basarse en el Protocolo de Kioto (firmado en 1997 y que expira en 2012) y corregir sus puntos débiles.
La presidencia española coincide con Bruselas en que el punto de partida debe ser Kioto, aunque esta idea sea rechazada por países como Estados Unidos y China.
«En estos momentos los retrasos en la acción de otros no deben suponer un retraso en nuestra actuación», indicó Ribera.
La secretaria de Estado subrayó que el Protocolo de Kioto cubre sólo el 30% de las emisiones globales y debería ser ampliado hasta que incluyese al menos el 80 por ciento.
Asimismo, reconoció que hay que replantear ciertas cuestiones como la posibilidad de transferir derechos de emisión no utilizados entre 2008 y 2012 al siguiente periodo de actuación, ya que arrastrar ese volumen «haría prácticamente nulo cualquier esfuerzo de reducción de otras zonas».
La presidencia española también coincidió con la comisaria europea de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, en que a pesar del fracaso de Copenhague no es el momento de introducir un impuesto al CO2 como medida para evitar el «dumping medioambiental».
«Nosotros no lo estamos impulsando», confirmó y añadió que aunque no se descarta recurrir a esta medida «si las cosas se pusieran mal», no se trata de una cuestión prioritaria de momento. EFE
